«Modificación de medidas».

El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una herramienta clave en el derecho de familia, ya que permite la adaptación de las medidas judiciales a las circunstancias cambiantes de las partes involucradas.

Su flexibilidad y capacidad de respuesta ante nuevas situaciones aseguran que las resoluciones judiciales se mantengan justas y equitativas a lo largo del tiempo.

Este procedimiento refleja el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos de los menores y de las partes implicadas en un proceso de separación o divorcio, permitiendo que las decisiones se ajusten a las realidades actuales de manera efectiva y justa.

Así, se garantiza que las medidas adoptadas sigan siendo adecuadas, protegiendo los intereses de todos los involucrados.

Es indiferente que el procedimiento previo en que se establecen las medidas portunas, fuera contencioso o de mutuo acuerdo; esto es, dictadas por el Juez, o bien determianda en virtud de acuerdo entre los cónyuges o pareja.

Este procedimiento permite la modificación de las medidas establecidas en una resolución o sentencia judicial previa, cuando las circunstancias que motivaron dichas medidas han cambiado significativamente.

Este artículo otorga a las partes la posibilidad de adaptar las disposiciones judiciales a las nuevas realidades, asegurando así que se mantenga la equidad y la justicia en la aplicación de las medidas.

Contexto y Alcance del Artículo 775.-

El artículo 775 se inserta en un marco normativo que busca proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en procesos de familia, particularmente en situaciones de separación o divorcio.

Las medidas que pueden ser objeto de modificación incluyen, entre otras, aquellas relacionadas con la custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, y la distribución de bienes comunes.

Una característica esencial de este procedimiento es que es aplicable tanto si las medidas originales fueron acordadas de mutuo acuerdo entre las partes, como si fueron impuestas por el juez en un proceso contencioso.

Esto implica que no se distingue entre las decisiones consensuadas y aquellas dictadas en un contexto de conflicto, lo que subraya la flexibilidad del sistema judicial para adaptarse a los cambios en las circunstancias personales o económicas de las partes.

Requisitos para la Modificación de Medidas.-

Para solicitar la modificación de las medidas establecidas, es necesario que se haya producido un cambio sustancial en las circunstancias que fueron consideradas al momento de dictar la resolución original.

Este cambio puede ser de naturaleza económica, laboral, familiar, o cualquier otra circunstancia relevante que afecte la aplicación o la eficacia de las medidas inicialmente establecidas.

El procedimiento comienza con la presentación de una demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó la sentencia original.

La parte que solicita la modificación debe aportar pruebas que demuestren el cambio en las circunstancias.

El juzgado, tras valorar estas pruebas y considerar los argumentos de ambas partes, puede decidir modificar, mantener o incluso eliminar las medidas originales.

Procedimiento Judicial y Desarrollo del Proceso.-

Una vez presentada la demanda, se inicia un proceso judicial en el que ambas partes tienen la oportunidad de exponer sus argumentos y aportar pruebas.

Este proceso puede ser más o menos rápido dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo del juzgado.

Durante el proceso, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas, como informes psicosociales en casos que involucren a menores, o la intervención de expertos para valorar la situación económica de las partes.

En todo momento, el interés superior del menor prevalece, por lo que cualquier decisión relacionada con la custodia, el régimen de visitas o la pensión alimenticia será tomada considerando este principio.

El proceso puede culminar de varias formas: el juez puede decidir modificar las medidas solicitadas, mantener las ya establecidas, o incluso revocar alguna de ellas si se considera que ya no es necesaria.

En cualquier caso, la decisión judicial será motivada, explicando las razones que han llevado al juez a adoptar esa decisión específica, en virtud de lo dispuesto en resolución del Tribunal Contitucional.