La importancia de la fundamentación y prueba en Procedimiento de Modificación de Medidas.

Es ya reiterada la Jurisprudencia que establece que, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales, sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, en base a los principios dispositivo y de rogación, pero en forma alguna tratar de imponerlas a los Juzgadores.

Recurso de Apelación.-

En el presente caso, se impugna la sentencia que desestima la modificación de la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción, al no concurrir los requisitos necesarios para que pueda prosperar la petición de modificación.

En tal sentido, manifiesta la Audiencia Provincial de Madrid, que el recurrente

No acredita en la instancia, por ello se entiende que deviene incumpliendo de esta forma su deber de adjuntar a la demanda los documentos que justifiquen sus pedimentos.

Fundamentación.-

En lo relativo a la prueba.-

La Audiencia mantiene que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios probatorios, en valoración conjunta, con el predominio de la libre apreciación, que es potestad de los Tribunales de Instancia a efectos de casación, pero cuyo criterio también es predicable en parte respecto del recurso de apelación, porque el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre aunque nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez “a quo” forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

En lo relativo a la modificación de medidas.-

Deberemos considerar, en definitiva, que para prospere la modificación de medidas acordadas en proceso de familia, debe acreditarse que han variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas, tal y como lo establece el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como ya hemos apuntado en otros de nuestros post, en que la variación de la circunstancias, debe ser trascendente, no buscada por quien la alega y, sobre todo, debe estar probada.

En la presente causa, no consta acreditado que;

  • La situación del hijo común haya variado.

Si bien consta acreditado que el hijo ha realizado trabajos temporales para el Ayuntamiento, que forman parte de las políticas sociales para la integración de personas con discapacidad.

El hijo habido en común tiene reconocida una minusvalía del 65% de fecha muy anterior a la sentencia de divorcio, al igual que la prestación por hijo a cargo de 357,70€ que le fue reconocida a la madre en el año 2012.

Se considera, pues, por la Audiencia Provincial, acertada la conclusión de la juez de instancia de no advertir ninguna modificación en la situación laboral del hijo común con respecto a la que existía al tiempo de dictarse sentencia.

  • Formación, constitución y atención respecto de una nueva familia, nada se acredita ni se aporta prueba al respecto.
  • Tampoco se acredita que los problemas de salud que le aquejan hayan influido en modo alguno en su capacidad económica.
  • La adquisición de vivienda, ni precio de compra ni la concesión del préstamo hipotecario del que dice pagar 130€; aspecto que no se considera acreditado con un simple extracto de movimientos.

En la presente causa, se estima por la segunda Instancia; el no poder compartir el criterio del recurrente por cuanto, en su día se procedió a la liquidación de la sociedad de gananciales económica conyugal, y ningún desequilibrio, como alega, le produjo la misma, ni consta de tal modo acreditada.

Así la necesidad de atender los gastos de una nueva vivienda, no era una circunstancia novedosa ni nueva ni imprevisible al tiempo de dictarse la sentencia de divorcio, por cuanto que ya en el convenio regulador se establecía que la vivienda familiar se había adjudicado en la liquidación de la sociedad de gananciales a la demandada, y que el demandante debería fijar un nuevo domicilio, lo que conlleva gastos evidentes.

Pese a que la carga de la prueba conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, le corresponde al demandante-apelante, es la parte demandada la que aporta la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales otorgada ante el Notario de Madrid, con fecha 30 de julio de 2014 en la que se atribuyen a cada uno de los hoy litigantes, el 50% del haber ganancial y en concreto, al recurrente, se le adjudicó un total de 43.369,37€, más otra cantidad de 13.315,32€ para compensar el déficit de adjudicación, lo que hace un total de 56.684,69€.

En consecuencia, no acreditada una modificación o alteración, sea sustancial, imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad del recurrente, por lo que debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia en su integridad.

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