Curatela. Nuevo protagonismo.

El Tribunal Supremo declara la modificación judicial de la capacidad y establece una curatela como medida de apoyo a una persona con un gran patrimonio vulnerable a los abusos económicos de terceros.

De un tiempo a esta parte, y en base a la influencia de los dispuesto en la normativa, esencia y fundamentación a los principios inspiradores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; será esta institución a que, se deberá articular, respecto del el sistema de apoyo y asistencia jurídica de todas aquellas persona con discapacidad.

Por ello, hemos traído, en otras ocasiones aspectos oportunos de esta importante institución, de manera mas o mes directa o específica.

Capacidad para otorgar testamento y Capacidad de obrar limitada. ¿Validez de testamento?.

“Capacidad de obrar”.

Incapacidad, situación constante, permanente o exporádica y su limitación ¿Cuál posee mayor peso a la hora de determinarla?.

Curatela. Determinación de la capacidad jurídica. La “reformatio in peius” y la incongruencia extra petita en los procesos sobre incapacitación.

Incapacidad, situación constante, permanente o exporádica y su limitación ¿Cuál posee mayor peso a la hora de determinarla?

Procedimiento de Incapacitación. Adaptación a la necesidad de protección de la persona.

Capacidad de obrar y competencia territorial, en el ámbito de la discapacidad.

En las dos instancias, en un concreto procedimiento de modificación judicial de la capacidad, por la que, dos hermanas, solicitan la incapacidad “parcial” de su madre, por medio del establecimiento de la figura de la tutela, con ejercicio mancomunado por ambas; se ha considerado necesaria la constitución de una curatela, si bien se ha valorado de manera diferente el ámbito en que es precisa la intervención de la curadora. Interponen recurso por infracción procesal y recurso de casación las demandantes.

Dos aspectos verdaderamente importantes debemos destacar de la fundamentación dispuesta en esta resolución de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La primera de ellas, respecto del procedimiento, y la esencia del mismo en este tipo de causas.

El juicio de incapacidad no puede concebirse como un conflicto de intereses privados y contrapuestos entre dos partes litigantes, que es lo que, generalmente, caracteriza a los procesos civiles, sino como el cauce adecuado para lograr la finalidad perseguida, que es la real y efectiva protección de la persona con discapacidad mediante el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Se trata, como declara el artículo 1 de la Convención, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

En el sistema legal, está llamada a cumplir esta función la curatela, concebida como un sistema mediante el cual se presta asistencia, como un complemento de capacidad, sin sustituir a la persona con discapacidad

La segunda de los aspectos especiales de éste tipo de procedimientos.

La regulación de la prueba en los procedimientos de modificación de la capacidad está sujeta a unas reglas especiales, recogidas en los capítulos primero y segundo, del Título Primero, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que necesariamente deben interpretarse a la luz de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La valoración de todas las pruebas previstas legalmente debe dirigirse a conocer muy bien la situación de la concreta persona.

Recurso de Apelación.-

Por su parte a madre, interpuso recurso de apelación por el que solicitó;

De manera principal, que se dejara sin efecto la incapacitación y se le reintegrara a en su capacidad.

De manera subsidiaria solicitó que, de confirmarse la incapacidad parcial y mantenerse la curatela, se modificara la misma en el sentido,

Respetar el importe sus de gastos ordinarios, tal como se habían devengado en los últimos años, y que

Se dispusiera que se le facilite una cantidad determina mensual para gastos de bolsillo.

Nombramiento de un defensor judicial estable, para los casos en que existiera conflicto de intereses entre la misma y su curadora.

La Audiencia Provincial, mediante sentencia y posterior auto de aclaración;

Estimó parcialmente el recurso interpuesto por la misma.

Determinó haber lugar a la restricción de la capacidad de obrar de la recurrente, para realizar actos de liberalidad y de generosidad, que excedan de la normalidad que requiera la intervención y la asistencia de la curadora.

Limitó la intervención de la curadora a los actos de liberalidad y de generosidad “que excedan de la normalidad” y “a las decisiones relativas a los cuidados personales y médicos derivados de sus enfermedades”.

Recurso extraordinario por infracción procesal y Recurso de Casación.-

POr su parte, y ante la resolución anteriormente reseñada, interponen recurso extraordinario por infracción procesal (fundado en dos motivos) y recurso de casación (fundado en tres motivos).

Solicitan la nulidad de la sentencia recurrida y la confirmación de la sentencia del juzgado.

El primer motivo denuncia, error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba en relación con las enfermedades que padece la madre de ambas y sus efectos.

En su desarrollo argumental, las recurrentes alegan que la sentencia recurrida incurre en error patente en la valoración de las pruebas practicadas, en concreto de la prueba pericial, por ausencia de valoración de todos los informes periciales obrantes en autos, lo que conlleva que se dicte una resolución arbitraria e ilógica que ha dado lugar a indefensión.

La Sala estima dicho recurso en base a los siguientes Fundamentos:

i) La prueba en los procedimientos de modificación de la capacidad.

La regulación de la prueba en los procedimientos de modificación de la capacidad está sujeta a unas reglas especiales, recogidas en los capítulos primero y segundo, del Título Primero, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que necesariamente deben interpretarse a la luz de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El juicio de incapacidad no puede concebirse como un conflicto de intereses privados y contrapuestos entre dos partes litigantes, que es lo que, generalmente, caracteriza a los procesos civiles, sino como el cauce adecuado para lograr la finalidad perseguida, que es la real y efectiva protección de la persona con discapacidad mediante el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica

La valoración de todas las pruebas previstas legalmente debe dirigirse a conocer muy bien la situación de la concreta persona.

  • cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse
  • en qué medida puede cuidarse por sí misma o necesita alguna ayuda;
  • si puede actuar por sí misma o si precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas,
  • hasta qué punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales,
  • precisa de un complemento o de una representación, para todas o para determinados actuaciones.

En definitiva, la prueba obrante en autos es determinante como parámetro que debe tenerse en cuenta para adoptar los pronunciamientos sobre las medidas precisas.

Examinadas todas las pruebas que constan en las actuaciones, esta sala concluye, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, que la sentencia recurrida vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 Constitución Española, pues ha prescindido de valorar buena parte de la prueba practicada, lo que determina que no se haya representado correctamente la situación y las necesidades de apoyo y ayuda que precisa

En consecuencia, se estima el primer motivo del recurso por infracción procesal y, de conformidad con la disposición final 16.1, regla 7.ª Ley Enjuiciamiento Civil, procede que esta sala dicte nueva sentencia, teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación.

Decisión de la sala. Estimación del recurso.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que forma parte de nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2008, opta por un modelo de “apoyos” para configurar el sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad (art. 12.3).

Se trata, como declara el artículo 1 de la Convención, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Con el fin de hacer efectivo este objetivo, los Estados deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos.

Esas salvaguardias deben asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona.

En particular, las salvaguardias, deben ser proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas, artículo 12.4 de la Convención.

Desde esta perspectiva debe interpretarse lo dispuesto en el Código civil y en la Ley de enjuiciamiento civil, que ya contemplaban desde el año 1983 la gradación de la modificación de la capacidad de obrar.

En consecuencia, la extensión y los límites a la capacidad y el consiguiente régimen de tutela o guarda que se constituya, artículo 760.1 de la Ley Enjuiciamiento Civil deben fijarse atendiendo en exclusiva a lo que sea adecuado y necesario para el ejercicio de los derechos de la persona, atendiendo a sus concretas y particulares circunstancias.

El sistema de apoyos a que alude la Convención está integrado en el Derecho español, por la tutela y la curatela, junto a otras figuras, como la guarda de hecho y el defensor judicial, que también pueden resultar eficaces para la protección de la persona en muchos supuestos.

Todas ellas deben interpretarse conforme a los principios de la Convención.

Así lo ha venido declarando la jurisprudencia de esta sala en los últimos tiempos tras descartar que el “procedimiento de modificación de la capacidad” y la constitución de tutela o curatela sean discriminatorias y contrarias a los principios de la Convención.

La tutela es la forma de apoyo más intensa que puede resultar necesaria cuando la persona con discapacidad no pueda tomar decisiones en los asuntos de su incumbencia, ni por sí misma ni tampoco con el apoyo de otras personas.

En efecto, dice el artículo 267 Código Civil que el tutor es el representante de la persona con la capacidad modificada judicialmente, salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia. Pero en atención a las circunstancias personales puede ser suficiente un apoyo de menos intensidad que, sin sustituir a la persona con discapacidad, le ayude a tomar las decisiones que le afecten.

En el sistema legal, está llamada a cumplir esta función la curatela, concebida como un sistema mediante el cual se presta asistencia, como un complemento de capacidad, sin sustituir a la persona con discapacidad, artículos 287, 288 y 289 del Código Civil.

La Convención no permite ignorar los riesgos inherentes a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad; las medidas de apoyo judiciales son necesarias cuando el ejercicio de los derechos y la plena participación en la vida social y en el tráfico jurídico se ven afectados por las circunstancias concurrentes.

Con este fin, el apoyo más adecuado que ofrece el sistema vigente es la curatela. La cuestión es la delimitación de los actos para los que sería precisa la intervención del curador.

Las dificultades de D.ª Lina en la comprensión de actos que requieren por su complejidad de inteligencia abstracta, de acuerdo con el informe de la Clínica Forense, precisa la ayuda de terceros.

Por esta razón, debe mantenerse el criterio de la sentencia del juzgado cuando establece que deberá ser asistida en los siguientes actos: enajenar, administrar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos de valor, joyas y valores mobiliarios, celebrar contratos o realizar actos de carácter dispositivo y que sean susceptibles de inscripción, renunciar derechos, arbitrajes y transacciones, aceptación de herencias sin beneficio de inventario, repudiación de herencias y liberalidades, asunción de gastos extraordinarios, cesión de bienes en arrendamiento, celebración de contratos de préstamos, dar y tomar dinero a préstamo y disponer a título gratuito de bienes y derechos de su propiedad.

Entiéndase bien, por tanto, que no se trata privar de la facultad de tomar las decisiones de gestión de su patrimonio, sino de establecer las medidas necesarias para que sea ella, y no terceros malintencionados o simples aprovechados, quienes conformen indebidamente sus decisiones abusando de su vulnerabilidad.

Ello comporta que la iniciativa para realizar los mencionados actos de administración y disposición de su patrimonio le corresponde a ella, y que será ella quien deberá prestar el consentimiento para su realización, si bien no por sí sola, sino con asistencia de su curadora.

La sentencia del juzgado estableció además que era precisa la asistencia de la curadora para “la disposición de efectivo en cuentas o entidades financieras, así como utilización de tarjetas de débito o crédito por importe superior al que fije la curadora, pudiendo ser variable según las necesidades de la curatelada” e, igualmente, que “la curadora deberá fijar la cantidad mensual que puede emplear D.ª Lina en gastos personales ordinarios o de bolsillo, cuidando de que su finalidad sea el interés de la curatelada y no de terceras personas que pudieran ejercer influencia indebida mediante engaño”.

Esta sala considera que ninguno de estos pronunciamientos puede mantenerse porque no se compadecen con la situación acreditada de D.ª Lina y las circunstancias de su vida familiar (vive sola, pero con servicio doméstico, que se encarga de hacer las compras diarias incluso utilizando las tarjetas bancarias, y organiza comidas para su entorno familiar) y nivel económico (que, sin necesidad de más datos, por lo que interesa ahora, queda revelado por las cantidades solicitadas en la demanda en el uso de las tarjetas y dinero para sus gastos personales).

En efecto, en la demanda, las hijas solicitaban que se limitara la “disposición de efectivo en cuentas y/o entidades financieras en las que mantenga abiertas cuentas, así como utilización de tarjetas de débito o crédito por importe superior a 6.000 € mensuales, así como que “de la pensión que percibe y otros ingresos periódicos que pueda obtener sólo podrá disponer mensualmente para sus gastos, sin la aludida intervención, en la cantidad de 3.000 euros”.

Así las cosas, partiendo de estos datos, no procede que sea la curadora quien fije la cantidad que puede manejar D.ª Lina mensualmente.

En buena medida, la situación de tristeza y malestar que D.ª Lina ha expresado está relacionada con un sentimiento de ser tratada como una menor o una “loca” y no poder decidir sus gastos personales.

Puesto que su patrimonio lo permite y está habituada a un nivel de vida elevado tiene derecho a poder seguir decidiendo en qué quiere gastar su dinero, aun cuando para otras personas pueda considerarse que son gastos superfluos o innecesarios.

Por esta razón, esta sala considera necesario fijar una suma en las cantidades que la interesa puede manejar para mantener su estatus de vida y, en atención a lo expuesto, partiendo de que los gastos fijos están domiciliados y se vienen satisfaciendo con cargo a su patrimonio, va a establecer que D.ª Lina necesitará la asistencia de su curadora para la disposición de efectivo en cuentas y/o entidades financieras en las que mantenga abiertas cuentas así como para la utilización de tarjetas de débito o crédito por importe superior a 6.000 € mensuales.

Además, D.ª Lina conserva la posibilidad de gestionar y administrar para sus gastos personales, y en metálico, la suma de 6.000 € al mes.

Hay que añadir que la elección de la hija D.ª Clemencia, en quien D.ª Lina confía, facilita la prestación de los apoyos que se establecen.

No procede en cambio, como solicitó el abogado de D.ª Lina en su recurso de apelación, el nombramiento de un defensor judicial con carácter estable.

En el caso no se aprecia un genérico conflicto de intereses por el hecho de que la hija sea heredera cuando la madre fallezca, pues cuenta con su propio patrimonio y ha venido demostrando que se preocupa por su madre, de la que está pendiente, y la madre tiene buena relación con ella.

Si se entendiera que existe ese conflicto de intereses, más que el nombramiento de un defensor judicial estable lo que procedería sería no nombrarla para ejercer la curatela.

Nada impide que, si llega el caso, cuando por la propia naturaleza del acto concreto que se pretenda celebrar, y en atención a las circunstancias concurrentes, se aprecie conflicto de intereses, se proceda a solicitar y nombrar un defensor judicial para que ejerza la concreta función que en ese momento se le confiera.

Por todo lo expuesto, esta sala ha decidido;

  • Estimar el recurso por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto

Anular la mencionada sentencia y en su lugar dictar sentencia por la que declaramos la modificación parcial de la capacidad de obrar de D.ª Lina, que se limita tanto en el ámbito personal como en el patrimonial.

Para complementar su capacidad, D.ª Lina necesita la asistencia de un curador, que será su hija D.ª Clemencia.

En la esfera patrimonial y de economía, D.ª Lina conserva la posibilidad de gestionar y administrar para sus gastos personales, y en metálico, la suma de 6.000 € al mes.

Conserva la iniciativa, pero precisa la asistencia de la curadora para enajenar, administrar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos de valor, joyas y valores mobiliarios, celebrar contratos o realizar actos de carácter dispositivo y que sean susceptibles de inscripción, renunciar derechos, arbitrajes y transacciones, aceptación de herencias sin beneficio de inventario, repudiación de herencias y liberalidades, asunción de gastos extraordinarios, cesión de bienes en arrendamiento, celebración de contratos de préstamos, dar y tomar dinero a préstamo, disponer a título gratuito de bienes y derechos de su propiedad, y para disponer de efectivo en cuentas y/o entidades financieras en las que mantenga abiertas cuentas así como para la utilización de tarjetas de débito o crédito por importe superior a 6.000 € mensuales.

En el ámbito personal, la curadora deberá asistir en las decisiones relativas a los cuidados personales y médicos derivados de sus enfermedades.

La curadora deberá vigilar los viajes y desplazamientos de D.ª Lina y no permitir los que por la distancia o condiciones puedan perjudicar su salud.

Por ello, será depositaria de su pasaporte, a fin de que no pueda ser utilizado por D.ª Lina sin su consentimiento. D.ª Lina no podrá realizar viajes o desplazamientos sin el consentimiento de su curadora, la cual deberá establecer los medios de protección necesarios para evitar perjuicios en caso de que se efectúen.

La curadora ejercerá su función sin necesidad de solicitar al juzgado las autorizaciones previstas en el artículo 271 del Código Civil, a excepción de la fijada en el párrafo primero de dicho precepto.

3.º- No imponer las costas del recurso por infracción procesal ni las del recurso de casación y ordenar la restitución de los depósitos constituidos.

4.º- No hacer especial declaración en cuanto a las costas de las instancias.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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