Régimen de visitas y Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo

En fecha 18 del presente mes de Marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Publicado en BOE de 18 de Marzo 2020, con entrada en vigor en el momento de su publicación en el referido boletín

En dicho real decreto, el cual consta de un único artículo, por el que se procede a:

  • Modificar el primer inciso y la letra h) del artículo 7.1.
  • Modificar el título y el apartado 1 del artículo 10, y se introduce un nuevo apartado 6.
  • Modificar el apartado 4 del artículo 14.
  • Modificar el apartado 4 y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 a la disposición adicional tercera

En relación al régimen de visitas, aspecto que os interesa a día de hoy, ante la desinformación que existe en éste aspecto, y al cual ya nos hicimos eco en éste espacio, titulado Régimen de visitas y Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo; deberemos estar a la modificación del apartado h) del artículo 7.1, con la redacción siguiente:

«1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».

«h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza

Recordemos, como ya indicamos, el artículo 7, relativo a la limitación de la libertad de circulación de las personas en las vía públicas, con las siguientes excepciones, y durante el presente estado de alarma:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Ademas de ello, en la Disposición adicional segunda, relativa a la suspensión de procedimiento y plazos procesales, nos encontramos que:

Si bien se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, no se aplicarán en el orden penal respecto de:

  • procedimientos de habeas corpus.
  • actuaciones encomendadas a los servicios de guardia.
  • actuaciones con detenido.
  • órdenes de protección.
  • actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
  • cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

En lo relativo a otras órdenes jurisdiccionales no será de aplicación a los siguientes supuestos:

  • El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. Dicho artículo se encuentra en el Título V relativo a los procesos especiales, en su Capitulo I, relativos a los procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la personas, así el procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley, además de poder hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

3. Todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente.

  • Procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  • Autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo158 del Código Civil.

No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Recordemos que el artículo 158 del Código Civil, nos permite, recurrir al amparo judicial para cualquier vulneración de los derechos relativos al menor, entre otras cuestiones las relativas a las dispuesta en resolución judicial, la cual, es de obligado cumplimiento.

Por ello, y salvo que exista un riesgo para el menor o los menores, e incluso para uno de los progenitores, se podrá proceder a realizar de manera efectiva el regimen de visitas determinado, tanto en oportuno convenio regulador como el determinado y dispuesto por autotidad judicial en oportuna resolución, ya fuera, respecto de procedimiento de separación o divorcio como de medidas paterno filiales.

Por ello, como ya hiciéramos en nuestro anterior post, ya reseñado, tal y como hemos aconsejado a nuestros clientes y aquellos que han requerido en éstos días de nuestros servicio; lo siguiente,

  • Ambos progenitores deberán actuar, siempre y en todo momento en interés del menor o menores, y no del suyo propio.
  • Ser flexibles y coherentes con la situación, respetando en todo momento los derechos como las obligaciones de los progenitores como de los menores, y cuyas posturas sean sensatas amparadas por el sentido común y a la generosidad.
  • Facilitar en todo momento el desplazamientos con las garantías sanitarias, dispuestas en las ordenes gubernativas. Además de ello, si alguno de los progenitores, se encontrara en la tesitura de no poder realizar de manera efectiva el régimen de visitas y estancia, por tener dudas de su propia infección, deberá comunicarlo al otro, pudiendo compensarse los días en momento posterior. En ese caso, en modo alguno podrá interpretarse o determinarse como incumplimiento por parte de dicho progenitor.
  • Deberán cumplirse, en todo momentos y de conformidad con los dispuesto en las resoluciones judiciales o los acuerdos adoptados, con el único limite del riego de los menores.
  • No podrá en tal sentido ampararse cualquiera de los progenitores, en la inmovilidad de los menores y la realización efectiva del régimen de visitas al amparo del estado de crisis sanitaria.
  • En su caso, podrán y deberán los progenitores a acuerdos que garanticen las necesidades y salud de los menores. En su caso y como ya indicamos, será posible una alteración del régimen de visitas con una posterior compensación de días, a fin de no vulnerar el derecho deber del progenitor, ni el derecho de los menores a relacionarse con su progenitor, y en su caso con la familia extensa del mismo.
  • En caso de desplazamiento se podrá acordar el reparto de estancias amplias y acumulativas de días para disfrute con el progenitor no custodio, a fin de evitar multiples desplazamientos, y con ello de minimizar los riesgos de los traslados.
  • Mantener, en todo momento, estando obligado a facilitarlo y fomentarlo, el derecho de las comunicaciones de los menores con el progenitor con el que no se encuentren en ese momento, mediante comunicación vía telefónica o telemática, skype, Facetime, progenitor custodio estará obligado a facilitarlo. En estas circunstancias, entendemos comprensible y necesario, quizá ampliar el horario y tiempo de contacto, sin que ello influya en las horas de desarrollo académico y de descanso de los menores.
  • Recordar lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, principalmente respecto de los artículo 2, artículo 5 y artículo 9, así como el preámbulo de dicha Ley.

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