Régimen económico en uniones de hecho.

La constitución de una unión de hecho o unión paramatrimonial, posee una serie de complejidades, de las que estamos dando cuenta en los post que estamos publicando ultimamente; y todo ello, por el entramado de situaciones y circunstancias, que día a día nos plantean los clientes, y que con el paso del tiempo, tratando estas cuestiones, hemos querido determinar y puntualizar, en base a nuestra especialización y larga trayectoria.

Uniones de Hecho. ¿Qué nos distingue del matrimonio?

Requisitos que constituyen una unión o pareja de hecho, y su validez

¿Cómo puedo acreditar la unión o pareja de hecho?. Medios y forma de prueba.

Y todo ello, por que, en la mayor parte de las ocasiones, no conocemos las cuestiones que de trasfondo poseen ciertas figuras jurídicas, o si las conocemos, no las damos la menor importancia, embebidos por el amor que sentimos por la otra persona, o en principio como forma de adaptación hasta ver si la persona es la adecuada para contraer matrimonio. Pero en el transcurso de los día, los meses, los años, podemos vernos sumidos en circunstancias, que posteriormente debemos solventar, y que son muy distintas de las circunstancias que se dan el el matrimonio.

Así, sucede, que nacen hijos, se adquieren viviendas o se arriendan, se rompe la unión, se fallece, etc…; y el estos casos; ¿a qué nos enfrentamos?, ¿Què derechos podemos ejercer?, ¿Tenemos derecho a una pensión de la seguridad social?, ¿puedo ser heredero de mi pareja, o por el contrario heredarán en caso de fallecimiento sus familiares?, ¿Que derecho tienen mis hijos?.

¿Que nos queda después de compartir o haber compartido unos años de nuestra vida?

Bien pues a todo esto procederemos a responder, no sólo en el presente post destinado a la regulación económica en las parejas o uniones se hecho, sino a través de los siguientes post, de los que iremos dando, no solo buena cuenta, sino que ademas, enlazaremos y vincularemos unos con otros, a fin de que los interesados en el presente tema, puedan conocer y profundizar, sin perderse detalle, de todos aquellos aspectos y cuestiones que les interese.

Unos de los aspectos mas interesastes y mas contrivertidos en el el régimen o sisitema economico exisitente en la pareja o unión.

Como ya expusimos en post anterior, las uniones de hecho, no poseen los mismos derechos que los de un matrimonio, entre otras cuestiones, por entender, tanto la Doctrina y la Jurisprudencia, que no es deseo de la pareja de obligarse; por ello queda a voluntad de los miembros de la unión el establecer unas pautas o acuerdos por los que se regirá su unión mientras subsista o bien mientras subsista y finalice; señalando que las uniones paramatrimoniales merecen el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio, por lo que no cabe trasponerle el régimen jurídico de éste, salvo en algunos de sus aspectos tal y como hace nuestros Tribunal Supremo.

Por ello, en base a la postura determinada por la Jurisprudencia; cabe deducir que, en principio, los convivientes en unión de hecho lo que buscan precisamente es quedar excluidos de la disciplina matrimonial, conservando cada uno su total independencia frente al otro, no queriendo contraer las obligaciones recíprocas, personales y patrimoniales, que nacen del matrimonio.

Pues bien, esto no sucede en as uniones de hecho, no entra en vigencia para los miembros de la pareja sistema económico alguno. Entiende, nuestro alto Tribunal, y así lo ha plasmado entre diversas Sentencias, que;

voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo matrimonial es consustancial a la unión de hecho, de ahí el rechazo a la aplicación por “analogía legis” de las normas propias del matrimonio, entre las que se encuentran las relativas al régimen económico matrimonial; lo que no empece a que puedan éstas, y, en general, las reguladoras de la disolución de comunidades de bienes o de patrimonios comunes, ser aplicadas , bien por pacto expreso, bien por la vía de la “analogía iuris” -como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios inspiradores del ordenamiento a partir de un conjunto de preceptos y su aplicación al caso no regulado, cuando por “facta concludentia” se evidencie la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común

Puntualizando; que las uniones de hecho merecen el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio, por lo que no cabe trasponerle el régimen jurídico de éste, salvo en algunos de sus aspectos.

Ya que hacemos referencia a la cuestión del ámbito familiar, bien se forme de una u otra manera; es la propia Constitución Española, la que determina la protección y ambito del mimos en lo concerniente no sólo al ámbito familiar, sino al individual, si bien no, se refiere en momento alguno a las uniones de hecho; tampoco existen un rechazo en el conjunto de la misma, por lo que deberemos referirnos a estos aspectos, a través de su articulado.

En lo concerniente al aspecto individual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 como manifestación de derecho fundamental a “libre desarrollo de la personalidad”, y vinculado a ella; la susceptibilidad de constituir con ella una familia tan protegerle como la creada a través de unión matrimonial, como establece el artículo 39; no es menos cierto que dicha unión libre o de hecho no es una situación equivalente al matrimonio.

Por lo que respecta al ámbito de protección de la familia en forma genérica, es decir, como núcleo creado tanto por el matrimonio, como por la unión de hecho, y, por otro lado, está orientada para que los contratos de naturaleza patrimonial entre personas que viven juntas como parejas no casadas o que se regulen las relaciones patrimoniales entre las mismas, ya sea por el período ulterior a su casación, no puedan tenerse como nulas, por la única razón de haberse concertado en dichas situaciones, así pues, en un terreno tan delicado y complejo como el que se trata, las soluciones, en la medida de lo posible, deben adoptarse caso por caso; así se desprende del su artículo 32 , en relación con lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta Magna.

Todo ello, deviene del reconocimiento de la  legalidad; sin que pueda constituirse de manera contraria a la Ley y la moralidad, 

Por tanto, si la pareja no procedió a suscribir convenio regulador, alguno, por el que establecieran unos pactos por los regir sus relaciones económicas, es decir; determino de algún modo, y por sometimiento expreso a alguno de los distintos regímenes económicos matrimoniales regulados en el Código Civil se plantea el problema de ¿cómo se regulan las relaciones económicas de la unión de hecho, no sólo constante la convivencia, sino también para el caso de la ruptura de la unión?

En cualquier caso el hecho de que los miembros de la unión, no deseen poseer las limitaciones o aspectos concretos, determinados y aplicables respecto del matrimonio, y/o deseen llevar a cabo la relación fuera del régimen jurídico del matrimonio; tal y como fundamental la Doctrina y la Jurisprudencia, no es óbice para que jurídicamente no se atiendan ciertas cuestiones, situaciones y circunstancias desde un punto de vista legal, toda que, el Código Civil, determina en el cuerpo del mismo, modos de poder realizarlo, sin que por ello se desatiendan las importantes consecuencias que se pueden producir en determinados supuestos, entre ellos el de la extinción, la sucesión, pensiones, y derechos respecto del otro cónyuge, o por el mero hecho de serlo.

Uno de los aspectos que no se admiten jurisprudencialmente es la existencia de un régimen económico matrimonial en las parejas no casadas, salvo que se haya pactado por los convivientes una comunidad de bienes u otro sistema; por tanto existe un medio para poder regular el aspecto económico, tanto para la vigencia como para cese o ruptura del mismo.

La unión paramatrimonial por el mero hecho de iniciarse, no conlleva el nacimiento de un régimen de comunidad de bienes. Así por ejemplo, los bienes adquiridos por alguno de los convivientes constante la unión de hecho, por el solo hecho de su existencia, no pueden hacerse comunes a ambos. Pertenecerán a aquel de ellos que los adquiera, y, si los hubiesen adquirido en común, pertenecerán a ambos en copropiedad.

Hemos de advertir, que es cuando cesa la convivencia surge el problema de la liquidación de los bienes adquiridos durante la misma; y es en ese momento cuando surge la necesidad de la disolución y adjudicación de la titularidad compartida sobre los bienes comunales, sin que represente obstáculo eficiente el que la titularidad de todos o algunos de dichos bienes aparezca a favor de alguno de los componentes de la unión de hecho, debiéndose efectuar en posiciones igualitarias, y a la que se debe aplicar, sin duda, el régimen de Comunidad de bienes, establecido y regulados en los artículos 392 y siguientes del Código Civil. En su caso, y no existiendo acuerdo suscrito entre ambos, se deberá acudir a los medios de prueba, tal y como determinamos en nuestro anterior post; ¿Cómo puedo acreditar la unión o pareja de hecho?

Tampoco podemos ampararnos en el concepto de societario irregular, toda vez, que la Doctrina, toda vez que niega el carácter de sociedad universal de ganancias entre los convivientes more uxorio ; el carácter de la sociedad universal, no se halla tanto en la comunicación de los patrimonios actuales o de las ganancias futuras de los socios, sino en el significado que dicha comunicación tiene en el plano causal, esto es; la intención de crear una comunidad de vida; Para lo que la doctrina supone, de dotar a la comunidad de vida previamente construida de una infraestructura patrimonial adecuada,

  • Se requiere de affectio societatis.
  • La Voluntad requerida, no se infiere de la existencia de la unión de hecho

Este aspecto ya lo resaltamos en nuestro post anterior, y en su caso, cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su estado como tengan por conveniente, respetando los límites generales del artículo 1255 del Código Civil, o bien que conductas significativas o de actos con ese mismo carácter patenticen que quieran constituir una sociedad o una comunidad de bienes

Por lo tanto, en defecto de pacto, expreso o tácito, es absoluta la separación patrimonial de los convivientes y en caso de pretender cualquier acción de resarcimiento entre los convivientes con motivo de la unión de hecho habrá de acudirse a la doctrina del enriquecimiento sin causa.

Elaboración de Capiutalciones.

Ya comentamos, que en rigor, las capitulaciones matrimoniales, comunicante están a disposición de los contrayentes o matrimonio, ya se realicen previo al matrimonio, o posteriormente, con la finalidad de modificar el régimen económico matrimonial existente hasta la fecha, en a que se modifique.

Pero como recordarán, ya apuntamos a una posibilidad que se asemeja a las Capitulaciones matrimoniales, basándonos en los dispuesto en el artículo 1255 del Código Civil. Así, los pactos o convenios reguladores de las relaciones y efectos de la unión de hecho celebrados entre sus integrantes, tanto durante su permanencia como al momento de su extinción, son lícitos con la excepción de aquellas materias excluidas de la disposición de las partes, alcanzando el rango de norma de preferente aplicación en materia patrimonial; sin que en momento alguno pueda determinarse la nulidad del mismo, por el mero hecho de haber sido suscrito por parejas de hecho paramatrimoniales.

Eso sí, ya adelantamos, que los mismos deberán cumplir los requisitos
de los contratos, como las limitaciones jurídicas existentes 
en el ámbito del derecho de Familia

Y esto es, por el hecho que existen materias, las cuales no están a plena disposición de las partes o contratantes, como pudiera ser, entre otras, la de los alimentos de los hijos ante a su disposicióny cuantas medidas puedan afectarles directamente, ya que igual que ocurre en el convenio regulador de la crisis matrimonial, dichas materias escapan de la libre disponibilidad de los cónyuges, y ha de formar parte, necesariamente, del contenido de la Sentencia que se dicte en un proceso de separación, nulidad o divorcio.

Por ello cabe la aplicación analógica de los dispuesto en el artículo 90 del Código Civil, en cuanto regula los requisitos del convenio regulador para los casos de mutuo acuerdo en la regulación de los efectos derivados de la ruptura de la unión extramatrimonial con relación a los hijos habidos de la misma, que si bien, por lo dicho, no son vinculantes para el Juzgador sí sirven por lo menos como criterio orientativo a la hora de adoptar las correspondientes medidas acerca de los alimentos, guarda y custodia, uso y disfrute de la vivienda familiar y ejercicio del derecho de visitas.

Es la propia Jurisprudencia la que expresamente,  considera que la validez de los pactos que quienes constituyen una unión no matrimonial pudieran celebrar para regular sus relaciones; tanto durante la permanencia de su relación como los efectos en caso de producirse el cese, tienen plena validez siempre que su contenido sea patrimonial dado que, en definitiva, quienes así obran no hacen sino hacer uso de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1255 del Código Civil .

En tal sentido, las partes tienen la capacidad de establecer las disposiciones a fin de regular la economía o ciertos aspectos de carácter económico, con las limitaciones que a ley determine, y le sean de aplicación; pero estos acuerdos, y para el caso que regulen o pretendan regular alguna otra cuestión que excede de los límites del ámbito de autonomía de la voluntad del referido artículo, sin embargo, in concreto sí excede de tales límites un pacto que pretendiese la aplicabilidad del régimen de gananciales, ya que las normas de derecho de familia son, en principio indisponibles y de orden público; si la ley regula su aplicabilidad a un caso concreto, matrimonio, se han de ceñir a tal ámbito.

La validez de dichos acuerdos dependerá de las aspectos o fundamentos, condiciones y requisitos obligacionales, así como la finalidad de los mismos, en base a lo dispuesto en los artículos 10 y 18 de la Constitución Española, así como el artículo 1271 del Código Civil, entre otros, relativo al objeto de los contratos.

Además de ello, 
deberán tener las partes total capacidad  
para otorgar la requerida voluntad. 

Debemos, además de los que hemos expuesto anteriormente, partir de una premisa importasen.

Cierto que hemos partido, a fin de concretar la disposición de los miembros de la unión de hecho, en lo que se refiere a la capacidad de disponer las clausulas por las que discurrirá su relación en su aspectos económico, tanto l inicio, como en el transcurro, como a la finalización de la unión; tanto de la Doctrina como de la Jurisprudencia referida al ámbito de la regulación del aspecto económico de las uniones de hechos, o paramatrimoniales, y posteriormente a su amparo legal mediante normativa aplicable; pero nuestra Carta Magna, también nos da amparo respecto del ámbito en el que nos encontramos.

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la normativa reguladora del régimen económico-matrimonial, dispuesta en el Código Civil, no puede considerarse automáticamente aplicable a toda unión libre, por el mero hecho del surgimiento de la misma; ahora bien, en base a los derechos fundamentales determinados en la Constitución, como la tutela que ejercer en lo concerniente al ámbito familiar, así como la capacidad de disposición mediante acuerdo o contrato, de regulación de la unión e hechos, en aquellos aspectos no limitados por Ley; y todo ello sin perjuicio de que, atendidas las circunstancias de cada caso concreto, pueda predicarse la aplicabilidad; no por “analogía legis”, que aquí no se da, sino por “analogía iuris” de algún determinado régimen económico de los diversos que, para el matrimonio regula el citado Título del Código Civil, siempre que quede patentizado, por pacto expreso o tácito que la voluntad de los convivientes fue someterse al mismo.

Debemos de partir de la base, toda unión paramatrimonial, por el mero y exclusivo hecho de iniciarse, haya de llevar aparejado el surgimiento automático de un régimen análogo a los existente en el ámbito matrimonial, ya sea de comunidad de bienes, (llámese gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o de cualquier otra forma, sino que habrán de ser los convivientes interesados los que, por su pacto expreso o por su aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común, los que evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos (suponemos que a título oneroso) durante la duración de la unión de hecho.

En este sentido se pronuncia el Tribunal supremo, cuando sostiene que cuando exista tal unión de hecho, la comunidad derivada solo surgirá si quienes decidan unir sus vidas tienen el propósito de formar un patrimonio común con sus bienes

En consecuencia, si consideramos que las uniones paramatrimoniales se asimilan a los matrimonios todo lo más posible, también habrá de estimarse que pueden otorgar este contrato, teniendo además en cuenta que las exigencias de publicidad frente a terceros pueden lograse a través de las propias manifestaciones de los convivientes, o de la inscripción del contrato en los registros oportunos, teniendo en cuenta que si en un contrato otorgado por uno de los cónyuges se ocultara el estado civil, se podría producir su nulidad, y lo mismo ocurriría si lo realiza un conviviente y con posterioridad se acredita que estaba unido paramatrimonialmente con un tercero, existiendo el oportuno contrato por el que se creaba la sociedad de gananciales.

Como ultimo inciso, y a modo de conclusión, lo que podemos sacar en claro es que:

  • En virtud de lo dispuesto en el código Civil, los miembros de la unión o pareja de hecho, podrán establecer una serie de pactos tendentes a regular las consecuencias patrimoniales de su unión, siempre que las mismas nos sean
    • Contrarias a la ley.
    • Contrarias a la moral.
    • Contrarias al orden público.
  • Los convivientes podrán establecer y adoptar pactos concretos, de semejanza a los regímenes económicos matrimoniales existentes.
  • La voluntad de los convivientes de configurar las relaciones económicas de su unión conforme a las reglas establecidas también puede ponerse de manifiesto de forma tácita.
  • En el momento de adquirir un bien o derecho concreto, podrán adquirirse en comunidad, por ambos convivientes, versando dichos pactos sobre bienes o derechos concretos. Siendo necesario, que esté expresamente convenida, y si de esto no aparece prueba alguna, aun habiendo convivido fácticamente, los bienes adquiridos por cada uno son de su propiedad exclusiva.
  • La posibilidad de que los convivientes, mediante legales medios por los que se puedan transmitir, permuta, donación o sociedad irregular, puedan conseguir que todos o parte de los bienes de titularidad de uno de ellos lleguen a pertenecer a ambos pro indiviso, sujetándose a las normas generales de la contratación.

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