En el ejercicio de la abogacía, defender mejor no siempre significa combatir más. Pero tampoco significa ceder.
Cuando una persona acude a un despacho de abogados, generalmente lo hace porque existe un conflicto que no ha conseguido resolver.
Llega con una preocupación, unas expectativas y, en ocasiones, con una interpretación de los hechos condicionada por las emociones que acompañan a ese conflicto.
Y nuestra responsabilidad profesional comienza precisamente ahí.
Escuchar no significa dar la razón.
Comprender no significa justificar.
Y defender no significa asumir como propias todas las pretensiones de quien nos confía sus intereses.
La confianza que deposita un cliente en su abogado no debería traducirse en una aceptación automática de sus planteamientos, sino en el compromiso de realizar una valoración independiente, rigurosa y honesta de su situación.
Porque existe una diferencia fundamental entre satisfacer las expectativas de quien solicita nuestro asesoramiento y proteger verdaderamente sus intereses.
Y no siempre ambas cosas coinciden.
El ejercicio de la abogacía exige conocimientos jurídicos, que dada cabe, pero también capacidad de análisis, independencia de criterio y una valoración rigurosa de las posibilidades reales de cada actuación, y claramente con la independencia de criterio, como verdadera responsabilidad profesional. ¡Y ello no es poco!
Pero, además también exige algo que no siempre resulta sencillo, explicar al cliente, con claridad y honestidad, la viabilidad de sus pretensiones, los riesgos que comportan y las consecuencias de las distintas alternativas, incluso cuando esa valoración no coincide con aquello que esperaba escuchar.
No se trata de desautorizar sus preocupaciones, ni de minimizar la dimensión humana del conflicto. Se trata de comprender que la función del abogado no consiste únicamente en ofrecer respuestas jurídicas, sino también en identificar problemas, anticipar consecuencias y orientar decisiones.
Una estrategia jurídica no debería construirse sobre expectativas irreales, del mismo modo que la firmeza de una defensa no puede confundirse con la necesidad de prolongar indefinidamente un enfrentamiento.
En definitiva, la independencia profesional no consiste en distanciarse del cliente, sino en conservar el criterio necesario para defenderlo adecuadamente. ¿Negociar o litigar? la importancia de saber elegir.
En los últimos años, los mecanismos de negociación y resolución extrajudicial de conflictos han adquirido un protagonismo creciente, impulsados por las políticas públicas orientadas a favorecer las soluciones consensuadas y reducir la litigiosidad.
Sin embargo, la búsqueda de una solución negociada no debería entenderse únicamente como una exigencia normativa o una respuesta a las necesidades del sistema judicial, sino como una manifestación inherente al ejercicio responsable de la abogacía.
Desde el primer momento, el abogado debe valorar, atendiendo a las circunstancias de cada asunto y a los intereses legítimos de su cliente, si existe una posibilidad real de alcanzar una solución extrajudicial que permita evitar un procedimiento innecesario y el consiguiente desgaste económico, emocional y personal.
Esta valoración forma parte de la estrategia jurídica y no debe confundirse con una posición de debilidad ni con una renuncia anticipada al ejercicio de los derechos.
Negociar no significa ceder, del mismo modo que litigar no significa necesariamente defender mejor.
Ahora bien, tampoco podemos convertir la negociación en un objetivo absoluto, ni presumir que cualquier acuerdo es preferible a una resolución judicial.
Hay situaciones en las que alcanzar un acuerdo constituye la solución más adecuada, tanto desde una perspectiva jurídica como económica, personal o familiar.
Y existen otras en las que acudir a los tribunales resulta imprescindible para obtener una tutela efectiva de los derechos.
Un acuerdo desequilibrado, una renuncia injustificada o una solución que comprometa intereses especialmente protegidos no se convierten en decisiones acertadas por el mero hecho de evitar un procedimiento judicial. Del mismo modo, una actuación procesal innecesaria puede incrementar los costes económicos y personales de un conflicto sin ofrecer una protección adicional.
Por eso, el verdadero desafío profesional no consiste simplemente en elegir entre negociar o litigar. Consiste en saber cuándo negociar, cuándo intervenir judicialmente y, sobre todo, por qué.
El abogado no está llamado a alimentar los conflictos, pero tampoco a eludir aquellos que requieren una respuesta jurídica firme.
El equilibrio entre la firmeza necesaria para defender los derechos y la prudencia para evitar enfrentamientos innecesarios no garantiza el éxito, pero constituye una expresión esencial de la responsabilidad profesional.
Y es precisamente la coherencia la que debe orientar nuestras decisiones.
Debemos de tener en consideración que el conflicto jurídico tiene consecuencias humanas
Esta responsabilidad adquiere una dimensión particularmente relevante en el Derecho de Familia.
En este ámbito, las decisiones jurídicas no se proyectan exclusivamente sobre derechos patrimoniales o posiciones procesales.
Pueden afectar profundamente a las relaciones personales, a la organización de la vida familiar y, especialmente, al bienestar de los hijos menores.
Detrás de una controversia sobre custodia, régimen de estancias, alimentos o uso de la vivienda familiar pueden coexistir sentimientos de pérdida, frustración, temor o resentimiento.
Son circunstancias humanas que debemos saber escuchar y comprender, pero que no pueden sustituir el análisis jurídico ni determinar, por sí solas, la estrategia procesal.
Comprender el conflicto humano no significa renunciar al rigor jurídico.
Significa disponer de una perspectiva más completa para abordarlo.
En determinadas situaciones, nuestro asesoramiento debe contribuir a distinguir entre aquello que el cliente desea obtener como respuesta a una experiencia personal dolorosa y aquello que jurídicamente resulta viable, proporcionado y adecuado para proteger sus intereses legítimos.
Y cuando existen hijos menores, esa valoración debe incorporar necesariamente la primacía de su interés superior, que no siempre coincide con las pretensiones de ninguno de los progenitores.
La responsabilidad profesional exige entonces una mirada que trascienda el enfrentamiento inmediato y contemple las consecuencias futuras de cada decisión.
Porque no basta con preguntarnos qué podemos solicitar jurídicamente.
También debemos preguntarnos qué consecuencias puede generar nuestra actuación y qué finalidad legítima perseguimos con ella.
La función del abogado litigador no consiste únicamente en sostener una posición ante los tribunales. La función primigenia es defender con firmeza y actuar con verdadera responsabilidad.
Exige conocimientos, preparación, independencia y capacidad para construir una estrategia coherente con los hechos, el Derecho aplicable y los objetivos legítimos de la defensa. Y exige también reconocer los límites de nuestra intervención.
El verdadero profesional de la abogacía, debe ofrecer una orientación profesional fundada, explicar las alternativas y sus consecuencias y asumir la dirección técnica de la defensa, respetando la voluntad informada del cliente y las exigencias legales y deontológicas de nuestra profesión.
Pero, la firmeza no está reñida con la prudencia.
La empatía no exige complacencia.
Y la responsabilidad no puede confundirse con la renuncia a defender aquello que legítimamente corresponde.
Por eso, una de las manifestaciones más importantes de nuestro compromiso profesional consiste en comprender que:
No todas las pretensiones deben sostenerse. No todos los conflictos deben judicializarse.
Y no todos los acuerdos merecen ser aceptados.
El ejercicio de la abogacía comienza mucho antes de presentar una demanda.
Comienza cuando escuchamos, analizamos y asumimos la responsabilidad de orientar una decisión que puede transformar la vida de quienes han depositado su confianza en nosotros.
Defender no es combatir por sistema. Tampoco es ceder para evitar el conflicto. Es saber qué derechos debemos proteger, mediante qué instrumentos y con qué consecuencias.
Porque la verdadera responsabilidad profesional no consiste únicamente en saber defender.
Consiste también en saber cómo, cuándo y por qué hacerlo.