Uniones de Hecho. ¿Qué nos distingue del matrimonio?

Hace tiempo que teníamos en mente traer a este espacio, una figura jurídica tan interesante, y a la vez tan controvertida como la de la “Uniones de Hecho” o “Parejas de Hecho“, como podrá observar el lector, existen diversas formas, manera y términos de conceptuar y referirnos a dicho concepto jurídico.

Todo ello proviene, de las diversas cuestiones planteadas por nuestros  clientes en el despacho, habiendo percibido cierta confusión respecto derechos y deberes, en esta clase de uniones, en la sociedad.

La complejidad deviene, tal  y como determinan nuestros Tribunales, en el hecho cierto que, el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes“, sino realidades jurídicamente distintas, por lo que, en principio, su tratamiento jurídico diferenciado y, correlativamente, la diversa atribución de derechos y obligaciones, no es contraria al derecho fundamental a la igualdad. 

Podríamos definir o conceptuar, como premisa, que las uniones de hecho se circunscriben en la unión de dos personas, mayores de edad o emancipadas, que sin impedimentos legales y que unidas por una relación de afectividad y de carácter análogo a la conyugal, conviven de forma estable, y de manera pública y notoria.

En virtud de lo expuesto anteriormente, y referido a al desarrollo del concepto, podemos decir, que la unión de hecho, parte de la unión afectiva; y la cual podemos vincular, al principio y requisito que rige la uniones matrimoniales, concerniente a la affectio maritalis.; si bien, tal y como veremos posteriormente, no es posible equiparar la situación de la pareja de hecho con el matrimonio, siendo ésta una de las características y consecuencias del mismo, principalmente de la unión.

Como podemos observar, la propia definición conlleva, ya de antemano, los requisitos de esta figura para la validez de la misma, conforme a la disposiciones legales aplicables.

Lo cierto es que esta figura jurídica, ha sufrido una importante evolución hace algunos años, incorporando la vertiente de la homosexualidad; en virtud de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; por lo que el individuo o las parejas, pueden optar por:

  • Contraer matrimonio y acogerse al conjunto de derechos y deberes que establece la regulación del matrimonio o

  • acogerse al derecho a no contraer matrimonio permaneciendo al margen de aquél régimen jurídico

Por tanto, a día de hoy, tanto las uniones heterosexuales como las uniones homosexuales disponen de plena voluntad para acogerse o no al conjunto de derechos y deberes de la legislación matrimonial, al reconocerse a estas últimas el derecho a contraer matrimonio, tal y como dispone el artículo 44 del Código Civil.

En primer lugar, la unión de hecho se caracteriza por la convivencia estable o lo que en el ámbito jurídico se denomina more uxorio, entre  dos personas, siendo el primero y fundamental de los requisitos exigidos por la legislación para considerarla como tal; y abarca tanto a las uniones heterosexuales como las uniones homosexuales, como hemos advertido anteriormente.

No vamos a detenernos en las diversas formas y maneras en las que la doctrina desarrolla y conceptúa el presente término de Uniones de Hecho, pero sí estimamos necesario reseñar los aspectos que puntualiza la Jurisprudencia, tanto las dictadas por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo.

Debemos recordar, que la unión de hecho, no está legislada y regulada de manera estatal, son las propias Comunidades Autónomas las que se han encargado de conceptuar y regular las mismas, y todo ello, desde las características e idiosincrasia de cada una de ellas.

Por ello, estimamos que lo mas concreto, y lo que nos puede dar una visión más completa y clara del concepto “uniones de hecho”, el lo que los principales órgano judiciales han determinado de ella, en los diversos procedimientos y causas que han sido conocidos por los mismos, atendiendo, además a los que es mas importantes, esto es, la realidad social.

Una de las cuestiones mas importantes, y la que debemos tener en consideración, a pesar de la rumorología social, y así concretan y determinan ambos órganos, en reiterada Jurisprudencia, es equiparar o igualar la situación de la pareja de hecho con el matrimonio; ambos, se refieren a la unión de hecho como,

  • relación extramatrimonial.

  • Relación de convivencia extramatrimonial.

  • convivencia more uxorio.

  • unión de hecho more uxorio.

  • relación afectiva estable.

  • convivencia marital.

Es por ello, y precisamente en éste inciso en el que nos encontramos con no pocos problema, y que son los que procederemos a tratar en los siguientes post, dedicados al tema.

Por su parte el Tribunal Constitucional, ya en el año 1998, puso de manifiesto la existencia de un doctrina constitucional, cuyo punto de partida lo constituye la afirmación de que “el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes“, sino realidades jurídicamente distintas, por lo que, en principio, su tratamiento jurídico diferenciado y, correlativamente, la diversa atribución de derechos y obligaciones, no es contraria al derecho fundamental a la igualdad que reconoce el artículo 14 de la Constitución Española.

Así, el Tribunal Constitucional ha venido disponiendo que, salvo prueba en contrario, tras la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del Matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de Nulidad, Separación y Divorcio, quienes no contraen matrimonio es porque libremente no quieren hacerlo.

Por dicha vertiente conceptual, dicho órgano determina que por esa misma circunstancia; antes de esa fecha debe presumirse y entenderse, salvo prueba en contrario, que los convivientes more uxorio se vieron jurídicamente impedidos de formalizar ese vínculo matrimonial, por lo que merecen igual trato que los que mantuvieron este tipo de convivencia.

En, efecto, en la jurisprudencia constitucional se ha establecido una consideración previa al examen de la legitimidad constitucional ex artículo 14 de la Constitución Española del trato diferenciado entre uniones matrimoniales y no matrimoniales, y que no es otra que, la existencia o no de libertad por parte de quienes desean convivir para escoger entre mantener una relación.

Por su parte el Tribunal Supremo, como hemos reseñado en párrafos anteriores, a través de la Jurisprudencia dictada durante no pocos años, declara la no igualdad jurídica esencial entre las uniones more uxorio y los casados, y la diferencia sustancial entre ambas situaciones es el matrimonio.

Desde el año 1992 sostiene que la convivencia more uxorio ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados.

Con esta reseña de circunstancias y características que debe poseer el término para que el mismo sea considerado como unión de hecho, lo que pretende el Tribunal Supremo es que la concurrencia de todas las características derivadas del concepto, puedan llevarnos la la creación y concreción de facto, de una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar.

En el año 2002, mediante sentencia, aclaró la cuestión; así en virtud y fundamentándola en la libertad de los convivientes, que de contraer matrimonio o de no contraerlo;

  • sí se casan, asumen una serie de cargas y obligaciones, pero también reciben ciertas ventajas o beneficios.

  • si no se casan, están libres de aquellas cargas y obligaciones pero, por lo mismo, no pueden disfrutar las ventajas o beneficios que lleva implícita aquella situación.

Ese requisito de la voluntariedad o libertad de actos, queda claramente determinado en la fundamentación y determinación de posteriores resoluciones, en las que determina que;

"con la existencia jurídica del matrimonio homosexual 
y el divorcio unilateral, se puede proclamar 
que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, 
en absoluto, contraer matrimonio
 con sus consecuencias inherentes. 
Por ello debe huirse de la aplicación
 por analogía legis de normas propias del matrimonio”.

Por tanto, podemos decir que ambos órganos judiciales mantienen el criterio expuesto en párrafos anterior, siendo para los mismos, consustancial para determinar la diferencia entre la unión de hecho y el matrimonio y a la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo matrimonial que se encuentra insita en la convivencia more uxorio el rechazo que desde la jurisprudencia se proclama de la aplicación por analogía legis de las normas propias del matrimonio.

A pesar de ello, las uniones de hecho, con el caracteres de convivencia estable de una pareja, aunque carecen de normativa expresa, vienen siendo cada vez más reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, basten algunos ejemplos:

Para ello, debemos partir, previamente de la Constitución Española, la cual en su artículo 39, proclama:

  • La protección genérica a la familia, ya sea basada en unión de echo o matrimonial.

  • Establece la igualdad de los hijos, sean matrimoniales o no matrimoniales

Por su parte, en el Código Civil, encontramos también algunos ejemplos, así se hace referencia a la institución en:

  • Artículo 101, al declarar la extinción de la pensión compensatoria por el hecho de que el acreedor a la misma conviva maritalmente con otra persona, en el

  • Artículo 108 del Código Civil, con relación a la filiación matrimonial y no matrimonial, y en el apartado primero del

  • Artículo 320 del Código Civil, en que en su párrafo primero, posibilita conceder la emancipación cuando quien ejerce la patria potestad conviviere matrimonialmente con persona distinta del otro progenitor.

En el ámbito internacional, los órganos judiciales de la Unión Europea, también se han pronunciado sobre esta cuestión, así la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, señala como elemento determinante, de la unión de hecho, primariamente, la existencia de un compromiso público, que conlleva un conjunto de derechos y de obligaciones de orden contractual.

Además de ello, señala la referida Corte, que las consecuencias jurídicas de un matrimonio, se diferencian y distinguen de otras formas de vida en común; más allá de la duración o del carácter solidario de la relación.

Ello evidencia, que al igual que nuestro Tribunal Supremo y Constitucional, aprecia la distinción de ambos términos, sino además la distinción de las consecuencia jurídicas de uno respecto del otro; de tal manera que no puede haber analogía entre una pareja casada y un partenariado civil, y por otro lado, una pareja heterosexual u homosexual, donde los miembros han decidido vivir juntos sin devenir esposos o partenarios civiles.

En la realidad, y a la hora de regular y aplicar las normas en lo relativo, a las rupturas y crisis en las uniones de hecho; órganos jurisdiccionales se han vistos obligados a pronunciarse sobre las consecuencias personales y patrimoniales derivadas de la ruptura de la convivencia acudiendo, para su adecuada resolución y no sin vacilaciones e incluso contradicciones, a las normas reguladoras de los efectos de la disociación matrimonial, aplicándolas por analogía, respecto de

  • La guarda y custodia y alimentos de los hijos.

  • Derecho de visitas.

  • atribución de la vivienda familiar.

  • Con respecto a los efectos patrimoniales aplicando los preceptos que regulan la sociedad de gananciales o el enriquecimiento injusto y para su liquidación los de la sociedad irregular mercantil. 

Tal y como hemos puntualizado al inicio del presente post, en nuestro ordenamiento jurídico Estatal, no regula el concepto de unión de hecho, por ello han sido las Comunidades Autónomas las que se han visto abocadas a regularlo, a función a sus criterios y característica, partiendo como primario, el concepto expuesto, el cual, conlleva las características del mismo.

Para ello, veremos algunos ejemplos del criterio conceptual seguido por diversas Comunidades Autónomas.

Cataluña.- Aplica en su regulación, un criterio de acercamiento de la unión de hecho al matrimonio; además de ello no establece ningún tipo de diferencia por razón de la orientación sexual de los miembros de la pareja, incluyendo a las parejas estables formadas por personas que no podrían contraer matrimonio entre sí porque uno de ellos continuaba casado con otra persona.

Dicha regulación está dirigida, fundamentalmente, a la resolución de los problemas derivados del cese de la convivencia, un tratamiento desigual no tendría justificación alguna, evitándose, asimismo, que un número muy importante de parejas queden fuera de la regulación y que las consecuencias de la ruptura deban resolverse acudiendo a una doctrina jurisprudencial.

Aragón.- Pareja estable no casada es la unión de dos personas que, con independencia de su orientación sexual, y unidas por una relación afectiva análoga a la conyugal, conviven maritalmente durante un periodo ininterrumpido de dos años, como mínimo, o que manifiesten su voluntad de constituir una unión estable mediante escritura pública.

Además de ello, determina los parámetros, por lo que de debe discurrir dicha unión para ser considerada unión de hecho estable, siendo requisitos indispensables;

  • Ser mayor de edad.

  • No estar unidos por vínculo matrimonial o por unión estable.

  • No ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

  • No ser parientes en línea colateral por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.

  • Una estabilidad en la convivencia more uxorio:

    • Convivencia como mínimo de dos años ininterrumpidos,

    • Constitución de escritura pública en la que se manifieste la voluntad de constituir la pareja estable.

Galicia.- Establece la equiparación al matrimonio en derechos y obligaciones a los miembros delo que denomina “relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permancia“; si bien para tener la condición de pareja de hecho es preciso que al inscribirse como tal expresen “su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio”.

Comunidad Foral de Navarra.- Se considera pareja estable, la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.

Comunidad Valenciana.- Se refiere a la unión de dos personas que, con independencia de su sexo, conviven en una relación de afectividad análoga a la conyugal. La misma señala y enumerando una serie de circunstancias de carácter personal que no pueden confluir a la hora de formalizar una relación legal de hecho; así no pueden constituir pareja estable:

  • Menores de edad no emancipados.

  • Casados nos separados judicialmente.

  • Quienes mantengan una unión de hecho formalizada con otra persona.

Además de ello deben de cumplir unos requisitos de inscripción, esto es, debe constar su existencia;

  • Por declaración de voluntad de sus integrantes ante el funcionario encargado del Registro de Uniones de Hecho, plasmada en la correspondiente inscripción.

  • Por documento público inscrito en el mencionado Registro.

Madrid.- Coinciden prácticamente con los mismos artículos de la ley valenciana.

Baleares.- La regulación hace uso del termino “parejas estables“,.

Se entiende por tal, aquellas uniones formada o constituidas por dos personas que convivan de forma libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal.

No se exige periodo de convivencia previo a la inscripción en el Registro correspondiente.

Asturias.- Al igual que en el caso anterior, se hace uso del término, “parejas estables“, y lo define como la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.

En lo concerniente al tiempo o duración de la convivencia;

  • Se exige una convivencia mínima de un año ininterrumpido, excepto cuando la pareja tenga hijos comunes, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan

  • Se constituya en documento público

  • Se proceda a la inscripción en el oportuno Registro.

Andalucía.- Hace uso también del término “parejas de hecho“, entendiendo como tal , la unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal.

Canarias.- Hace uso también del término “parejas de hecho“, entendiendo como tal las personas que conviven en pareja de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable con independencia de su orientación sexual, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, bastando la mera convivencia, para el caso que la pareja tuviera descendencia en común.

Extremadura.- Hace uso también del término “parejas de hecho“, entendiendo como tal unión estable, libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la pareja en el oportuno Registro.

En lo concerniente al tiempo o duración de la convivencia, para determinarla como pareja de hecho, se exige;

  • Convivencia previa de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan

  • Constitución de documento publico, en el que se exprese la voluntad de constituir una pareja estable.

  • Que al menos uno de los miembros de la pareja se halle empadronado y tenga su residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

País Vasco.- Opta por también por el término “pareja de hecho“, considerando como tal, la resultante de la unión libre de dos personas, mayores de edad o menores emancipadas, con plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo grado colateral y que se encuentren ligadas por una relación afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo.

No se exige un periodo mínimo de convivencia, pero sí la inscripción en el oportuno Registro.

Cantabria.- la Ley 1/2005, de 16 de mayo, también se inclina por el término “pareja de hecho“, considerándose como tal aquella unión en la que dos personas conviven de forma estable, libre, pública y notoria, en una relación afectiva análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual.

En lo concerniente al tiempo o duración de la convivencia, para determinarla como pareja de hecho, se exige;

  • Convivencia de al menos un año de manera ininterrupida, tal requisito no es preciso si se tiene descendencia común.

  • Constitución de documento público en el que se haya expresado la voluntad de constituir pareja de hecho.

M. Pilar Alvarez Moreno. Abogado.

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