Aceptar una herencia a beneficio de inventario permite limitar la responsabilidad por las deudas hereditarias.
Pero, ¿qué sucede cuando, después de la aceptación, el propio sucesor adopta decisiones que generan nuevas obligaciones económicas?
La distinción no es menor. Una decisión adoptada durante la gestión de una herencia puede tener consecuencias que trasciendan el patrimonio hereditario y alcancen directamente al patrimonio personal de quien la recibe.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia del pasado 15 de octubre, vuelve a pronunciarse sobre esta cuestión, reiterando un criterio de especial relevancia para la responsabilidad patrimonial del sucesor.
La resolución nos recuerda que aceptar una herencia bajo una modalidad jurídicamente protectora no significa que todas las actuaciones posteriores queden amparadas por esa protección.
Como cuestión previa, debemos referirnos a al concepto e idea del beneficio de inventario, así como respecto de la separación de patrimonios.
En tal orden de cosas, hemos de traer a colación el artículo 1023 del Código Civil; el cual establece que el heredero que acepta a beneficio de inventario no queda obligado a satisfacer las deudas y cargas hereditarias más allá de donde alcancen los bienes de la herencia.
Esta modalidad de aceptación permite mantener separados el patrimonio hereditario y el patrimonio particular del heredero, evitando que las deudas del causante comprometan, en principio, sus bienes personales.
Sin embargo, esta protección tiene un ámbito definido; las obligaciones procedentes del causante y las cargas de la herencia, no aquellas que el sucesor pueda generar mediante actuaciones propias posteriores.
Precisamente en esta distinción se encuentra el fundamento de la reciente doctrina jurisprudencial.
El supuesto examinado por el Tribunal Supremo tiene su origen en una deuda tributaria correspondiente al causante, esto es, una deuda tributaria heredada y una obligación nacida después.
En el presente caso, una de sus sucesoras, legataria de parte alícuota que había aceptado a beneficio de inventario, solicitó la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria que ya había adquirido firmeza y se encontraba en vía de apremio.
Como consecuencia de esa suspensión se devengaron intereses de demora, cuya liquidación fue posteriormente exigida por la Administración tributaria.
La controversia jurídica consistía en determinar si esos intereses debían considerarse parte de la deuda hereditaria, sometida al límite del beneficio de inventario, o si constituían una obligación personal del sucesor.
El Tribunal Supremo se inclina por esta segunda interpretación, en virtud de la distinción entre deudas heredadas y obligaciones propias. La Sala considera determinante identificar el origen de la obligación exigida.
Así, refiere a que, los intereses de demora derivados de la suspensión no nacen directamente de la deuda tributaria del causante, sino de una decisión posterior del sucesor, solicitar que se suspendiera la ejecución de una obligación firme.
Aunque existe una vinculación con la deuda heredada, el Tribunal entiende que esa conexión no basta para atribuir a los intereses la misma naturaleza jurídica que a la obligación principal.
En tal sentido, la suspensión proporciona al sucesor una ventaja económica temporal, al diferir el pago de la deuda, por ende, los intereses compensan precisamente ese diferimiento.
Por ello, quien solicita la suspensión y obtiene sus efectos debe asumir personalmente las consecuencias económicas que de ella se derivan.
La Sala, en la resolución, también descarta que esos intereses puedan calificarse como gastos necesarios de administración o defensa de la herencia conforme al artículo 1033 del Código Civil.
Por tanto, no se trata, en las circunstancias examinadas, de gastos necesarios para conservar el patrimonio hereditario, sino del coste financiero de una decisión adoptada por el propio sucesor.
Nos podemos preguntar, por tanto, ¿Significa que el beneficio de inventario deja de proteger al heredero?, la respuesta en este sentido en negativa.
Esta precisión resulta esencial para interpretar correctamente la sentencia.
Por su parte, el Tribunal Supremo no cuestiona la eficacia del beneficio de inventario ni establece que cualquier obligación surgida después del fallecimiento deba satisfacerse con el patrimonio particular del heredero, lo que determina es que los intereses generados por la suspensión solicitada por el sucesor respecto de una deuda tributaria firme y apremiada constituyen una obligación propia, distinta de la deuda hereditaria.
Tampoco resulta determinante, a estos efectos, que el obligado sea heredero o legatario de parte alícuota. Lo relevante es la naturaleza de la obligación y su causa.
La consecuencia es significativa, ya que puede mantenerse plenamente la protección del beneficio de inventario respecto de las deudas hereditarias y, simultáneamente, existir responsabilidad personal por obligaciones autónomas generadas por el sucesor.
La importancia de la dirección jurídica de una herencia
Esta doctrina permite extraer una consideración que trasciende el supuesto estrictamente tributario.
La planificación sucesoria no termina con la aceptación de la herencia. Así, la identificación del pasivo hereditario, la valoración de las obligaciones pendientes, la decisión de satisfacer determinadas deudas o de impugnar su exigibilidad y la evaluación de las consecuencias económicas de cada actuación forman parte de una adecuada dirección jurídica.
Por tanto, no basta con determinar qué modalidad de aceptación resulta más conveniente, es necesario examinar qué decisiones deben adoptarse posteriormente y cuáles pueden comprometer el patrimonio personal de los interesados.
En Álvarez Prieto Abogados entendemos que el asesoramiento sucesorio exige anticipar las consecuencias jurídicas y patrimoniales de las decisiones, no limitarse a intervenir cuando el conflicto ya se ha producido.
Porque la protección del patrimonio hereditario no depende únicamente de cómo se acepta una herencia, sino también de cómo se administra, se defiende y se gestiona después.
