Capacidad de obrar y competencia territorial, en el ámbito de la discapacidad.

Aunque, a ojos del lector, o bien que pase por este blog, esta cuestión puede carecer de importancia, o  de cierta nimiedad; pero lo cierto y verdad es que desde el punto de vista jurídico práctico, es de suma importancia, toda vez que podemos perder mucho tiempo y dinero de nuestro cliente, a la hora de plantear un procedimiento en un partido judicial u otro.

En el presente caso, se planteó una demanda modificativa de la capacidad de obrar de una mujer, en Barcelona lugar de residencia de la misma, si bien con posterioridad fue traslada a la ciudad de Valencia, más concretamente al hospital la fe.

Así el Ministerio Fiscal presentó ante el juzgado decano de Barcelona, demanda de modificación de la capacidad de obrar respecto de D.ª (…), con domicilio en el Instituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona, correspondiendo su conocimiento al juzgado de Primera Instancia numero 40 de Barcelona. La persona, objeto de modificación de capacidad, es trasladada a Valencia, a un dentro hospitalaria. Es ahí donde surge la cuestión debatida.

El presente Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 19 de Febrero de 2019, nos da las claves y pautas para saber a ciencia cierta, donde plantear la demanda, esto es la competencia territorial, sino más en concreto la competencia territorial, en virtud de  la residencia de la persona, sino respecto de su discapacidad. 

La Sala destaca la primacía el interés de la persona 
con capacidad modificada o este caso a modificar, 
acercando el procedimiento 
a su lugar de residencia o domicilio.

¿Y cual es domicilio de la persona?

Si bien el concepto parecerá al lector algo básico e intrascendente, lo cierto y verdad es que desde el punto de vista jurídico, posee un amplio abanico de desarrollo del mismo. El análisis y desarrollo del concepto en sí, podría dar fundamento a un nuevo post, por lo que nos planteamos, más adelante abordar esta peculiar cuestión.

Pero en principio, y como para abrir boca, podemos determina que el  domicilio, está vinculado a la residencia, esto es, se determinará el domicilio en virtud o en base a la residencia de la persona, tanto física como jurídica.

Advierte nuestro código civil, que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Nuestra Carta Magna, también se hace eco de este concepto, al introducirlo en la Sección 1ª. dedicada a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, así al establecer que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

La importancia del domicilio, y la tutela del mismo es una de los aspectos a primario de protección por parte del Estado, que establece la inviolabilidad del mismo, por lo que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

En resumen, o en conclusión, el domicilio de la persona, se encuentra en el lugar en el que ha establecido su residencia.

Quid de la cuestión

En el presente caso, tal y como hemos avanzado anteriormente,  a instancia del Ministerio Fiscal presentó ante el juzgado decano de Barcelona, en fecha 5 de abril de 2017, demanda de modificación de la capacidad de obrar respecto de D.ª (…), con domicilio, por residir  allí, en el Instituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia número 40, el cual se registró con el número de autos 741/2017.

Mediante Decreto de fecha 12 de mayo de 2017, se admitió a trámite.

Se produce en cambio de residencia de D.ª Candida al Hospital La Fe de Valencia se acuerda, conforme al artículo  58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , oír a las partes, sobre una posible falta de competencia territorial.

En virtud del artículo anteriormente invocado, el cual se circunscribe a la Competencia territorial en casos especiales, establece en su primer apartado, que no se aplicarán; no se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos especiales, bien por objeto, o circunstancias especiales  o excepcionales por la naturaleza de los mismos.

Si analizamos lo dispuesto en el artículo 58 de la ley procesal civil, no encontramos que en su apartado quinto establece que en los procedimiento en los que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en que éstos residan.

Por su parte, el Juzgado resuelve mediante oportuno Auto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e invocando el mismo; y toda vez que la interesada, se encuentra residiendo en Valencia, el Juzgado de Instancia,  declara su falta de competencia territorial a favor de los Juzgados de Valencia.

Recurso de Casación

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El presente conflicto negativo de competencia territorial se plantea entre un juzgado de Barcelona y otro de Valencia, respecto de una demanda sobre modificación de la capacidad de obrar.

  • Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, considera que carece de competencia al haberse modificado el lugar de residencia de la demandada aún después de presentada la demanda, pues desde el Instituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona ha pasado a residir en el Hospital La Fe de Valencia.
  • Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia de Valencia entiende que carece de competencia, pues el de Barcelona en virtud del artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conserva la misma, alegando que en el mismo se ha efectuado la exploración de la demandada y se ha emitido el informe médico forense.

El Juzgado de Valencia, invoca el artículo 411, en virtud del concepto de la perpetuación de la jurisdicción.

¿Y que conlleva ese principio?, pues que la variaciones que se produzcan en la instancia, en el transcurso del procedimiento, en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, mantiene la postura, y en fundamentos de su doctrina, que el lugar de la residencia de la persona con discapacidad determina la competencia territorial, y todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuero que también es aplicable a los supuestos de representación y asistencia de los que ya sido declarada judicialmente modificada su capacidad, artículo 52. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto este que, conforme a la doctrina reiterada de esta sala excluiría la aplicación a los procedimientos sobre tutela y relativos a la capacidad de las personas, del principio de la “perpetuatio iurisdictionis” consagrado en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fundamenta  la Sala, que tal criterio competencial, o relativo a la competencia, se ha considerado más acorde al principio de protección de la persona con discapacidad, por dos motivos fundamentales; 

Además, esta doctrina está en consonancia con la linera foral o de los fueros aplicados en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria en relación con las personas con capacidad modificada judicialmente, que en todo lo relativo a las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho establece en su artículo 43 la competencia para el conocimiento del expediente del juzgado de primera instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, estableciendo que:

“[…]1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.

2. El órgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o guarda de hecho, será competente para conocer de todas las incidencias, trámites y adopción de medidas posteriores, siempre que el menor o persona con capacidad modificada judicialmente resida en la misma circunscripción.

En caso contrario, para conocer de alguna de esas incidencias, será preciso que se pida testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoció del mismo, el cual lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud.[…]”.

Es decir, prima el interés de la persona con capacidad modificada o este caso a modificar, acercando el procedimiento a su lugar de residencia o domicilio.

Por todas estas razones, se ha de considerar que el juzgado que ha de continuar con la tramitación ha de ser el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Valencia, lugar de residencia actual de la demandada.

FALLO:

LA SALA ACUERDA :

  • Declarar que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Valencia.
  • Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
  • Y comunicar este auto, mediante certificación literal, al Juzgado de Primera Instancia n.º 40 de Barcelona.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

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