Incapacidad, situación constante, permanente o exporádica y su limitación ¿Cuál posee mayor peso a la hora de determinarla?

Para poder iniciar la presente cuestión, entendemos que debemos puntualizar y concretar ciertos aspectos.

El primero de ellos, es que la figura de la incapacidad, ha sufrido de unos años a esta parte ciertas variaciones, y no sólo desde el punto de vista legal como de trascendencia, social, una de las mas importantes.

La actual regulación legal de la incapacitación, viene determinada por la reforna legal, determianda por la Ley Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil, por la que se que introduce un nuevo espacio dedicado a la figura de la incapacitación.

Ello parte, como hemos puntualizado anteriormente de una variación de pensamiento y desarrollo social, y que derivó en dicha reforma, a todas luces necesaria, sobre todo da una perspectiva respecto del sistema de protección abandonando la tutela primaria o de base familiar, a una la tutela judicial.

Por ello, la normativa sustantiva a aplicar, parte de la obligatoriedad de la determinación de la misma mediante una Sentencia judicial para que sea declarada la incapacidad, lo que supone unas grarantía de protección de las partes, y sobre todo y princiaplmente respecto el interes mas necesitado de protección.

Por ello, será de aplicación lo dispuesto en el codigo civil; principalmente de los artículos artículo 199, en el referido sentido, a fin de determna la debida base o funamentación, deberos estar a lo dispuesto en el artículo 200 el cual viene a determinar las causas de incapacidad.

No son o será las únicas normas a tener en consideración, todo ello, deberá apcarse y ser entendido a la luz de la Convención de Nueva York contempla desde un nuevo prisma la incapacitación.

El texto determinante en dicha Convención de los derechos de las personas con discapacidad; la cual se enfoca en una cuestión previa y fundamental, en la idea de que la incacacitación, no se circunscriba meramente a privar a una persona de su capacidad, o de que se declare a una persona incapaz, sino, más bien, de que se acrediten sus limitaciones o falta de habilidades para el pleno ejercicio de su capacidad de obrar y, en base a ello, se fijen las medidas de apoyo necesario para suplir esas limitaciones.

Por tanto, debemos partir de la idea la incapacidad total no se debería declarar nunca, o al menos solo muy excepcionalmente, de manera que los proceso de modificación de la capacidad de obrar, no deben tener por objeto la privación de dicha capacidad, sino mas bien el fijar las medidas de apoyo necesario, para que dicha persona pueda ejercerla por sí mismos, o si la ejerce a través de terceras personas, estas respeten su voluntad y autonomía en la medida de la posible

Así, podemos advertir que la esencia no es fijar una medida de apoyo para que actúe en nombre de la persona con discapacidad, sino más bien fijar una medida de apoyo para que actúe junto a esa persona.

Puntualizado esto, podremos apreciar y comprender mucho mas facilmente la fundamentación determiar en la presente causa por la Sala primera del Tribunal Supru que derivó en dicha reforma, a todas luces necesariaemo, en la que dispone que; el requisito de la persistencia en la enfermedad, que establece el artículo 200 código civil, no significa que tal enfermedad resulte irreversible, pues si la misma remite cabe un nuevo proceso de reintergación de la capacidad o modificación de la incapacidad declarada.

Por tanto debe de tratarse, que la enfermedad sufrida no sea puramente esporádica.

En la presente causa se instó demanda por parte del Ministerio Fiscal, sobre;

  • Determinación de la capacidad jurídica,
  • Medios de apoyo y salvaguardias, adecuados y efectivos para su ejercicio, de doña Encarna , y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,
  • Se dictara resolución;
    • La fijación precisa de la extensión de su capacidad jurídica.
    • Los medios de apoyo que se desprendan como más idóneos para la conservación de la capacidad jurídica arriba determinada:
      • Tutela.
      • Curatela.
      • Defensor Judicial.
      • Régimen de Guarda.
      • cualquier otro medio de apoyo adecuado.
    • Los actos a los que se refiera su intervención, y determina cuando así proceda.
    • nombrar la persona que haya de asistirle o representarle y velar por él, conforme a lo dispuesto en
  • Las salvaguardias adecuadas y efectivas para asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, y finalmente que sean proporcionales y adaptadas a sus circunstancias personales.

Juzgado de Primera Instancia , dictó sentencia con fecha 15 de diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Que estimando la demanda de incapacitación total instada por el MINISTERIO FISCAL contra D.ª Encarna , siendo su defensor judicial su hermano D. Pelayo , declaro

  • La incapacitación total para
    • gobierno de su persona y bienes.
    • cualquier acto de administración.
    • cualquier acto de disposición que pudiera efectuar de ahora en adelante.
    • así como para el derecho de sufragio.
  • debiendo quedar sometida al régimen de tutela, cargo que será ejercido por la persona de su hermano, D. Pelayo, quien comparecerá ante este Juzgado a efectuar la aceptación del mismo. Todo ello sin perjuicio de que en caso de estabilización de su enfermedad psíquica pueda reintegrarse en su capacidad.»

Dicha sentencia, ciertamente es distorsionante, con lo que hemos precisado y reseñado al inicio de éste post; pero se basaba en que en el informe médico forense consta como conclusión que la demandada, padece un trastorno psicótico de tipo paranoide, que no es consciente de que sufre la enfermedad y que -en el momento de efectuar el informe- se encuentra psíquicamente incapacitada para gobernar de forma adecuada su persona y bienes hasta que se produzca la estabilización de su enfermedad.

En la presente casusa, esta última frase, hasta que se produzca la estabilización de su enfermedad”, es la funfamental. dicha puntualización de ha de considerar y analizar de todo informe percicial que se practique.

Segunda Instancia.-

Recurso de Apelación.-

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación por la representación procesal de doña Encarna y, Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 22 de junio de 2017 , cuyo Fallo es como sigue:

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de diciembre de 2014.

Revocar la citada sentencia para declarar que;

  • Se debe limitar la capacidad de la demandada para los actos del artículo 271 del Código civil, para los que precisará la intervención del curador, a quien compete asimismo:
  • El control del cumplimiento del tratamiento médico y psiquiátrico que se prescriba a la demandada.
  • Instar, en su caso, su internamiento.
  • No podrá la demandada conducir ni usar armas, ni obtener las correspondientes licencias,
  • Si podrá sí votar.

Se declaró -con apoyo en nuevo informe médico forense efectuado en la alzada- que se limita, la capacidad de la demandada para los actos previstos en el artículo 271 CC , para los que precisará la intervención del curador, a quien compete además el control del cumplimiento del tratamiento médico y psiquiátrico que se prescriba a la demandada e instar, en su caso, su internamiento, no pudiendo la misma conducir ni usar armas ni obtener las correspondientes licencias, pero sí votar.

La Audiencia argumenta:

«[…] que no puede desconocerse el informe de la señora médico forense realizado en la alzada, incorporado al rollo de sala y ratificado en la vista de apelación, que teniendo en cuenta que la demandada padece un trastorno delirante con nula conciencia de su enfermedad, en relación con sus habilidades económico administrativas declaró que es conocedora de su situación y es capaz para gestionar su pensión y puede tomar decisiones de contenido económico, incluidos los actos de carácter contractual, siempre que dichos actos no estén impregnados de su pensamiento delirante y que no es recomendable que tenga permiso de conducir ni de poseer armas.

Tribunal Supremo

Recurso de Casación.-

doña Encarna , fundado como motivo único en la vulneración del artículo 200 del Código Civil , en relación con la jurisprudencia de esta sala.

El nuevo informe médico forense se emite en el mes de marzo de 2017 y explica en el apartado de conclusiones que:

«a) La reconocida presenta una alteración mental en forma de un trastorno delirante que no descartamos pueda ir transformándose en un cuadro dentro del espectro de la esquizofrenia;

b) Hay nula conciencia de enfermedad sin ninguna adhesión al tratamiento.

El apoyo social que podría tener (familia), está inmerso en su delirio, por lo cual no existe apoyo social de control hacia la misma.

c) Presenta una enfermedad psíquica, de difícil curación pero con posibilidad de encapsulamiento de su cuadro delirante o mejora del mismo, a través de un tratamiento adecuado.

La falta de este tratamiento supone una agravación de la enfermedad en el caso de no ser tratada adecuadamente».

Estas conclusiones son coherentes con el resultado de la exploración de la demandada que se llevó a efecto en la vista de apelación, y que fue apreciada con inmediación por el tribunal así como con las manifestaciones de sus hermanos.

Las conclusiones de este informe deben prevalecer sobre las de los otros dos informes médicos que figuran en la causa, en los folios 8 y 26, no solo por estar más próximo en el tiempo, sino porque sus valoraciones se presentan más matizadas y centradas sobre cada uno de los ámbitos de actuación de la demandada.

A la vista de estos elementos de prueba la sala acuerda, la limitación parcial de la capacidad de la demandada para los actos del artículo 271 del Código Civil, para los que precisará del complemento de capacidad del curador, de acuerdo a los artículos 287 y 289 del Código Civil.

La necesidad de la intervención del curador se basa en el peligro, puesto de manifiesto en el dictamen de la señora médico forense, de que los actos de trascendencia patrimonial resulten afectados por el trastorno delirante que padece».

La demandada interpone recurso de casación, al amparo del ordinal 3.° del artículo 477.2 del la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando como único motivo:

  • Infracción del artículo 200 CC por oposición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
  • Infracción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España en 2007 y en vigor desde mayo de 2008.
  • Explica que -conforme a la doctrina que resulta de dicha jurisprudencia- es necesario el requisito de la permanencia en la enfermedad, lo cual no ocurre en el presente caso, en que además el diagnóstico concede la posibilidad de remisión terapéutica.

Alega que la sentencia que se recurre en casación no menciona entre los hechos probados que la enfermedad que padece la demandada sea definitiva y que de hecho en el informe médico forense se hace constar «que es una enfermedad mental crónica con una buena respuesta al tratamiento farmacológico pudiendo lograr su remisión».

La sentencia citada por la parte recurrente se remite a la doctrina sentada por la de febrero de 1986, la cual no consideró obstáculo para la aplicación del artículo 200 CC el que la situación de incapacidad no fuese constante o permanente, sino esporádica, cuando las fases clínicas o críticas se produjesen, ya que el precepto está considerando únicamente la existencia de enfermedad o deficiencia persistente que impida a la persona gobernarse por sí misma, y no la fase temporal en que esta consecuencia se produzca, circunstancia ésta que se ha de tener en cuenta al determinar la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

Añade que en suma, lo que de ningún modo es viable es no incapacitar al enfermo sino sólo en cada una de las fases críticas.

Si la enfermedad es persistente con posibilidad de repetición, han de adoptarse las medidas necesarias en defensa de su persona y bienes de modo continuo y estable, para lo cual parece institución más adecuada la tutela, pues ésta obliga al tutor a promover la recuperación de la salud del tutelado, artículo 269 apartado tercero del Código Civil.

En cuanto a la necesidad de que la persistencia de la anomalía impida el autogobierno de la persona, se afirma asimismo en la Sentencia del Tribunal Supremo de Abril de 2009, que

«debe destacarse en este punto la importancia de la valoración que el Juez haga de los informes o dictámenes periciales, pues se puede padecer una enfermedad o deficiencia inhabilitante y, sin embargo, si su sintomatología externa es excluida mediante el oportuno tratamiento o remedio, de modo que el sujeto pueda comportarse con normalidad, no existirá causa de incapacitación, ya que los avances de la medicina en el terreno psiquiátrico permiten hoy un comportamiento normal a enfermos que hace unos años hubieran sido condenados a largas estancias, cuando no reclusiones de por vida, en establecimientos psiquiátricos; de donde se infiere que el carácter persistente de la enfermedad no sea suficiente para la incapacitación sino que se requiere también, como consecuencia de la misma, que el sujeto sea incapaz de gobernarse a sí mismo…».

El hecho de que sea posible la mejora de la situación de la recurrente no afecta a la declaración de incapacidad atendiendo a las circunstancias actuales, si bien el artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que «la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida».

TERCERO.- La desestimación del recurso comporta la condena en costas de la parte recurrente; artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLO:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  • Desestimar el recurso de casación formulado por la procuradora doña Regina Muñoz García, en nombre y representación de doña Encarna contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia junio de 2017.
  • Confirmar la sentencia recurrida.
  • Se declaró -con apoyo en nuevo informe médico forense efectuado en la alzada- que se limita, la capacidad de la demandada para los actos previstos en el artículo 271 CC , para los que precisará la intervención del curador, a quien compete además el control del cumplimiento del tratamiento médico y psiquiátrico que se prescriba a la demandada e instar, en su caso, su internamiento, no pudiendo la misma conducir ni usar armas ni obtener las correspondientes licencias, pero sí votar. Condenar a la parte recurrente al pago de las costas causadas.

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