¿Cuando podemos incurrir en un Delito de Abandono de Familia?

El Delito de Abandono de Familia, se refiere al hecho de impago de cualquier prestación económica establecida a favor del cónyuge o de los hijos siempre que la misma se haya establecido en un Convenio Regulador, aprobado judicialmente mediante resolución, en los supuestos de

  • Separación,
  • Divorcio,
  • Nulidad,
  • Proceso de filiación o de alimentos a favor de los hijos.

Debemos especificar que los Convenios Reguladores realizados ante Notario carecen de virtualidad para encuadrar el delito de impago de pensiones al carecer de la necesaria ratificación judicial.

Es el propio Código Civil, el que determina el concepto de alimentos en el artículo 142; y de cuyo concepto y desarrollo nos hemos hecho eco en algunas de nuestras publicaciones,

En tal sentido se considera que se incluye en el concepto de alimentos, todo aquello que es indispensable para el sustento, habitación, vestidos y asistencia médica de los hijos, incluyendo, así mismo, la educación e instrucción del alimentista, y los gastos de embarazo y parto, en cuanto éstos no estén cubiertos de otro modo.

Ademas de las bases establecidas en el Código Civil, el concepto específico de Abandono de Familia, se encuentra regulado en el Código Penal, y mas concretamente en su artículo 227, el cual se encuentra situado en la Sección 3ª del Capítulo III del Título XII del Libro II, relativo al “abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección“, es en esta Sección donde se integran las conductas más graves de incumplimiento de deberes familiares tipificadas todas como delitos.

Así incurre en Abandono de Familia, aquél que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial.

Por ello, podrá ser castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

Vistas las anteriores apreciaciones y concreciones conceptuales, pasamos a determinar las pautas y caracerística que pueden conllevar esta figura del Abandono de Familia, a través de la Sentencia dictada por la Audiencia Provinciald e Madrid, Sección vigésimonovena del mes de Marzo de 2019.

Dicha resoución aborda unas cuestiones, que hemos considerado de suma importancia, a la hora de determinar los criterios que determinan y consituyen el tipo del mismo, así como otras cuestiones interesantes, como son:

  • La carga de la prueba.
  • La presunción de inocencia.

Respecto de los elementos constitutivos del tipo, estos es, concreción de hechos que dan lugar a la consitución del propio delito, determina la resolución que se circuscriben, tal y como determinó en su día el propio Tribunal Supremo, entre otras resoluciones la dictada en Febrero de 2001,:

  • La exisitencia de una resolución Judicial.
  • Una conducta omisiva, por parte del obigado al pago
  • Un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la obligación y la voluntad de incumplir la obligación.
  • Un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquélla impone.

En lo relativo a la prueba, determina esta resolución que en este tipo de Delitos, corresponde a la acusación probar la resolución que obliga al pago de la pensión, si bien al acusado, su voluntad de pago:

  • Bien acreditando que éste se a producido, cumplliendo con ello la obligación.
  • Bien demostrando que no ha posido efectuarlo o realiarlo, y exisitiendo causa de necesidad, razones, motivos y cuantía que impidan el cumplimiento de la obligación , respeto de su cuantía.

Además de ello;

  • La existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente.
  • Una conducta omisiva por parte del obligado.

Debemos partir de unos concretos antecedentes.

Por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 2014, el progenitor qudó obligado al pago de una pensión alimenticia mensual ascendentes a 200 €, y con las oportunas subidas de I.P.C. en virtud de procedimiento de medidas paternofiliales seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia.

Con fecha 16 de abril de 2018 se dictó sentencia en Procedimiento Juicio Oral de referencia por el Juzgado de lo Penal.

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos como probados:

  • Que el acusado, Isidoro, de nacionalidad española, poseía antecedentes penales no computables a efectos de la presente causa,
  • Que desde abril de 2014 hasta el día 14 de abril de 2016, el acusado no había abonado la referida prestación, constando acreditado que en el año 2014 tenía capacidad para hacerlo al menos parcialmente. Habiéndose realizado dos pagos de 11,24 euros.
  • Que por el contrario, no consta acreditado que
  • El acusado tuviera capacidad económica durante los años 2015 y 2016 para hacer frente a la pensión de alimentos.
  • Impongo a Isidoro el pago de las costas causadas en esta instancia.

Segunda Instancia.-

Recurso de Apelación.-

Contra dicha sentencia, se interpuso, recurso de apelación invocando como motivos que fundamenta el mismo:

  • Error en la valoración de la prueba, pues no se ha practicado prueba de cargo suficiente que sirva para destruir aquel principio, cuando si no se ha pagado ha sido por imposibilidad.
  • Vulneración del principio de presunción de inocencia.

En cuanto a la primera cuestión planteada, la Audiencia Provincial de Madrid, trae a colación, la Fundamentación Juridica dada por el Tribunal Supremo de Mayo de 2016,

La invocación al derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en:

  • una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito;
  • una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas;
  • una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba .
  • una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

El análisis en profundidad de estos parámetros permite una revisión integral de la sentencia de instancia, y garantiza al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superio, artículo 14.5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En reiterados pronunciamientos , esta Sala ha mantenido que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal;

  • De las reglas de la lógica,
  • Los principios de la experiencia y
  • Los conocimientos científicos.

Pero también es reiterada la doctrina según la cual, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o computados, así como los dictámenes periciales.

Tampoco lo está a realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción tras el examen de unas pruebas que no presenció, para, a partir de ellas, confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes.

Lo que ha de examinar es,

  • En primer lugar;

Si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas.

  • En segundo lugar;

Si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

Sentado lo anterior, hemos de determinar los elementos constitutivos del tipo por el que el recurrente ha sido condenado:

  • La existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio;
  • Una conducta omisiva por parte del obligado al pago consistente en el impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos; y
  • Un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquélla impone.

En este requisito se integra también la posibilidad del sujeto de atender la obligación impuesta, toda vez que cuando el agente se encuentra en una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, esta situación objetiva excluye la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijuridicidad, que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de estado de necesidad o, más correctamente, en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por el sujeto.

En este tipo de delitos a la acusación corresponde probar la resolución judicial que obliga al pago de la pensión y al acusado su voluntad de pago,

  • Bien, acreditando que éste se ha producido.
  • Bien demostrando que no ha podido efectuarlo.

En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia de febrero de 2001, cuando dice:

” de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de la omisión “.

Pues bien, se dice en el recurso que se ha vulnerado la presunción de inocencia pues no se ha practicado prueba de cargo suficiente que sirva para destruir aquel principio, cuando si no se ha pagado ha sido por imposibilidad.

Pero conforme a lo expuesto, acreditada la obligación de pago y el incumplimiento, (en el caso concreto, a través de la testifical de la perjudicada, prueba de carácter personal cuya valoración compete, exclusivamente, al juzgador de instancia a no ser que la inferencia sea irracional o absurda, que no lo es), es a quien afirma el pago, en este supuesto, al recurrente, a quien le compete:

  • Acreditar que ha cumplido con la obligación o,
  • En caso de imposibilidad, las razones de ello.

Afirma el apelante que no cumplió con la obligación porque le ha sido imposible el abono de las cantidades impuestas al no tener ingresos suficientes para hacerle frente.

Se debate de este modo la concurrencia del elemento subjetivo del delito de impago de pensión y como acontece a menudo lo que se olvida es que la prueba de este elemento subjetivo del tipo, como hecho interno, no conlleva que sea la acusación quien tenga que aportar una contabilidad detallada de la economía del acusado, sino que basta con que infiera de los indicios probados, que el abandono económico de la familia manifestado en el impago de la pensión fijada en el proceso matrimonial ha tenido su origen en la voluntad del acusado.

Por otra parte, también se ha señalado con reiteración que la naturaleza de la infracción y el título del Código Penal en el que se incluye ponen de manifiesto que no se trata de sancionar el mero incumplimiento de una obligación civil sino el abandono de los deberes familiares de asistencia.

Finalmente, hemos de recordar también que el tipo penal de abandono de familia no exige un dolo reduplicado específico, ni una malicia inicial.

Basta con la simple voluntad de no contribuir al sostenimiento de las cargas familiares.

Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de Febrero de 2001 :

en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión.

Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida “.

En el presente caso, el acusado D. Isidoro en virtud de la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2014 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en procedimiento de guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales, tenía obligación de pagar mensualmente a la denunciante, su ex pareja, D. ª Manuela la suma de 200 euros mensuales, actualizable conforme al IPC en enero de cada año.

Ha quedado acreditado que al menos desde abril de 2014 hasta 14 de abril de 2016 no ha satisfecho dicha pensión, salvo dos pagos puntuales de 11,24 euros.

Así lo ha reconocido el propio acusado, si bien aduce que no podía pagar por no tener suficientes ingresos.

Pues bien, la Sentencia recurrida, en su segundo fundamento de derecho realiza una inferencia probatoria que se estima lógica y conforme con las reglas de la experiencia, y así valora que de la información fiscal contenida al folio 79 de la causa se desprende que durante el año 2014 el acusado obtuvo una retribución anual de poco más de 12.000 euros, sin que durante dicha anualidad se efectuara ningún pago a favor del hijo menor de edad.

Alegó la defensa que no podía pagar porque tenía que hacer frente a los gastos de alquiler y de embargo de la seguridad social, sin embargo en relación a esto último se han aportado embargos correspondientes al año 2017 y en cuanto al alquiler de la vivienda con independencia de los pactos a los que haya llegado con su pareja actual, se trata de dos personas que han de sufragar los gastos comunes y es independiente de la obligación que el denunciado tiene con su hijo.

La Juez razonadamente entiende que el delito no se ha cometido durante los años 2015 y 2016 porque pese a los impagos acreditados de la pensión, lo que no consta probado es que tuviera capacidad económica, al no constar ingresos económicos durante dichas anualidades.

Es por todo ello por lo que esta Sala no considera que se haya producido en la Sentencia recurrida una vulneración del derecho de la presunción de inocencia, ni un error en la valoración de la prueba.

En concreto la capacidad de pago, deriva, de los distintos e inequívocos indicios que enumera y que conducen como única conclusión razonable a entender acreditado el hecho de que el acusado ha estado trabajando o al menos ha tenido ingresos suficientes durante el año 2014, sin que haya abonado la pensión impuesta o al menos parte de ella.

El Tribunal Constitucional, Sala Segunda, en Sentencia 1999 ya proclamó que;

solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado

Estas circunstancias que no concurren en el caso de autos, por lo que únicamente procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto con confirmación de la resolución recurrida.

No apreciándose mala fe ni temeridad en las partes, se declaran de oficio las costas de esta alzada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

FALLO:

QUE DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por D. Isidoro , contra la sentencia de abril de 2018, del Juzgado de lo Penal, en los autos a que el presente Rollo se contrae, debemos;

  • CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución;
  • Declarando de oficio las costas de esta alzada.




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