El cambio de residencia de hijos menores constituye una de las cuestiones más controvertidas en Derecho de Familia.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de septiembre de 2026, analiza las consecuencias jurídicas de un traslado decidido unilateralmente por uno de los progenitores, sin consentimiento del otro ni autorización judicial.
En los procedimientos de familia es relativamente frecuente que, tras una separación, uno de los progenitores decida trasladar su residencia a otra localidad por motivos laborales, económicos, familiares o personales.
El problema surge cuando ese traslado implica también cambiar el lugar de residencia habitual de los hijos menores y se lleva a cabo sin el consentimiento del otro progenitor, y ahí surgen las siguientes dudas o interrogantes.
¿Puede hacerlo quien tiene atribuida la guarda y custodia?.
¿Es suficiente alegar que el traslado responde a una necesidad personal o profesional?.
¿Debe ordenarse necesariamente el regreso del menor cuando se ha producido sin autorización?.
Para ello, la respuesta exige distinguir entre la legalidad de la actuación del progenitor y la decisión judicial que, posteriormente, deba adoptarse en protección del menor.
Y esa distinción constituye precisamente el eje de la sentencia que analizamos.
Debemos partir de la base que, la guarda y custodia no atribuye la facultad de decidir unilateralmente la residencia habitual del menor
Por su parte el artículo 154 del Código Civil, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, establece expresamente que la decisión sobre el lugar de residencia habitual de los hijos menores corresponde a ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad.
Su modificación requiere el consentimiento de ambos o, en su defecto, autorización judicial, salvo los supuestos legalmente exceptuados.
Esta previsión resulta especialmente relevante porque todavía se confunden dos instituciones jurídicas distintas; esto es, la guarda y custodia y la patria potestad.
La atribución de la custodia a uno de los progenitores no supone, por sí misma, que pueda adoptar unilateralmente todas las decisiones relevantes en la vida de sus hijos.
La elección y modificación de su residencia habitual es una de esas decisiones trascendentes, por sus posibles consecuencias sobre la escolarización, el entorno social, las relaciones familiares y el ejercicio de los derechos y deberes parentales.
Por tanto, el progenitor custodio no puede considerar que la atribución de la guarda le confiere libertad absoluta para decidir dónde vivirán los hijos comunes.
En el presente supuesto examinado por el Tribunal Supremo, en la sentencia de fecha 30 de septiembre del año en curso, la controversia tiene su origen en el traslado de una menor desde la provincia de Alicante hasta Teruel, decidido por su madre sin el consentimiento del padre y sin haber obtenido previamente autorización judicial.
El traslado se produjo después de que el padre fuera condenado por un delito leve de amenazas contra la madre. En primera instancia se consideró que la menor debía permanecer en su entorno anterior; sin embargo, la Audiencia Provincial autorizó su residencia en Teruel junto a la madre, que tenía atribuida la guarda y custodia.
El padre recurrió en casación alegando, entre otras cuestiones, que el traslado vulneraba el artículo 154 del Código Civil y perjudicaba el interés de su hija, especialmente por la ruptura de sus vínculos con el entorno anterior y por la reducción del contacto cotidiano con sus hermanos por parte paterna.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. Pero conviene detenerse en las razones de esta decisión, ay que como refiere, una actuación contraria a Derecho no determina automáticamente el regreso del menor
El Tribunal Supremo reconoce expresamente que la madre actuó sin ajustarse a las exigencias legales, así el traslado de la menor se realizó sin el consentimiento del padre y sin la correspondiente autorización judicial.
La actuación unilateral, por tanto, no queda jurídicamente justificada por el simple hecho de que la madre tuviera atribuida la custodia.
Ahora bien, la Sala recuerda que esa conducta no puede traducirse automáticamente en una decisión sobre la residencia de la hija que perjudique su interés superior.
La irregularidad del comportamiento del progenitor y la determinación de la residencia más adecuada para el menor son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas.
Esta precisión tiene una importante consecuencia práctica.
El procedimiento no puede resolverse exclusivamente desde la perspectiva de cuál de los progenitores ha actuado correctamente o quién ha incumplido las reglas de ejercicio de la patria potestad.
Debe examinarse, además, qué decisión protege mejor al hijo atendiendo a las circunstancias concurrentes.
No se trata, por tanto, de premiar una actuación unilateral ni de privar de consecuencias jurídicas a una decisión adoptada sin consentimiento.
Se trata de evitar que la respuesta judicial al comportamiento de un adulto termine perjudicando precisamente a la persona cuya protección constituye la finalidad del procedimiento.
El interés superior del menor exige una valoración concreta, no una invocación genérica.
Este es uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la exposición de los criterios jurídicos que deben orientar la autorización de un cambio de residencia habitual.
El Tribunal Supremo parte del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y recuerda que el interés superior del menor debe determinarse mediante una valoración individualizada.
Entre los elementos que deben ponderarse se encuentran:
- La edad, madurez y necesidades materiales, educativas y emocionales.
- La estabilidad y arraigo en el entorno familiar, escolar y social.
- El mantenimiento de las relaciones con ambos progenitores y con sus hermanos.
- Las condiciones reales de vivienda, trabajo y apoyo familiar.
- Las consecuencias que el cambio puede tener sobre su desarrollo.
- La posibilidad de establecer un régimen de comunicación y estancias adecuado a la distancia entre domicilios.
- Sus deseos, sentimientos y opiniones, atendiendo a su edad y madurez y garantizando su derecho a ser oído cuando corresponda.
La aplicación de estos criterios exige valorar conjuntamente las circunstancias, evitando soluciones automáticas.
Y aquí se encuentra una cuestión que considero esencial en el ejercicio práctico del Derecho de Familia; el interés superior del menor no puede utilizarse como una expresión genérica destinada a justificar una decisión previamente adoptada. Debe concretarse, acreditarse y motivarse.
¿Por qué el Supremo considera adecuado mantener la residencia de la menor en Teruel?
En el supuesto examinado, la Sala tiene en cuenta que la guarda y custodia materna ya no se encontraba discutida en casación.
Asimismo, considera acreditadas circunstancias que explicaban el traslado y que incidían directamente en las condiciones de vida de la menor.
La madre disponía en Teruel de una situación de vivienda y de apoyo familiar que facilitaba la conciliación laboral y la atención de su hija.
La niña estaba escolarizada y, por su edad, no se apreció un arraigo previo suficientemente intenso como para considerar perjudicial el cambio.
El Tribunal también valoró que no se trataba de un desplazamiento arbitrario dirigido a impedir la relación de la menor con su padre.
No ignoró, sin embargo, las consecuencias del traslado sobre las relaciones familiares, particularmente respecto de sus hermanos por parte paterna.
Precisamente por ello, adquiere relevancia el régimen de visitas establecido, que contempla estancias con el padre adaptadas a la distancia entre las localidades y una distribución de los desplazamientos entre ambos progenitores.
La decisión no responde, por tanto, a una preferencia abstracta por la residencia materna.
Responde a la valoración de las concretas circunstancias familiares y a la consideración de que, en ese momento, mantener a la menor junto a su madre en Teruel constituía la solución más adecuada para su interés.
La libertad de residencia de los progenitores también debe distinguirse de la residencia de los hijos
La sentencia incorpora otra precisión relevante, ya constante en los criterios de la Sala, y es reconocimiento la libertad de residencia de los españoles, establecido en el artículo 19 de la Constitución
En consecuencia, podemos referir que, la controversia no consiste en determinar si un progenitor puede cambiar su propio domicilio, lo que debe decidirse es si ese cambio puede extenderse a la residencia habitual de un hijo menor cuando el otro progenitor no presta su consentimiento. Esta distinción evita confundir dos planos jurídicos diferentes.
La libertad personal de residencia de un progenitor no supone que pueda imponer unilateralmente el cambio de domicilio de sus hijos.
Pero tampoco puede prescindirse por completo de sus circunstancias laborales, económicas, personales o familiares cuando estas inciden directamente en las condiciones de cuidado y desarrollo del menor.
La cuestión exige una ponderación de los derechos e intereses concurrentes, en la que el interés superior del hijo ocupa una posición prevalente.
Teniendo en consideración, lo anteriormente expuesto, existen obviamente, consecuencias prácticas tiene esta sentencia para los procedimientos de familia.
En tal sentido, la resolución no establece que los traslados unilaterales deban ser posteriormente autorizados.
Tampoco significa que el transcurso del tiempo o la escolarización del menor en la nueva localidad sean suficientes, por sí solos, para justificar el cambio.
Lo que confirma es que la autorización judicial debe responder a una valoración individualizada y motivada del interés superior del hijo.
De ahí que, antes de adoptar una decisión de esta naturaleza, resulte fundamental analizar la situación familiar, las medidas judiciales vigentes, las razones del traslado, sus consecuencias para el menor y las posibilidades de preservar sus vínculos familiares.
También será determinante la forma en que se plantee la controversia ante el órgano judicial, tanto desde la perspectiva del progenitor que solicita autorización como desde la de quien se opone al traslado.
La petición, su fundamentación jurídica y los medios de prueba deben dirigirse a acreditar cómo afecta realmente el cambio de residencia al menor, y no limitarse a contraponer las conveniencias o intereses de los adultos.
La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2026 permite recordar una idea que, pese a su aparente sencillez, resulta decisiva en Derecho de Familia.
No toda actuación contraria a Derecho de un progenitor determina automáticamente la medida que reclama el otro, en consecuencia, el menor no puede convertirse en la consecuencia del conflicto entre sus progenitores
El incumplimiento de las reglas que disciplinan el ejercicio de la patria potestad es jurídicamente relevante y no debe minimizarse.
Pero las decisiones que afectan a los hijos no pueden configurarse como un mecanismo de sanción entre progenitores cuando su resultado resulta contrario al interés de aquellos.
En Álvarez Prieto Abogados entendemos que el asesoramiento en Derecho de Familia exige precisamente esa mirada: anticipar las consecuencias jurídicas de las decisiones, valorar las circunstancias de cada familia y evitar, siempre que sea posible, que un conflicto entre adultos termine condicionando innecesariamente el bienestar de sus hijos.