La Observación General número 27 de Naciones Unidas y el derecho de la infancia a una tutela judicial efectiva.
El acceso a la justicia de los menores constituye, precisamente, uno de los aspectos esenciales para garantizar que los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento puedan ejercerse y defenderse de manera efectiva.
En nuestras anteriores publicaciones, tituladas “La infancia. Derechos reconocidos, protección pendiente” y “A la altura de sus ojos”, reflexionábamos en relación y con motivos de este 20 de noviembre; Dia Internacional de Niño, sobre la protección jurídica de la infancia y la importancia de escuchar a los menores, comprender sus necesidades y reconocer su participación en aquellas decisiones que afectan a sus vidas.
Hay, sin embargo, una cuestión que, por su especial trascendencia, merece un análisis más detenido y a la que hemos considerado oportuno dedicar esta nueva reflexión.
No hemos encontrado con la reciente publicación de la Observación General número 27 (2026) del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, relativa al acceso a la justicia y al derecho a un recurso efectivo, y sitúa estas cuestiones en el centro de un debate que considero especialmente relevante para quienes ejercemos la abogacía de familia.
Por su parte, el documento parte de una realidad que merece atención., con una participación de mas de 7.000 niños en su elaboración; trasladando, entre otras preocupaciones, las dificultades que encuentran para ser escuchados, comprendidos y tomados en consideración por las instituciones.
Resulta significativo que muchos de ellos perciban los mecanismos judiciales como espacios ajenos, intimidantes y poco adaptados a sus necesidades, y es que reconocer a los niños como titulares de derechos plantea una consecuencia jurídica que no siempre desarrollamos con la misma intensidad, y se circunscribe en garantizar que puedan ejercerlos y defenderlos cuando resulten vulnerados.
En ese caso,y ante la justicia de los menores, ¿quién defiende sus intereses?.
Esta es, a nuestro juicio, una de las cuestiones de mayor trascendencia de la Observación General.
En su apartado 45, la Observación General destaca la necesidad de que los menores dispongan de una asistencia jurídica adecuada a sus necesidades, especializada e independiente de los intereses de sus progenitores o de las instituciones.
Pero hay otra consideración que merece especial atención: la importancia que el Comité concede a la relación de confianza entre el menor y el profesional encargado de su defensa, hasta el punto de recomendar que, en la medida de lo posible, pueda elegir libremente a su abogado o solicitar su sustitución cuando esa confianza no exista.
No es una cuestión menor, especialmente si consideramos que la defensa jurídica no se limita al conocimiento y aplicación de las normas, sino que exige también comprender las circunstancias de quien necesita protección, establecer una comunicación adecuada y garantizar que sus intereses sean verdaderamente atendidos.
Por ende esta cuestión adquiere una especial dimensión en los procedimientos de familia.
Pensemos en un procedimiento de guarda y custodia en el que ambos progenitores comparecen asistidos de sus respectivos abogados. Cada uno sostiene una determinada posición respecto de las medidas que considera más adecuadas para sus hijos.
Ahora bien, ¿podemos afirmar que los intereses del menor se encuentran suficientemente representados por el mero hecho de que ambos progenitores dispongan de defensa letrada?
No necesariamente, pero tampoco significa que debamos presumir un conflicto entre los intereses de los padres y los de sus hijos, en muchos casos existirán coincidencias y una voluntad compartida de procurar su bienestar.
Sin embargo, cuando las posiciones se enfrentan, resulta imprescindible distinguir entre las pretensiones procesales de los progenitores y los derechos e intereses del menor.
Como sabemos, nuestro ordenamiento reconoce distintos mecanismos de protección, entre ellos la intervención del Ministerio Fiscal, el derecho del menor a ser oído y escuchado y, cuando concurren los presupuestos legales, la designación de un defensor judicial.
Pero la cuestión que plantea el Comité, va más allá y merece ser examinada con detenimiento, debiendo centrarnos en la posibilidad de que el menor cuente con una asistencia letrada propia, independiente y adaptada a sus circunstancias.
Una defensa que exige conocimientos jurídicos, pero también formación específica, capacidad de comunicación y sensibilidad para comprender las necesidades de quien todavía se encuentra en pleno desarrollo.
Desde nuestra perspectiva profesional, considero que este planteamiento merece especial atención, ya defensa de los derechos de la infancia no puede concebirse al margen de las particularidades de sus titulares.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 reconocen su derecho a ser oído y escuchado.
Sin embargo, la Observación General número 27 profundiza en una cuestión que ya hemos abordado en anteriores reflexiones; y es la diferencia entre escuchar formalmente al menor y garantizar que su participación tenga una consideración efectiva.
Por su parte el apartado 51 del Documento, recomienda que los niños sean consultados en las distintas fases relevantes del procedimiento, que conozcan cómo serán utilizadas sus manifestaciones y que reciban una explicación cuando sus opiniones no puedan ser atendidas.
Este último aspecto me parece particularmente significativo, ya que cuando un niño expresa su opinión ante un tribunal, no está asumiendo la responsabilidad de resolver el conflicto, y tampoco sus manifestaciones deben determinar por sí mismas el contenido de la decisión judicial.
Así, la responsabilidad de decidir corresponde a quienes tienen atribuida legalmente esa función, atendiendo al conjunto de las circunstancias y al interés superior del menor.
Pero ello no debería impedirse que el niño conozca, en términos adecuados a su edad y madurez, las razones por las que se ha adoptado una determinada decisión, especialmente cuando esta no coincide con sus deseos o expectativas.
Es manifiestamente evidente que existe una diferencia sustancial entre permitir que alguien hable y reconocer el valor de aquello que tiene que decir, y esa diferencia resulta particularmente importante cuando hablamos de infancia.
Hay otra cuestión sobre la que considero necesario detenernos, el tiempo o los tiempos, según se vea, ya que el tiempo judicial no siempre coincide con el tiempo de la infancia.
En los procedimientos de familia, el transcurso del tiempo puede alterar considerablemente las circunstancias que inicialmente justificaron la intervención judicial, ya que podemos encontrarnos que durante la tramitación de un procedimiento, los menores continúan creciendo, desarrollándose y estableciendo relaciones personales y familiares.
Lo que en un determinado momento podía resultar adecuado puede dejar de serlo meses después.
Es por ello, que la Observación General recuerda que, el tiempo tiene una dimensión distinta para los niños y que las demoras pueden ocasionar consecuencias que afecten a su desarrollo y bienestar.
Esta consideración, es de vital importancia y que debería estar especialmente presente en los procedimientos relacionados con la guarda y custodia, las relaciones familiares, la violencia o las medidas de protección.
El Código Civil, en su artículo 158, ofrece instrumentos para intervenir ante determinadas situaciones de riesgo o perjuicio para los menores, ahora bien, la eficacia de la protección jurídica depende también de la oportunidad de la respuesta.
Sabemos, y así nos consta a los profesionales que, una resolución puede encontrarse suficientemente fundamentada y, sin embargo, llegar cuando determinadas consecuencias ya resultan difícilmente reversibles.
La celeridad procesal no debe alcanzarse a costa de las garantías de las partes, pero tampoco podemos ignorar que, en ocasiones, la demora compromete la propia finalidad protectora del procedimiento.
Esta reflexión nos conduce a otro de los aspectos que aborda la Observación General: el derecho del menor a obtener una reparación efectiva.
Y es aquí donde debemos detenernos en una consideración que entendemos especialmente relevante: la protección no termina necesariamente con la resolución judicial.
Su eficacia no puede valorarse únicamente por el contenido de la decisión adoptada, sino también por su cumplimiento efectivo, por la atención que reciban las consecuencias de la vulneración sufrida y por las medidas que se establezcan para evitar que vuelva a producirse.
Visito esto, planteamos un interrogante, verdaderamente importante. Cuando se reconoce la vulneración de los derechos de un menor, ¿podemos entender que la respuesta judicial ha cumplido su finalidad por el solo hecho de haberse dictado una resolución favorable?
La realidad es más compleja, y lo desglosamos.
Determinadas situaciones pueden dejar consecuencias emocionales, familiares o personales que requieren actuaciones posteriores de apoyo, recuperación o rehabilitación.
El Comité contempla distintas formas de reparación, entre ellas la restitución, la compensación, la rehabilitación y las garantías de no repetición, e insiste en la necesidad de asegurar el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas.
Todo ello introduce una perspectiva que consideramos relevante; valorar la eficacia de la respuesta jurídica atendiendo también a las consecuencias reales que produce en la vida del menor. Porque una resolución judicial puede poner fin a un procedimiento, pero no necesariamente a las consecuencias de aquello que lo motivó.
Desde el ámbito jurídico y en especial en el ejercicio de la abogacía, debemos realizar una importante y vital reflexión al respecto.
Conviene precisar que la Observación General n.º 27 no modifica directamente nuestra legislación procesal. Constituye una interpretación autorizada de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y proporciona criterios para examinar las garantías existentes y su posible desarrollo.
Cierto que nuestro ordenamiento cuenta con mecanismos relevantes de protección y participación de los menores, pero la cuestión no consiste en desconocerlos, sino en analizar si resultan suficientes y cómo se aplican en la práctica; especialmente y máxime, cuando existen conflictos de intereses, dificultades de comunicación o circunstancias que pueden comprometer el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por ello, el contenido del Documento de La Observación General, también nos sitúa ante una responsabilidad profesional.
Quienes intervenimos en procedimientos que afectan a menores debemos ser conscientes de que nuestras actuaciones pueden tener consecuencias que trascienden el propio conflicto judicial.
La preparación del procedimiento, la manera de abordar las circunstancias familiares, el respeto a la participación del menor y la elección de las medidas de protección forman parte de una responsabilidad que exige conocimiento jurídico, prudencia y criterio.
En nuestras reflexiones anteriores hablábamos de reconocer los derechos de la infancia y de aprender a situarnos a la altura de sus ojos. Ahora corresponde avanzar un poco más.
¿Qué valor tiene reconocer a un niño como sujeto de derechos si, cuando necesita defenderlos, encuentra dificultades para acceder a la justicia o para obtener una respuesta efectiva?
Quizá uno de los aspectos más relevantes de esta nueva Observación General sea precisamente recordarnos que la protección jurídica de la infancia debe examinarse también desde la posición de quienes necesitan hacer valer sus derechos.
Y esa perspectiva exige escucharles, respetar su participación, asegurar las garantías de su defensa y procurar que las decisiones adoptadas tengan una eficacia real.
Debemos ser conscientes que el verdadero alcance de los derechos de la infancia no se encuentra únicamente en su reconocimiento normativo, sino también en las posibilidades efectivas de ejercerlos y obtener su protección.
Referencia: Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Observación General n.º 27 (2026), CRC/C/GC/27, de 11 de noviembre de 2026.
