Derechos de la personalidad y defensa del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¿Post mortem?.

Cuando se inicia un procedimiento de éstas características, que es lo que se pretende, ¿defender su menoría? o mas bien ¿la precepción y recuerdo que del mismo tenemos?. Además de ello, ¿quién o quienes pueden actuar en tal sentido?

Otro de los interrogantes que se nos plantea, sólo por el mero sentido del título; es si el motivo o la causa, deviene en un momento determinado, pero ¿ en la vida o al tiempo posterior del fallecimiento de la persona?

Debemos partir, para ello, de la normativa aplicable, que no es otra que la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como nuestra Carta Magna y en las que podemos aclarar los interrogantes expuesto al inicio del presente post.

La primera de ellas, esto es la Ley Orgánica 1/1982, regula lo que el párrafo noveno de la Exposición de Motivos de la Ley identifica como “el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado” y “las consecuencias del mismo en orden a la protección de estos derechos“, que “se determinan según el momento en que la lesión se produjo“.

Por su parte, la carta magna, y en concreto el artículo al que hace referencia la presente resolución del Tribunal Supremo se ubica en el Capítulo referido y dedicado a los derechos y libertades, encontrándose el el título referido a los derechos fundamentales.

La Sentencia que hoy traemos a este espacio, nos recuerda que;

“aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho, por ello, se atribuye la protección en el caso de que la lesión se hubiera producido después del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera designado en su testamento, en defecto de ella a los parientes supervivientes, y en último término, al Ministerio Fiscal con una limitación temporal que se ha estimado prudente“.

Recurso de casación

La recurrente centra su Recurso en dos cuestiones fundamentales; la infracción de la normativa aplicable, en dos sentidos;

El primer motivo denuncia infracción del artículo 2.1 en relación con el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y del artículo 18.1 Constitución Española, así como vulneración de la doctrina jurisprudencial de los actos propios.

Sostiene que no hay actos propios de la demandante que justifiquen la intromisión ilegítima.

En su desarrollo explica que la doctrina de los actos propios constituye un principio general del derecho y no puede aplicarse imputando a una persona (la demandante) los actos de otra (su hermana), pues sería preciso un consentimiento inequívoco y plena conciencia y en el caso no se ha probado la mala fe de la demandante y, por el contrario, la buena fe se presume.

El segundo motivo denuncia infracción de los artículos 2.1, 7.3 y 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y del artículo 18.1 de la Constitución Española, por no haberse respetado los límites doctrinales y jurisprudenciales en la ponderación entre los derechos al honor e intimidad personal y familiar, y a la imagen y la libertad de expresión.

En su desarrollo explica que la libertad de expresión no ampara los insultos, y la mayoría de las expresiones vertidas en los programas televisivos lo fueron, y graves, con el evidente ánimo de ofender.

Argumenta que la finada era una profesional del periodismo que nunca expuso su vida personal ni su intimidad y que la recurrente e hija de la finada no es un personaje público ni se ha expuesto a la crítica, por lo que no se le pueden imputar actos propios y, al no haber intervenido en los programas, no hubo oportunidad de debate alguno.

Añade que no existe un interés general o público sobre la vida íntima y personal de la fallecida aunque pueda haber personas interesadas en programas agresivos del tipo de los que se emitieron y que el contexto del programa no salvaba la ilegitimidad de la intromisión.

Dada la íntima conexión entre ambos motivos van a ser analizados conjuntamente y, por las razones que se exponen a continuación, van a ser desestimados.

Protección post mortem de los derechos de la personalidad y la defensa de la memoria de la persona fallecida.

Atendiendo al momento en que la lesión se produjo, de una parte, la ley se ocupa en su artículo 6 de los supuestos en que la lesión tiene lugar antes del fallecimiento.

A efectos del presente recurso, lo que interesa son las acciones de protección de los derechos de una persona fallecida, de las que se ocupan los artículos 4 y 5 de la ley.

A este respecto, según la Exposición de Motivos, “aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho, por ello, se atribuye la protección en el caso de que la lesión se hubiera producido después del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera designado en su testamento, en defecto de ella a los parientes supervivientes, y en último término, al Ministerio Fiscal con una limitación temporal que se ha estimado prudente“.

En este sentido, los tres primeros apartados del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establecen:

“1. El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

“2. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

“3. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado.

El mismo plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una persona jurídica designada en testamento”.

Para el caso de existencia de una pluralidad de legitimados establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1982:

“1. Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo anterior, cualquiera de ellos podrá ejercer las acciones previstas para la protección de los derechos del fallecido.

“2. La misma regla se aplicará, salvo disposición en contrario del fallecido, cuando hayan sido varias las personas designadas en su testamento”.

La ley no establece regla especial sobre los medios de tutela de la memoria de la persona fallecida, para lo que deberá acudirse a las previstas con carácter general en el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1982, que únicamente contiene en su apartado 4 una especificidad por lo que se refiere a la indemnización que se conceda:

El importe de la indemnización por el daño moral, en el caso de los tres primeros apartados del artículo cuarto, corresponderá a las personas a que se refiere su apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción en que la sentencia estime que han sido afectados. (…)“.

Cabe observar por tanto que, a falta de designación testamentaria o por su fallecimiento, la legitimación se atribuye en atención a los vínculos familiares con la persona fallecida ( art. 4.2 de la LO 1/1982), sin establecer una prioridad ( art. 5 de la LO 1/1982), y que es la sentencia que aprecie la lesión en la memoria la que debe valorar el grado de afección y la indemnización que corresponde ( art. 9.4 de la LO 1/1982).

De acuerdo con la regulación contenida en la Ley Orgánica 1/1982 y su interpretación por el Tribunal Constitucional hay que concluir que los derechos de la personalidad de una persona fallecida no se transmiten a las personas legitimadas para su defensa, que no son las titulares de la dignidad que se protege.

En un caso en el que la viuda pretendía salvaguardar el honor de su marido fallecido once años antes de la publicación del pasaje litigioso, El Tribunal Constitucional expresamente reconoce que; “la legitimación para recurrir y la titularidad del derecho fundamental invocado no coinciden en una misma persona” .

Por su parte el Tribunal Constitucional ha reconocido tanto la incidencia que las intromisiones en determinados aspectos de la vida de una persona pueden ocasionar en la esfera de otras personas de su entorno familiar; como que el respeto a la memoria de una persona fallecida puede limitar los derechos a la libertad de expresión y de información.

La doctrina del Tribunal Constitucional permite concluir que la dignidad de las personas fallecidas no goza de la misma intensidad que la de las personas vivas.

Así, declara que para los “hechos del pasado y protagonizados por individuos cuya personalidad en el sentido constitucional del término; su libre desarrollo es fundamento del orden político y de la paz social: artículo 10.1 CE , se ha ido diluyendo necesariamente como consecuencia del paso del tiempo y no puede oponerse, por tanto, como límite a la libertad científica con el mismo alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los vivos al ejercicio de las libertades de expresión e información de sus coetáneos”

Por su parte, éste mismo órgano, en resolución dictada en el año 2008; afirma que:

Con la muerte de las personas su reputación se transforma en gran medida, vinculándose sobre todo a la memoria o el recuerdo por parte de sus allegados. De ahí que no pueda postularse que su contenido constitucional y la intensidad de su protección sean los mismos que en el caso de las personas vivas“.

A lo anterior debe añadirse que la tutela de la memoria está limitada temporalmente, pues se extingue con el fallecimiento de la última de las personas legitimadas, persona designada en el testamento o, en su defecto o tras su fallecimiento, cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento, o a los ochenta años desde el fallecimiento de la persona cuya memoria se tutela si la legitimación corresponde a la persona jurídica designada en el testamento o al Ministerio Fiscal, a quien la ley legitima de manera extraordinaria en interés de la sociedad.

En el caso se ha ejercitado una acción en defensa del derecho al honor de una persona fallecida.

La demandante, ahora recurrente, en el recurso de casación reitera la cita de la intromisión en el honor y la intimidad personal y familiar de la madre fallecida pero, igualmente, centra la atención argumental en el carácter ofensivo y vejatorio de las expresiones utilizadas por los colaboradores de los programas televisivos que han sido demandados.

Las dos sentencias de instancia han reconocido la legitimación de la demandante para interponer la demanda en defensa del derecho al honor de la madre por las expresiones que sobre ella se vertieron años después de su muerte en unos programas de televisión, pero han concluido que, en atención a las circunstancias concurrentes, la demanda no debía ser estimada.

Las circunstancias valoradas en la instancia son, fundamentalmente: el contexto y el formato del programa.

De esta forma, aunque considera que algunas de las expresiones vertidas por los colaboradores de los programas televisivos son objetivamente ofensivas, la sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, concluye que prevalecen la libertad de información y expresión.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, los dos motivos del recurso se desestiman por las razones que se dicen a continuación.

i) Debemos comenzar advirtiendo que la fallecida, una periodista muy conocida por sus apariciones televisivas y su trabajo en prensa escrita en el ámbito de la denominada crónica rosa, compañera de muchos de quienes intervinieron en los programas en los que se produjeron las manifestaciones objeto de denuncia (y esposa y madre, respectivamente, de dos de los intervinientes), no era un personaje anónimo e irrelevante en el mundo de la crónica social y del corazón.

ii) Ha quedado además acreditado en la instancia que de la fallecida no se hablaba hasta la emisión de los doce programas que han dado lugar a este litigio, entre el 21 de diciembre de 2012 y el 22 de febrero de 2013, es decir, años después de su fallecimiento el 2 de diciembre de 2003. Pero también ha quedado acreditado que si el silencio se rompió fue por la participación activa de la hermana de la demandante, primero como invitada y luego como colaboradora de los mencionados programas televisivos.

iii) En el contexto del tipo de programas de que se trata, de discusión cruzada, propiciadas por desencuentros anteriores, que tienen como marco tertulias o prensa rosa y los usos relacionados con ello, con un debate dirigido a polemizar y provocar, las expresiones vertidas, a pesar de su dureza y exceso, pueden quedar amparadas por la libertad de expresión, aunque sean de mal gusto, cuando se hace uso del “animus retorquendi”, replicando de forma activa en el contexto del debate suscitado.

En este sentido, resulta correcto el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que predomina la libertad de expresión y los aspectos valorativos en el marco en que se utilizaron las expresiones en unos programas frívolos de espectáculo y entretenimiento, en un supuesto en el que los aspectos comprometidos fueron surgiendo al hilo de las manifestaciones realizadas por una hija de la fallecida, que fue a un primer programa a denunciar los problemas que tenían las hermanas (la que fue a los programas y la demandante en este procedimiento) desde hacía años con el marido de la madre con ocasión de la liquidación de la herencia, pero que derivó en ese y en los sucesivos programas a centrar la atención en la madre, sobre la que incluso respondió a las preguntas que le formularon en una prueba poligráfica (sobre si la madre era una chantajista, si hacía montajes, si se había inventado la enfermedad).

La pluralidad de legitimados reconocidos en el artículo 4 de la LO 1/1982 explica que pueda haber entre ellos una disparidad de criterios, lo que puede dar lugar incluso a que la acción pueda ejercerse entre sí cuando uno entienda que otro del grupo de legitimados por la ley ha lesionado la memoria de la persona fallecida.

La oportunidad de iniciar un proceso puede ser adoptada por cualquiera de los legitimados.

Con todo, si la ley reconoce la legitimación para la defensa de la memoria de una persona fallecida a determinados familiares es también exigible a quien actúa como guardián de la memoria del causante una conducta clara y tajante que no deje lugar a dudas sobre su reacción frente al insulto al recuerdo del difunto.

En última instancia porque, como resulta de la doctrina del Tribunal Constitucional antes referida, y en palabras del mismo, con la muerte de las personas su reputación se transforma en gran medida, vinculándose sobre todo a la memoria o el recuerdo por parte de sus allegados, y su contenido y la intensidad de su protección no son los mismos que en el caso de las personas vivas.

De ahí la relevancia del comportamiento observado por quien ejercita la acción invocando los derechos de la personalidad de una persona fallecida.

En el caso, a la vista de todas las circunstancias, resulta inverosímil la explicación de la demandante acerca del conocimiento que tuvo de la participación de la hermana, no en uno, sino hasta en nueve programas en los que se hablaba de su madre.

Por eso, hay que compartir la valoración de la sentencia del juzgado, confirmada por la sentencia de apelación, cuando ponen de relieve la actitud evasiva de la demandada a las preguntas acerca de si sabía si su hermana iba a ir al programa, o su respuesta acerca de que los familiares le comentaban lo que decían los colaboradores, pero no vio ningún programa hasta que se emitieron todos, o lo sorprendente de que no le comentaran que también iba la hermana y que, entonces, no le pidiera que dejara de ir o manifestara de algún modo su disconformidad con lo que se estaba emitiendo.

Resulta igualmente significativo, como advierten las sentencias de instancia, que las dos hermanas hayan presentado bajo la misma dirección letrada sendas demandas relacionadas con los mismos programas, aunque la de la colaboradora de los programas se dirigiera, según dice la recurrente, a la defensa de sus propios derechos al honor e intimidad personal y familiar, mientras que en este procedimiento la demandante invoca los derechos de la madre fallecida y la afección de la propia demandante, lo que apunta a una estrategia jurídica diseñada de consuno.

Como bien se ve, estas consideraciones no imputan a la demandante la actuación de la hermana que intervino en los programas de televisión, sino que valoran el comportamiento (y sus omisiones) de la propia demandante.

Finalmente, es también relevante que el Ministerio Fiscal, a quien en defensa del interés público, en suma, de la defensa de los intereses de la sociedad, en trámite de informe se opuso a la estimación de la demanda en la primera instancia, se opuso al recurso de apelación y se opone ahora al recurso de casación interpuesto por la demandante.

El recurso, por tanto, ha de ser desestimado porque, en atención a las circunstancias concurrentes, resulta inverosímil que quien actúa en este procedimiento solicitando la tutela judicial de la memoria de la madre fallecida no tuviera conocimiento de la participación activa de su hermana en una serie de programas de crónica social que se sucedieron en el tiempo y en los que, en un contexto consciente y voluntariamente polémico, se fueron intensificando las críticas a la madre, sin que la ahora demandante reaccionara en modo alguno manifestando su oposición.

En consecuencia, puesto que la reputación de la persona tras su fallecimiento se transforma en gran medida y se vincula a la memoria por parte de sus allegados, en el presente caso las manifestaciones de los colaboradores de los programas en cuestión quedan amparadas por la libertad de expresión.

Por todo lo expuesto, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto

2.º– Confirmar el fallo de la mencionada sentencia.

3.º– Imponer las costas a la parte recurrente.

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