Reseña de causas y procedimientos urgentes e inaplazables.

Por parte de la Magistrado Juez Decano de Madrid, se han determinado los siguientes aspectos, mediante acuerdo gubernativo 0156/2020, para determinar la y concreción, de determinados procedimiento por vía judicial, con y por carácter de urgencia e inaplazables, por el contenido de los mismos.

Estas causas, podrán ser registradas y repartidas por los servicios comunes de registro y reparto del decanato, en los diferentes órdenes jurisdiccionales.

Así, los escritos que se presenten ante el Decanato se limiten a las disposiciones del Real Decreto 463/2020 y del acuerdo de 15 de marzo dictado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; debiendo se indicar en el encabezamiento del escrito de manera destacada ese carácter urgente e inaplazable, utilizando, para ello letra de mayor tamaño, mayúsculas, subrayado, negrita u otro color diferente al negro.


El fundamento de este acuerdo está en el contenido de la Disposición Adicional Segunda del citado Real Decreto que, tras suspender los términos y plazos procesales, expresamente dispone:

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a:

  • procedimientos de habeas corpus.
  • actuaciones encomendadas a los servicios de guardia.
  • actuaciones con detenido.
  • órdenes de protección.
  • actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
  • cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.


Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.


Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos
fundamentales y libertades públicas
regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,reguladora de la jurisdicción social.


c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

Además, en virtud de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia ante la misma situación, y la Resolución de la misma fecha, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, sobre instrucciones de aplicación de la anterior, se ha visto reducida significativamente la plantilla de los funcionarios que integran los servicios comunes de este decanato, en aplicación de los servicios mínimos, orientados a prevenir el contagio.


Pues bien, no obstante haberse dictado dicho acuerdo gubernativo y notificado oportunamente a los respectivos colegios profesionales, continúa produciéndose la presentación de escritos que obvia que los plazos procesales han sido suspendidos y que el reparto de asuntos se va a limitar y restringir por los motivos expuestos a los declarados urgentes e inaplazables .

Además de ello, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha acordado que mientras se mantenga el estado de alarma no procede la presentación “en ningún caso” de escritos procesales de manera presencial, la misma se limitará a la forma telemática (LexNET) a aquellos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ entiende que, “ignorar estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad de la declaración de estado de alarma, en la medida en que la presentación de un escrito desencadenaría la obligación procesal de proveerlo, actuación procesal que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, debe entenderse suspendida”.

El acuerdo precisa,que la suspensión de plazos procesales no impide, de acuerdo con el apartado 4 de la citada disposición adicional, la adopción de aquellas actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”, por lo que dicha suspensión no alcanza a la presentación de escritos que se encuentren vinculados con actuaciones judiciales urgentes y necesarias.

Además, la Comisión Permanente ha acordado extender el alcance de la suspensión de los plazos procesales prevista en el Real Decreto 463/2020, con carácter general, a aquellos plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de obligaciones legales con proyección procesal y, en particular, a los que rigen para la presentación de solicitud de concurso, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 43.1 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

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