La división judicial de herencia plantea cuestiones que van más allá de la adjudicación de los bienes hereditarios.
Una de ellas es determinar quién debe asumir los gastos de partición y, especialmente, los honorarios del contador-partidor judicial.
Una de las últimas resoluciones de la Sala Primera del Tribunal Supremo reafirma el criterio de proporcionalidad, al respecto distinguiendo los gastos comunes de partición de las costas procesales.
Como nos consta a los profesionales, cuando una herencia termina en los tribunales, surge una cuestión que puede añadir un nuevo motivo de desacuerdo entre los interesados, y se refiere a ¿quién debe asumir los gastos derivados de su división?
¿Deben soportarlos quienes promovieron el procedimiento?.
¿Pueden distribuirse por partes iguales entre los herederos enfrentados?.
¿O corresponde a cada interesado contribuir en proporción a su participación hereditaria?.
Son cuestiones sumamente comunes que suele intranquilizar a los interesados.
Pero, la respuesta exige realizar una distinción que no siempre se tiene presente; una cosa son los gastos necesarios para practicar la partición de una herencia y otra, jurídicamente diferente, las costas procesales que pueden derivarse de litigar sobre ella.
La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado de 20 de abril, de la Sala Primera, aborda precisamente esta cuestión y reafirma el criterio jurídico aplicable, entre otras cuestiones a los honorarios del contador-partidor judicial.
Su relevancia no reside únicamente en determinar cómo deben distribuirse esos honorarios, sino en la fundamentación que ofrece sobre la naturaleza del procedimiento divisorio y la aplicación del artículo 1064 del Código Civil.
La división judicial de herencia no es, por sí misma, un litigio entre vencedores y vencidos
El primer criterio que desarrolla el Tribunal Supremo parte de la propia naturaleza del procedimiento de división judicial de herencia.
Conforme a los artículos 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la división puede promoverse mediante una solicitud presentada por quienes se encuentran legitimados para instarla.
Su finalidad no consiste, por tanto, en obtener una declaración de condena contra los restantes interesados, sino en llevar a cabo las operaciones necesarias para poner fin a la indivisión hereditaria.
El objetivo es transformar los derechos abstractos sobre una herencia en adjudicaciones concretas de bienes y derechos.
Por ello, el Tribunal Supremo refiere a su resolución al rechazo a la identificación automática a quienes promueven la división con una parte demandante y a los demás interesados con una parte demandada, a efectos de distribuir entre ambos grupos los honorarios del contador-partidor.
Promover la división judicial de una herencia no convierte, por ese solo hecho, al solicitante en responsable de los gastos comunes que la partición origine.
Esta consideración tampoco permite afirmar que el procedimiento se encuentre exento de costas procesales en cualquier circunstancia.
La propia sentencia distingue un aspecto sumamente importante, y que los profesionales debemos considerar primariamente; la actividad divisoria de los incidentes de oposición a las operaciones particionales, que pueden presentar una verdadera estructura contenciosa.
Otro de los fundamentos relevantes de la sentencia es la distinción entre las funciones del contador-partidor y las del perito judicial.
El perito aporta al procedimiento conocimientos especializados para valorar hechos o circunstancias relevantes.
El contador-partidor, en cambio, no es un perito, y esa distinción es de suma importancia, y consideración, ya que la diferencia importa. Este tiene encomendada una función muy distinta, y es la de realizar las operaciones de división y adjudicación del patrimonio hereditario con arreglo a la normativa sucesoria aplicable.
El artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla las operaciones que integran esa actividad, entre ellas la relación de los bienes que forman el caudal, su valoración, la liquidación y las correspondientes adjudicaciones.
Si bien es cierto que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 784, remite a determinadas normas de la prueba pericial para regular aspectos como la designación, recusación o provisión de fondos del contador.
Sin embargo, y al respecto, el propio el Tribunal Supremo advierte que esta remisión no modifica la naturaleza jurídica de su función ni determina, por sí misma, el régimen definitivo de imputación de sus honorarios.
La diferenciación es importante porque impide trasladar automáticamente a la retribución del contador-partidor las reglas generales previstas para los gastos y costas procesales, y es este el aspecto a tener en consideración por su importancia.
El núcleo, podemos advertir que refiere a la siguiente cuestión; el interés común determina quién soporta el gasto, y cuya respuesta se encuentra en lo dispuesto en el artículo 1064 del Código Civil. Este precepto establece una distinción fundamental.
Así, los gastos de partición realizados en interés común de los coherederos se deducen de la herencia, mientras que los gastos efectuados en interés particular de uno de ellos son de su cargo.
El Tribunal Supremo, teniendo en consideración lo dispuesto en el Código Civil y la Ley procesal, considera que los honorarios del contador-partidor judicial responden al interés común de los partícipes, dado que su intervención permite llevar a cabo las operaciones necesarias para dividir y adjudicar el patrimonio hereditario.
En consecuencia, constituyen gastos comunes de partición.
Ahora bien, ¿qué significa que deban deducirse de la herencia?
Al hilo de este interrogante, la propia Sala determina que, aunque el artículo 1064 del Código Civil, no mencione expresamente la proporcionalidad entre los coherederos, esta consecuencia deriva de la propia naturaleza de la deducción.
Si el gasto disminuye el caudal hereditario, su repercusión económica se produce en función de la participación que corresponde a cada interesado.
Por tanto, los honorarios del contador-partidor judicial deben soportarse proporcionalmente a los derechos de los interesados en las operaciones divisorias, y no mediante un reparto igualitario entre los grupos procesales que hayan intervenido.
Este criterio responde, además, a los principios de equidad e igualdad de trato: no resultaría razonable imponer idéntica carga económica a quienes tienen participaciones hereditarias sustancialmente diferentes.
La sentencia que traemos hoy a este espacio no introduce una doctrina novedosa, sino que reafirma y consolida una línea jurisprudencial ya asentada, precisando su aplicación al procedimiento de división judicial de herencia regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000.
La resolución recoge y reafirma una línea jurisprudencial anterior, entre cuyas manifestaciones destacan las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1957, 30 de enero de 1960, 14 de mayo de 2002 y 18 de julio de 2012.
Estas resoluciones permiten identificar un principio común; la imputación de los gastos particionales depende del interés al que sirven.
Esta precisión resulta especialmente relevante porque no todos los gastos relacionados con una herencia tienen necesariamente carácter común.
Así, un gasto destinado a facilitar la partición en beneficio de todos los interesados puede quedar comprendido en el artículo 1064 del Código Civil.
Por el contrario, los trabajos profesionales realizados exclusivamente a instancia y en interés particular de determinados coherederos no adquieren carácter común por el mero hecho de estar relacionados con la sucesión.
Por su parte, la sentencia de 14 de mayo de 2002 ya había destacado esta diferencia al examinar la retribución correspondiente a actuaciones particionales desarrolladas en interés de determinados herederos.
Por su parte, la sentencia de 18 de julio de 2012 aplicó el criterio del beneficio común a determinados gastos notariales y de valoración pericial necesarios para la partición.
No es, por tanto, la denominación del gasto lo que determina quién debe asumirlo, sino su finalidad y el interés al que efectivamente responde.
Pero, ¿Qué sucede si los honorarios no se han descontado del caudal hereditario?
La sentencia aborda, además, una cuestión de especial relevancia práctica: la exigibilidad de los honorarios del contador-partidor cuando, pese a estar debidamente acreditados, no han sido deducidos del caudal hereditario.
El Tribunal Supremo precisa que esta circunstancia no impide reclamar su pago a los obligados a satisfacerlos y confirma que el contador-partidor tiene derecho a exigir su abono en proporción a la participación que corresponda a cada interesado en las operaciones divisorias.
De esta forma, la falta de previsión o deducción de dichos gastos en la partición no altera su naturaleza ni elimina la obligación de satisfacerlos.
Conviene precisar que la resolución no establece un sistema general de cuantificación de los honorarios profesionales. Su pronunciamiento se centra en determinar cómo deben imputarse y quién debe soportarlos.
Llegamos a una de las distinciones más importantes de esta resolución, y de gran interés para el cliente, los gastos.
Es por ello, que debemos tener en consideración lo que podemos denominar gastos de partición y las costas procesales, dos cuestiones que no deben confundirse
La consideración de los honorarios del contador-partidor como gastos comunes no significa que todas las actuaciones judiciales relacionadas con una herencia deban recibir el mismo tratamiento.
La actividad propiamente divisoria responde a la finalidad común de concretar los derechos sucesorios.
Sin embargo, cuando surgen controversias sobre las operaciones particionales y se promueven incidentes de oposición, puede aparecer una estructura contradictoria que exige analizar el régimen procesal correspondiente y los posibles pronunciamientos sobre costas.
La Sentencia, reconoce expresamente esta diferencia, aunque no resuelve con carácter general el régimen de costas aplicable a todos los incidentes que puedan plantearse.
De hecho, la propia sentencia impone las costas del recurso de casación a la parte recurrente como consecuencia de su desestimación.
Determinando que los gastos de partición deban distribuirse conforme a las respectivas participaciones hereditarias no excluye que, cuando exista una verdadera controversia judicial, puedan producirse consecuencias económicas derivadas del litigio.
La distinción tiene una evidente trascendencia en la planificación y dirección jurídica de los procedimientos sucesorios.
La importancia de una adecuada estrategia jurídica en la división de herencias
La división judicial de una herencia no debe abordarse únicamente como un mecanismo para obtener la adjudicación de unos bienes.
Antes de promoverla, resulta necesario examinar la composición del patrimonio hereditario, los derechos de los interesados, las posibilidades reales de alcanzar un acuerdo y las consecuencias económicas que pueden derivarse del procedimiento.
También deben identificarse los gastos que responden al interés común y aquellos que pueden originarse por actuaciones o pretensiones particulares.
Esta valoración permite anticipar controversias, delimitar responsabilidades y adoptar decisiones procesales con un conocimiento más preciso de sus consecuencias.
La Sentencia, nos recuerda, en definitiva, que el reparto de los gastos de una herencia no depende simplemente de quién toma la iniciativa judicial, sino de la naturaleza de la actuación y del interés al que responde.
Porque, en una división hereditaria no solo importa determinar qué corresponde a cada interesado, también importa saber y conocer qué gastos deben soportarse conjuntamente, cuáles corresponden a intereses particulares y qué consecuencias económicas pueden producirse cuando la partición se convierte en litigio.
Una adecuada planificación sucesoria y una dirección letrada rigurosa comienzan precisamente por distinguir esas situaciones antes de que el conflicto incremente el coste de la herencia.