NULIDAD, SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: SUS CAUSAS Y EFECTOS

EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN

Regulados en el Código Civil de forma unitaria en sus artículos 90 y siguientes., bajo la rúbrica “De los efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio”. Atendiendo a esta regulación, cabe distinguir tres tipos de medidas:

1. medidas provisionalísimas:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 104, “ El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores.

Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los 30 días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o Tribunal competente.”

2. Las medidas provisionales :

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:

1.- Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.

2.- Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Asímismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil, y en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

Por su parte el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

1.- Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez. (…)

2.- Determinar, teniendo en cuenta el interés de familiar más necesitado, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar (…) y del ajuar doméstico.

3.- Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio (…).

4.- Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria redención de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

5.- Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas de matrimonio.

3. Las medidas adoptadas judicialmente.-

Regulado en los artículos 91 a 101 del Código Civil

En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con

– los hijos,
– la vivienda familiar,
– la cargas del matrimonio,
– liquidación del régimen económico,
– y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo lo que proceda si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.

Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.”

De lo dispuesto en los restantes artículos podemos destacar:

La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial.

Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte”.

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes, o en su caso, autorización judicial.”

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.- Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.

2.- La edad y el estado de salud.

3.- La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4.- La dedicación pasada y futura a la familia.

5.- La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

6.- La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7.- La pérdida eventual de un derecho de pensión.

8.- El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

9.- Cualquier otra circunstancia relevante.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.”

El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97.”

En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al art. 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge.”

El derecho a la pensión se extingue:

— Por el cese de la causa que lo motivó,
— Por contraer el acreedor nuevo matrimonio,
— O por vivir maritalmente con otra persona.

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.”

No obstante, es fundamental tener en cuenta que las medidas que acabamos de estudiar tienen carácter subsidiario, ya que en todo caso el CC da preferencia a las medidas convenidas por las partes, siempre que sean aprobadas por el Juez, como resulta del artículo 90 Código Civil:

El CONVENIO REGULADOR a que se refieren los artículos 81 y 86 del Código Civil deberá referirse, al menos, a los siguientes extremos:

A) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.

B) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

C) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

D) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías, en su caso.

E) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

F) La pensión que, conforme al artículo 97, correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Si las partes proponen un régimen de comunicación y visitas de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que éstos presten su consentimiento.

a denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y, en este caso, los cónyuges deben someter a la consideración del juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por vía de apremio.

Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.”

La Resolución DGRN 25 Febrero 1988 (como muchas otras posteriores) declara que el convenio regulador es adoptado dentro de la esfera judicial y, por tanto, será directamente inscribible en el RP (sin necesidad de elevarlo a escritura pública) en virtud del documento auténtico expedido por el secretario judicial.

La Resolución DGRN 11 Septiembre 2003 señala que, una vez inscrito el uso de la vivienda a favor de uno de los cónyuges, no cabe recurrir esta inscripción porque el recurso gubernativo no es cauce adecuado para ello. Sin embargo, sí se debe rechazar la inscripción de los pactos relativos a la renuncia previa a un derecho concedido legalmente para la protección de los hijos, así como la de los relativos a la disponibilidad e indisponibilidad, por ser puramente obligacionales.