Extinción de la pensión y efectos retroactivos del pago de lo indebido.

Hemos querido traer a éste espacio esta resolución del Tribunal Supremo, por ser esclarecedora de diversas cuestiones, la cuales desde hace años siguen en pleno discutiéndose en no pocas salas de vistas.

En la presente causa entra dos cuestiones a debate, la pensión alimenticia, y la pensión compensatoria, las cuales fueron determinadas en oportuno convenio regulador, en procedimiento de separación.

Por ello, en base a nuestro odenacimiento, la Jurisprudencia exisitente y aplicable a la causa, las aciones de los cónyuges, y las diversas situaciones exisitentes;

Esta cuestión, la concerniente a la pensión alimenticia; ya ha sido traida a este espacio, dadas las caracteríticas y particularidades de la misma, así;

En tal sentido, ¿sería posible la devolución al padre, por el pago de cantidades, correspondientes tanto a la pensión alimenticia de los hijos, como de la pensión compensatoria abonada a la que fuera esposa, de aquellas cantidades, no ajustadas, y no tendentes a cubrir a las necesidades de los hijos, y a compensar el desequilibrio por parte de la que fuera esposa?

Deberemos tener en consideración, las siguientes particularidades, partimos en la presente causa de un matrimonio que:

  • Contrajo matrimonio en el mes de Mayo de 1984.
  • Vigente el martimonio nacieron dos hijos, nacidos en los años 1984 y 1986, por lo que tienen de treinta y uno y veintinueve años, respectivamente.
  • Los cónyuges, se contraban separados judicialmente por sentencia de Febero de 1992 , que aprobó el convenio regulador de susucrito por las parte en el mes de Dicimebre de 1991.

En aquel momento ambos hijos eran menores de edad, acordando los cónyuges, mediante oportuno convenio regulador, lo siguiente;

  • Permanencia de los menores bajo la guarda y custodia de la madre.
  • Amplio régimen de visitas respecto del padre.
  • Atribución a la esposa del uso de la vivienda familiar mientras no se procediera a su liquidación, debiendo abonar el esposo una
  • Pensión de alimentos para los hijos de 60.000 pesetas mensuales y una
  • Pensión compensatoria a favor de la esposa de 20.000 pesetas, ambas anualmente actualizables con arreglo al IPC.

Primera Instancia.-

Demanda de divorcio.-

Don Casimiro formuló solicitud de divorcio matrimonial contra doña Pura , en cuya demanda solicitaba que:

Se dictase sentencia decretando el divorcio del matrimonio, legalmente separado, Adopción de las medidas definitivas que interesaba, así propone;

  • La extinción de la pensión de alimentos de ambos hijos.
  • Efectos retroactivos al momento en que se acredite que comenzaron a trabajar.
  • Extinción de la pensión compensatoria con efectos retroactivos a la interposición de la demanda.
  • Se condene a la demandada a devolver las cantidades que ha recibido indebidamente con motivo de los alimentos que se declaren extinguidos.

La que fuera esposa, en su escrito de conestación a la demanda se opone taxativamente a la extinción de las pensiones; tanto de alimentos de los hijos, así como a la extinción de la pensión compensatoria., que percibía la misma.

Esta primera Instancia, dictó sentencia cuyo parte dispositiva declaró:

  • Extinguida la obligación del Sr. Casimiro de abonar a la Sra. Pura la pensión de alimentos del hijo Jesús Carlos con efectos desde el mes de mayo de 2015,
  • Devolución por parte de doña Pura reintegrar a don Casimiro las cantidades indebidamente percibidas por alimentos del referido hijo desde el mes de mayo de 2015 incluido éste.
  • Asimismo declaró extinguida la pensión compensatoria a favor de la esposa, con efectos desde la presente resolución.

Si bien, la mayor parte de la ocasiones, omitimos la fundamentación de la sentencia de priemra y segunda instancia, toda vez, que el propio Tribunal Supremo en la resolución ya aclara o determina los puntos divergentes respecto de las resoluciones de las instancia anteriores,; y el motivo y el fundamento del presente espacio, el conocer la perspectiva y criterios del propio organo Judicial, si hemos de llamar la atención de la fundamentación dada por la Instancia respecto de la resolución dictada

La motivación de primera instancia, para la determinación del crierio se circunscrubió en:

  • En cuanto a los alimentos del hijo Jesús Carlos , va a acordarse igualmente la extinción de sus alimentos, una vez que se ha reconocido por la demandada que el hijo dejó de convivir con ella desde el mes de mayo o junio pasado, de forma que en ningún caso concurren desde ese momento los presupuestos del art. 93-2 del Código Civil para que el hijo pueda seguir siendo merecedor de tales alimentos.

La extinción de la pensión de alimentos del hijo Jesús Carlos sí que tendrá efectos retroactivos desde mayo de 2015, teniendo en cuenta que desde el momento en que el hijo dejó de convivir con la madre, ésta no debió percibir ninguna cantidad por alimentos del hijo en cuestión, debiendo haberlo comunicado al padre para evitar el pago de nuevas pensiones alimenticias, sin que lo llevara a efecto, incurriendo en un claro supuesto de cobro de lo indebido, por lo que la demandada deberá devolver las cantidades indebidamente percibidas por alimentos del hijo Jesús Carlos desde el mes de mayo de 2015.

  • En relación con la extinción de la pensión compensatoria, y tras unas consideraciones doctrinales sobre dicha pensión, expone que nos encontramos con que los cónyuges contrajeron matrimonio en Mayo de 1984, suscribiendo convenio regulador de separación en Diciembre de 1991, aprobado en sentencia de Febero de 1992 .

El convenio regulador estableció una pensión compensatoria a favor de la esposa de 20.000 pesetas mensuales, sin especificar las circunstancias tenidas en consideración, aunque son parámetros claros que la convivencia matrimonial debió durar unos ocho años y que la esposa tenía treinta años al tiempo de dictarse la sentencia de separación.

Los hijos eran entonces menores de edad y quedaban bajo custodia materna.

El esposo regentaba en aquel momento un negocio familiar de cristalería que al parecer fue posteriormente traspasado a la esposa.

Se ha reconocido en la propia demanda que a pesar de la separación judicial los cónyuges siguieron ocupando la misma vivienda hasta aproximadamente el año 2013.

Consta acreditado acreditado un descenso en la posición económica del actor, derivada del hecho de su jubilación, pasando a percibir una pensión de unos 1.300 euros mensuales netos, constando la existencia de deudas derivadas del negocio familiar de cristalería y el embargó de la vivienda de su propiedad sita en DIRECCION000 , debiendo el actor abonar la renta mensual de la vivienda de alquiler municipal que asciende a 249 euros, y habiendo sido derivado por los servicios sociales de base al banco de alimentos.

Por otra parte, han transcurrido más de veintitrés años desde que se estableció la pensión compensatoria a favor de la esposa, periodo más que razonable para que la esposa, relativamente joven al tiempo de la separación, hubiera podido consolidar una situación de inserción en el mercado laboral.

La esposa de hecho desempeñó actividad profesional con alta en el régimen de autónomos desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de mayo de 2005. Consta asimismo la adquisición por la esposa de un inmueble en DIRECCION001 mediante escritura de Marzo de 2014.

En las circunstancias expuestas y transcurridos más de veintitrés años desde que se estableció la pensión compensatoria, el desequilibrio económico en su momento previsto al establecer la pensión debería estar ya superado con toda probabilidad, y si esto no ha podido tener lugar por las circunstancias de falta de formación de la esposa, se trata de impedimentos derivados de circunstancias inherentes a la persona de la esposa pero que no pueden trasladar sobre el esposo una obligación de abonar la pensión compensatoria sine die o por tiempo ilimitado, una vez que ha transcurrido un plazo más que razonable para la corrección del desequilibrio en circunstancias normales.

Por todo lo expuesto, se considera que el desequilibrio en su momento apreciado derivado exclusivamente del matrimonio y no de las circunstancias personales de la demandada como lo es su falta de formación -que no pueden repercutirse sine die sobre el esposo una vez finalizado cualquier vínculo de solidaridad familiar- ha quedado corregido en la forma expuesta, procediendo declarar extinguida la pensión conforme al artículo 101 del Código Civil .

Segunda Instancia Audiencia Provincial.-

Recurso Apelación.-

Como no podría se de otra manera, la esposa, y demandada, interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia, del que conoció la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizcaia que dictó sentencia en el mes de Mayo de 2016 desestimatoria del recurso.

En su motivación, la Audiencia Provincial realiza el siguiente examen de la cuestión:

Nada hay que decir a la extinción de los alimenticias, el mismo tratamiento debe darse a la compensatoria,

Así respecto de esta última, pensión compensatoria, simplemente se ha de concatenar el hecho de matrimonio con data 1984, con separación en 1.992, y los fácticos trascendentes, al folio 123, informe de la S.S. vida laboral de la acreedora de la compensación, en donde se explicita actividad entre 1.998 y 2.005, prueba directa, y prueba de inferencia, presuntiva, el dato de adquisición de inmueble el 6 de marzo de 2.014, se recoge en instancia y no se refuta.

Esto es, la Audiencia, además de tener en consideraicón los criterios jurídicos, desarrolla aún mas la cuestión, y analiza los hechos de facto en cada momento, el desarrollo de los mismos y la vinculación entre ellos.

Evidencia que de la ruptura, el desequilibrio inicial, la necesidad temporal de ayuda para formación o inclusión en quehaceres profesionales de los que dimanan los ingresos y estabilidad vivencia, ya había sido superado, se accede a haberes y hay capacidad para compra con sustantiva cifra económica, la dimanante de toda adquisición inmobiliaria, concatenamos fechas y afirmamos que la acreedora resuelve el inicial desequilibrio, necesidad, por lo que decae su derecho, a más el obligado vemos que se encuentra, afirmable, decadencia en la obtención de ingresos, residencia bajo fórmula de alquiler municipal y deriva al banco de alimentos por los servicios sociales.

En relación con los efectos de la extinción de la pensión alimenticia de Jesús Carlos , el tribunal de apelación, también literalmente, expone lo siguiente:

  • El recurso, ante la precariedad de las extinciones queda centrado en hacer frente a la condena de la instancia de devolver la alimenticia de uno de los hijos, Jesús Carlos , desde mayo de 2.015, por no convivir con la madre, se nos dice que debe haber sentencia que anule lo declarado por otra, que no cabe que fáctico abata la obligación. Discrepando de la posición alzante indicar:

No cumplimiento de la requisitoria del artículo 93.2 del Código Civil, el hijo mayor de edad no convive con la madre desde la fecha indicada, mayo de 2.015, y apenas tiene ingresos propios, capacidad económica.

Simplemente el no cumplir los presupuestos que dan derecho motiva decaimiento, y la no existencia de los mismos es de manera rotunda, clara, nítida, no cabe duda o discrepancia interpretativa, que diera pie a amparar disfrute en base a seguridad jurídica dimanante de la sentencia.

  • En concatenación reafirmando, lo concluyente es el no cumplirse la requisitoria, no convive y tiene ingresos, capacidad económica, nos lleva en unión a no poder solidificar un manifiesto abuso de derecho, algo externamente legal, sentencia, que daña un interés no protegido, la propia realidad del obligado, explicitándose inmoralidad en el hacer/conducta, que se desarrolla en :
  • Me amparo en una resolución, sé que no se cumplen los presupuestos que dieron lugar al derecho que nace de la misma, y sigo beneficiándome dañando al inicialmente obligado.
  • No cabe amparo de ese proceder, y en iteración la duda fáctica sí me protege, pero la nitidez del hecho hace decaer mi derecho, hace que mi conducta no sea protegjble/amparable y haga emanar afirmación de instancia, incardinación en un cobro indebido, por quien recepciona, concatenación absoluta de conocimiento entre hijo y madre, generador y receptora, en consecuencia ajustada devolución/abono declarada en instancia.

Tribunal Supremo.-

Recurso de casación.-

No se interpone recurso extraordinario por infracción procesal para, con cita del artículo 24 Constitución Española y requisitos exigidos por la sala, denunciar error en la valoración de la prueba.

Por tanto, se insta únicamente recurso de casación

por interés casacional, en los términos que se expondrán más adelante. La parte recurrente, fundamenta el Recurso de Casación en los siguientes términos:

como preámbulo de su recurso, centra el objeto de éste en los siguientes términos:

Formula los motivos casacionales, al amparo del artículo 477.2.3° de la Ley Procesal , por existencia de interés casacional al oponerse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4.

  • A la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, con infracción de los artículos 111 , 113 , 116 , 154 y 148 del Código Civil.
  • Jurisprudencia, principalmente las sentencias del Tribunal Supremo abril de 1913 , que confirma la línea jurisprudencial de las Sentencias de junio de 1885 , y octubre de 1897 , que establecieron que los alimentos no tienen efecto retroactivos, ya que mantienen que; “de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida“.

Por opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, interpretadora el artículo 97 del Código Civil , con sus concordantes, y a virtud de la cual es improcedente la extinción de la pensión compensatoria pactada entre los cónyuges, al amparo del artículo 1.323 del del Código Civil , salvo que existan, y se acrediten modificaciones sustanciales en las causas que determinaron el reconocimiento del derecho artículo 101 del del Código Civil.

En el propio desarrollo de recurso, afirma la recurrente que en el supuesto de apreciarse claro fraude de Ley , artículo 6.4 del Código Civil; abuso de derecho o mala fe, en virtud de lo dispuesot en el artículo 7 del Código Civil, por parte del perceptor de la pensión -aquí, don Jesús Carlos -, por falta de necesidad del alimentista o bien falta de los presupuestos para su devengo (independencia económica, falta de convivencia…) es a él y no a doña Pura , a quien procede reclamar la cantidad indebidamente pagada, pero en caso alguno, a su progenitora, máxime cuando don Jesús Carlos , a presencia judicial, en el acto de la vista oral celebrada en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4, admitió de forma expresa el haber recibido, y consumido, el importe de las pensiones alimenticias desde mayo de 2015.

FUNDAMENTACIÓN.-

En evitación de confusiones que oscurezcan el debate se ha de tener en cuenta que la pensión alimenticia que ha venido percibiendo la recurrente lo es, en la actualidad, con destino a hijos mayores de edad, al amparo de lo previsto en el artículo 93. 2 del Código Civil.

Por tanto hemos de soslayar toda doctrina relativa a pensión alimenticia a favor de hijos menores de edad.

A partir de tal dato fáctico resulta de sumo interés traer a colación la sentencia de marzo de 2017 , para entender la legitimación de la recurrente para ser perceptora de la pensión alimenticia, aunque destinada a contribuir a las necesidades de tal naturaleza de sus hijos mayores de edad.

Afirma lo siguiente:

La ley 11/1990, de 15 octubre, añadió el párrafo segundo del artículo 93 CC , incorporando que se permitiese fijar los alimentos de los hijos mayores de edad en la propia sentencia que resuelve el proceso de nulidad, separación o divorcio.

“En concreto, establece que “si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código .”.

La doctrina ofreció varias razones para justificar esta previsión normativa. Ya por economía procesal, para evitar otro proceso, este de alimentos a instancia de los hijos. Ya para evitar que éstos tuvieran que enfrentarse con los padres o con alguno de ellos. En cualquier caso daba respuesta a una necesidad social acuciante, que era proteger al hijo que, aún siendo mayor de edad, no era independiente económicamente y habría de convivir con alguno de sus progenitores.

Este párrafo del artículo 93 CC ha dado lugar a cuestiones muy controvertidas, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial.

La que es relevante a efectos del recurso, y de otra parte la más cuestionada, es la relativa a la legitimación del progenitor que reclama alimentos en el proceso matrimonial a favor del hijo que convive con él.

“Se ha cuestionado si se trata de una legitimación directa o indirecta, y si fuese esta última si es legitimación por sustitución o legitimación representativa.

“El origen del problema se encuentra en que el artículo 93.2 CC establece como requisitos para su aplicación los siguientes:

  • Que los hijos mayores carezcan de ingresos propios, lo que se interpreta por doctrina y jurisprudencia en sentido amplio, esto es, no como una falta total de ellos sino que sean insuficientes.
  • Que los hijos mayores convivan en el domicilio familiar, lo que también ha merecido una interpretación extensa.

El primer requisito no hacen más que reconocer el derecho de alimentos de los hijos mayores en virtud del artículo 143 CC , siendo ellos, pues, los necesitados.

El segundo requisito, que es la novedad, justifica el nuevo cauce procesal para reclamar los alimentos de los hijos mayores, en concreto que se fijen en el proceso matrimonial.

“Tiene el precepto la laguna de no concretar, dentro del proceso matrimonial, la legitimación para reclamarlos.

Se echa en falta la existencia de una norma, como sucede en otros ordenamientos, que expresamente conceda legitimación al progenitor convivente con el hijo mayor de edad para solicitar la contribución del otro en el sostenimiento del hijo.

A consecuencia de la citada laguna ha tenido que ser la jurisprudencia la que haya tenido que decidir la cuestión, y así lo hace la sentencia, de abril de 2000, ampliamente comentada por la doctrina científica y citada en todos los recursos sobre la materia.

En el presente litigio la cita tanto la parte recurrente como la recurrida.

“En esta sentencia se declara la exclusiva legitimación del progenitor convivente en lo que se refiere a los alimentos del hijo mayor de edad, pero naturalmente siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el precepto tal como se interpretan jurisprudencialmente.

Por tanto la sentencia de abril de 2000, seguida por la de Julio de 2014, ha supuesto un cambio del estado de la cuestión al dejar claro que la legitimación la tiene el progenitor que convive con el hijo mayor, que es lo ahora relevante, sin entrar en opiniones doctrinales todas dignas de consideración.

Más adelante añade que el hecho de que se decida en el proceso matrimonial sobre los alimentos de los hijos mayores se fundamenta no en el derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, que es indudable, sino “a la situación de convivencia en que se hayan respecto a uno de sus progenitores.

Por tanto, desde que los hijos de la recurrente alcanzaron la mayoría de edad, la legitimación de ella para percibir la pensión alimenticia se fundó en la previsión del artículo 93.2 CC .

Conviene traer a colación la sentencia de julio de 2017, que, al decidir sobre los efectos temporales de la sentencia que extingue la obligación alimenticia, contiene la siguiente declaración:

Es doctrina reiterada de esta sala, entre otras Octubre 2008, Marzo 2014 y Octubre 2016, que “cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente

Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, en el artículo 106 del Código Civil y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Razones que llevan a la Sala a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.

En segundo lugar, es también reiterada doctrina, desde la vieja sentencia de Abril de 1913 , que confirma la línea jurisprudencial de las sentencias de junio de 1885 y Octubre de 1897 , citadas en la de abril de 2015 y septiembre de 2016 , que los alimentos no tienen efectos retroactivos, “de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida”.

Apreciese que se afirma pensiones percibidas y se añade “por supuesto consumidas”.

Y es que el efecto no retroactivo de la modificación de alimentos tiene sus raíces en el carácter consumible de los mismos.

De ahí, que las sentencias que, tratándose de hijos mayores de edad y litigios entre los progenitores, han fijado el efecto de la modificación de la pensión alimenticia desde la fecha de la sentencia se hayan dictado en supuestos en que los alimentos habían sido consumidos por los hijos beneficiarios; sentencias de Diciembre de 2015 , y de julio de 2017, por seguir conviviendo con su progenitor.

Sin embargo, en el caso sometido a la decisión de la sala, y desde el escrupuloso respeto a los datos fácticos de la sentencia recurrida, lo que consta es que el hijo Jesús Carlos goza de ingresos propios y dejó de convivir con su madre; por lo que la cuestión no gira alrededor de las necesidades alimenticias de Jesús Carlos , tema que queda extramuros de este procedimiento, sino en si la recurrente dejó de estar legitimada para percibir la pensión alimenticia, al amparo del artículo 93. 2 CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su subsistencia.

Desde que el hijo Jesús Carlos dejó de convivir con la madre, el único legitimado para reclamar alimentos a su progenitor era él, al ser mayor de edad.

Aunque se trataba de un supuesto de pensión compensatoria, y no de pensión alimenticia, la sala en la sentencia de julio de 2018, negó el efecto de su extinción a la fecha de la sentencia, ya que la perceptora había ocultado al obligado la concurrencia de una causa objetiva de extinción de la pensión, cual es la convivencia marital con otra persona.

En el caso enjuiciado habían desaparecido las bases fácticas para que la recurrente tuviese legitimación para seguir percibiendo la pensión alimenticia de un hijo mayor de edad, y no lo comunicó al alimentante.

Además la sentencia recurrida, como ratio decidendi concurrente y no simple argumento ex abundantia , apoya su resolución en la necesidad de no consagrar “un manifiesto abuso de derecho”, en el que entiende una connivencia entre madre e hijo.

Por todo lo expuesto el motivo debe desestimarse.

En la “Cláusula Octava”, del Convenio de diciembre de 1991, don Casimiro , asume el compromiso de abonar a doña Pura , en concepto de pensión compensatoria del artículo 97 del CC, la cantidad de 20.000 ptas. mensuales (120,20€), con actualización anual en base a las variaciones del IPC.

El tantas veces aludido Convenio data de diciembre de 1991, fue redactado para regular las consecuencias personales y patrimoniales de la separación de los esposos y también con una finalidad a futuro.

Por eso, en la “Estipulación Décimo-primera”, los firmantes pactan:

Décimo primera.- Ambos cónyuges se comprometen desde este momento a la tramitación de la demanda de divorcio, una vez transcurra un año desde la interposición de la demanda de separación, lo que llevarán a cabo por el procedimiento establecido en la Disposición Adicional 6..a de la Ley 30/81 de 7 de Julio , declarando como válido a todos los efectos el presente Convenio Regulador del que pedirán su ratificación en el proceso de divorcio que se incoe, renunciando expresamente a cualquier tipo de reclamación.

Decisión de la sala.

Primero.- El problema que plantea el motivo es si el derecho dispositivo de la pensión compensatoria permite que en un convenio regulador se puedan pactar las causas por las que procedería la modificación o extinción de la pensión alterando el régimen general previsto en los artículos 100 y 101 CC .

La sentencia de marzo de 2014 fijó como doctrina jurisprudencial que;

a los efectos de la modificación de la pensión compensatoria, no es alteración sustancial que el cónyuge acreedor de la pensión compensatoria, obtenga un trabajo remunerado, si en el convenio regulador se ha previsto expresamente que esta circunstancia no justificará la modificación de la pensión“.

Considera la sala que se está en presencia de una norma de derecho dispositivo y no imperativo, artículo 97 CC y que, por ende, nada obsta a reconocer que las partes podrían libremente acordar que la pensión podía ajustarse a parámetros determinados y diferentes a los usualmente aceptados por los cónyuges en situación de crisis.

La sala ya había analizado un caso análogo al problema que aquí se plantea en la sentencia de abril de 2012 .

La más reciente, de diciembre de 2015, hace una recopilación de la doctrina de la sala en los siguientes términos:

Es reiterada doctrina de esta Sala, en senda sentencias de abril de 2012 y Marzo de 2014 la siguiente:

1.º La pensión compensatoria es un derecho disponible por la parte a quien pueda afectar.

Rige el principio de la autonomía de la voluntad tanto en su reclamación, de modo que puede renunciarse, como en su propia configuración.

2.º Los cónyuges pueden pactar lo que consideren más conveniente sobre la regulación de las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la separación.

La STS de marzo de 2011 , confirma esta doctrina, recogiendo sentencias de esta Sala que ya habían admitido esta validez, a partir de la trascendental sentencia de 2 abril 1997 .

El convenio es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos

Desde la perspectiva del artículo 101 CC , puede afirmarse con carácter general que el reconocimiento del derecho a pensión en juicio anterior de separación no constituye óbice para declarar su extinción en el posterior pleito de divorcio de considerarse acreditado el supuesto de hecho normativo a que se refiere dicho precepto, y que fue causa de su reconocimiento.

3.- No obstante, cuando la pensión por desequilibrio se haya fijado por los esposos de común acuerdo en convenio regulador lo relevante para dilucidar la cuestión de su posible extinción sobrevenida es el valor vinculante de lo acordado, en cuanto derecho disponible por la parte a quien pueda afectar, regido por el principio de la autonomía de la voluntad. “

Si la anterior doctrina se aplica el caso de autos el motivo no puede ser estimado, pues la interpretación que hace la parte recurrente de la cláusula décimo primera del convenio de 27 de diciembre de 1991 no puede conducir a extraer el resultado pretendido.

Es cierto que ambos cónyuges pactaron que el convenio de esa data, acordado para la separación conyugal, sería válido para el posterior proceso de divorcio, pero también es cierto que ello se encontraba estrechamente entrelazado con el compromiso de ambos cónyuges, contenido en la misma cláusula, de tramitar la demanda de divorcio, una vez transcurrido un año desde la interposición de la demanda de separación; lo que, a todas luces, no se ha cumplido, por avatares matrimoniales entre los cónyuges.

Enunciación .-

Por infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, al presentar interés casacional la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya. sección 4.ª, en mayo de 2016, considerando que existe ese interés casacional, toda vez que la meritada sentencia se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo con infracción de los artículos 97 y 101 del CC , que aplica indebidamente, pues la pensión compensatoria pactada entre las partes, solo puede modificarse por “alteraciones” en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen, en la redacción del artículo 100 del CC , tras la Ley 15/15, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, infringiendo también el citado artículo 100 del CC , que aplica de forma contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sala 1.ª, que resulta de la sentencias de enero de 2012 . febrero de 2014 , marzo de 2014, marzo de 2014 y de junio de 2015 .

En el desarrollo del motivo la parte recurrente pretende que la sala valore circunstancias fácticas que resultan acreditadas de la prueba documental, declaraciones de las partes en el acto del juicio oral y testificales de los hijos del matrimonio, que no han sido tenidas en cuenta por la sentencia recurrida.

Decisión de la sala.

  • Procede la inadmisión del motivo, que en esta fase procesal supone su desestimación.
  • La parte recurrente se centra en el recurso en alterar la base fáctica de la sentencia.

A tales efectos se debe recordar que es doctrina constante de la sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada

Como consecuencia de lo cual, y aquí no ha sucedido con fidelidad, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, por otros auto de la sala de junio de 2017.

Finalmente, y si se hubiese estado solo a las valoraciones jurídicas que hace el tribunal de apelación de los hechos que declara en su sentencia, se habría de concluir que no ofrecen tacha de arbitrariedad o irracionalidad como para fundar un interés casacional, pues ambas sentencias, sobre todo la de primera instancia, a la que remite la recurrida, conocen y aplican la doctrina de la sala.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394.1 y 398. 1 LEC , procede imponer a la parte recurrente las costas del recurso.

FALLO:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por doña Pura contra la sentencia de mayo de 2016, dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, recurso de apelación núm …/2016 , dimanante de autos de divorcio contencioso núm. …/2014 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Bilbao.

2.º- Confirmar la sentencia recurrida cuya firmeza se declara.

3.º- Imponer a la parte recurrente las costas del recurso.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

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