Juzgados y Tribunales. Límites dispositivos en procedimiento de modificación de medidas de pensión alimenticia.

La presente causa se circunscribe en el ámbito del ya conocido procedimiento de modificaciones de medidas, instada por el padre, con el fin de extinguir el pago de la misma, en favor de una hija, la cual procedió al cambio de sexo, en base al hecho de que  parece que la misma trabaja, habiéndose producido, por tanto, un cambio sustancial en las condiciones respecto de la última sentencia dictada.

El procedimiento de modificación de medidas, como ya hemos puntualizado en otros espacios dedicados a estos temas, se puede solicitar o instar por causar diversas y fundamentado en motivos de variación de las circunstancias. La cuestión que traeremos al presente post se centra en el análisis del planteamiento de la demanda.

Audiencia Provincial de las Islas Baleares, de Diciembre de 2018 fundamenta la resolución, entre otros motivos en la norma contenida en el artículo 218.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone que se prohíbe al juez cualquier alteración del primero de estos subelementos, es decir, del punto de vista jurídico o calificación, pero le permitiría elegir la norma aplicable al supuesto enjuiciado.

Por eso indica que el juez no puede acudir a fundamentos de hecho y de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer y establece, en cambio, que sí ha de resolver con arreglo a las normas aplicables al caso aun cuando no hayan sido oportunamente citadas o alegadas por las partes.

La cuestión que de debate en la presente resolución, y es motivo que hayamos querido traerla a este espacio, se circunscribe en una cuestión de suma importancia; que no es otro que el planteamiento y fundamentación de la demanda.

Como podrá apreciar el lector, si está interesado en la cuestión 
y concluye la lectura íntegra de este post, 
la cuestión está en la petición solicitada al Juzgado 
en nuestro escrito de demanda, la cual deberá ser concreta y fundamentada .

A nuestro modo de ver, y esto queremos hacer ver al lector de la importancia, no sólo de la demanda; la cual deberá constar el petitum, ser acorde a la prueba que presentamos, para el caso, como sucede en la presente causa,  de no estar seguros de que podamos fundamentar en documentos alguno, o bien no poseamos la prueba por no tenerla a nuestra disposición, deberá requerirse la prueba oportuna, en virtud de los modos y medios determinados en la Ley procesal aplicable.

Además de ello, estima la Audiencia que se trata de medidas de derecho necesario,en las que el juez puede intervenir y decidir de oficio  en interés del menor, sino en medidas de libre disposición, respecto de las cuales el juez está limitado,por razones de congruencia, por lo solicitado por las partes.

En el presente caso, es tremendamente temerario, el hecho de presentar una demanda, sin tener claro o no poder acreditarlo fehacientemente, el hecho de haber variado las circunstancia que fundamentan la modificación de la medidas, en cuyo caso, se debería haber solicitado otra medida de carácter subsidiario. POr ello, en su momento entendimos importante determinar la labor del abogado especializado en drecho de familia, cuyo vinculo reseñamos, ¿Qué es y en qué consiste un abogado de familia?

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Juzgado de Primera Instancia.

Demanda modificación de medidas.-

La cuestión se centra en, demanda de modificación de medidas por parte del padre, de la acordadas en la sentencia que resolvió el procedimiento de divorcio de divorcio.

En esta causa, nos encontramos que, previa y anteriormente se procedió a la modificación de la medidas establecidas, por lo que mediante resolución en el año 2014, se procedió a la determinación de la reducción de la pensión alimenticia a favor del menor, fijándola a partir de ese momento en 200 € mensuales.

En tal sentido, el padre, en esta ocasión, solicita la modificación de medidas relativa la declaración de no haber lugar a que el padre abone cantidad alguna en concepto de alimentos a favor de la hija habida en común; alega en los hechos;

  • la ignorancia  el demandante si la hija vive en el domicilio o residencia de la madre. 

Este aspecto es propio de los progenitores que no tienen relación con los hijos, habida cuenta, que la hija es mayor de edad, ya que quedará a su voluntad en relacionarse con su padre o no. En su caso, entendemos que deberá cerciorarse de esta cuestión planteada, previamente a instar e oportuno procedimiento.

  • La creencia que la misma trabaja, esto es la hija.

Como hemos puntualizado al inicio e introducción del presente post. es ciertamente temerario, solicitar una petición, sin tener claro si lo que manifestamos es veraz o no. Por ello,  la dirección Letrada debería, o bien acreditarlo mediante oportuna prueba que acredite lo manifestado, o bien, para el caso de no tener conocimiento cierto del mismo, solicitar oportuna prueba, por los medios existentes en derecho; además de ello, se debería haber solicitado, si fuera procedente, otra pedimentos con carácter subsidiario.

En este último caso, tendríamos un mayor abanico de posibilidades,  es decir, si no podemos acreditar y fundamentar el primer petitum, con lo que tenemos planteado,  poder salir airosos con los solicitado de manera secundaria.

  • Por ello y en base a ello, se entiende se ha producido un cambio sustancial en las condiciones respecto de la última sentencia dictada.

Por su parte la madre, alega únicamente que la hija, reside con la madre.

Tal y como se expresa, y a tenor literal de lo expresado en la resolución, parece que la parte demandada, no prueba, expresando únicamanete que la hija reside con la madre, teniendo por tanto el mismo domicilio.

Por ello, El juzgado de Primera Instancia número 16 de Palma dicta resolución por la que determina, estimar la demanda presentada por el padre, con los siguientes pronunciamientos:

  • Declara extinguida la pensión de alimentos fijada en la sentencia de Modificación de Medidas Contenciosas 241/2013 dictada en fecha 17 de marzo de 2014 que venía abonando el Sr. E. a favor de su hija T. (hoy llamado Gregorio) con efectos retroactivos desde la fecha de la interposición de la demanda.

La sentencia dictada en esta primera instancia, estimatoria de la demanda, determina en la fundamentación de la misma, y en base a la prueba obrante y practicada que:

  • Que Gregorio, en la actualidad tiene 22 años, finalizó sus estudios de ESO, desconociéndose cuándo, si bien en la práctica habitual dicha enseñanza secundaria se termina con 16 años, y no es hasta abril del año 2017, meses antes de la interposición de la demanda de modificación de medidas, cuando se matricula en el IES DIRECCION000 en el ciclo formativo de carrocería, con pésimos resultados académicos a lo que hay que unir las reiteradas faltas de asistencia a clases desde diciembre de 2017, conviviendo en la actualidad con su madre.

  • Partiendo de estos hechos resulta procedente la extinción de la pensión alimenticia en su día fijada en la cantidad de 200 Euros, dado que, desgraciadamente, no consta aprovechamiento alguno del hijo mayor de edad G, pues pese a estar en edad laboral, solamente ha sustituido durante catorce días a su padre en su posición de conserje, ni trabaja ni consta que estudie con esmero y dedicación, a la vista del descenso en su rendimiento escolar, sin que haya aprobado asignatura alguna durante dos evaluaciones académicas, y todo ello no puede sino derivar del nulo interés mostrado y el escaso aprovechamiento fruto de una dejadez y desinterés manifiesto y notable, no de una temporal crisis académica.

  • De lo actuado se deduce que con el suficiente esfuerzo el hijo mayor de edad y sus capacidades, podría haber perfectamente finalizado su formación académica, extremo que no se ha producido y que se viene prolongando en el tiempo ante la nula predisposición escolar, sin que conste siquiera haber intentado su inmersión en el mercado laboral, lo que conduce a la extinción de la pensión alimenticia a la que venia obligado abonar el Sr. E.

Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación,

Segunda Instancia. Audiencia Provincial de las Islas Baleares. Sección Cuarta.

Recurso Apelación.

Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la parte demandada en el que se alega:

  • Indefensión provocada por la incongruencia entre lo alegado en la demanda y lo resuelto en la sentencia, dado que en la demanda se interesa el cese de la obligación de abonar una pensión de alimentos al afirmar que el alimenticia trabaja y la sentencia acuerda ese cese atendiendo a su edad y falta de aprovechamiento de sus estudios, por lo que se incurrió en incongruencia.

  • Por infracción del artículo 148 del Código Civil al declarar la extinción con carácter retroactivo desde la fecha de la interposición de la demanda.
  • Se alega que no se ha tenido en cuenta en la sentencia que la demandada percibe como único ingreso la renta mínima de inserción por importe de 559,47 euros mensuales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Audiencia Provincial, trae a colación lo dispuesto en el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual se refiere a:

  • la claridad, precisión y congruencia de las sentencias, en base y respecto de las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.

  • Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

  • Resolverá el Juzgado o Tribunal, conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer,

Por tanto, y en base a los dispuesto en el artículo anteriormente referido de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador parte de un concepto de causa de pedir que estaría integrado por dos elementos: el fáctico y el jurídico.

  • El juez se halla totalmente sujeto al primero, elemento fáctico, en el sentido de que sólo las partes pueden aportar al proceso los hechos en los que fundan sus pretensiones, de manera que respecto a estos datos fácticos el juez carece de toda iniciativa no pudiendo fundar su decisión en hechos que no fueron oportunamente alegados por los litigantes.

  • En cuanto al elemento jurídico de la causa de pedir, la doctrina distingue, a su vez, dos subelementos dentro del mismo:

    • el punto de vista jurídico o la calificación, esto es, el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley anuda a un determinado supuesto fáctico y que hace que la tutela específica que se solicita sea una concreta y no otra.

    • elemento puramente normativo, es decir, las concretas normas aplicables al objeto delimitado por las partes, sujeto a la consideración del juez.

Esta norma contenida en el artículo 218.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prohibiría al juez cualquier alteración del primero de estos subelementos, es decir, del punto de vista jurídico o calificación, pero le permitiría elegir la norma aplicable al supuesto enjuiciado.

Por eso indica el precepto que el juez no puede acudir a fundamentos de hecho y de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer y establece, en cambio, que sí ha de resolver con arreglo a las normas aplicables al caso aun cuando no hayan sido oportunamente citadas o alegadas por las partes.

El Tribunal Supremo en sentencia de 3 de junio de 2016 , con cita de la de 18 de junio de 2012 , ha señalado que la distinción entre el componente jurídico de la causa de pedir y las normas aplicables por el juez conforme al principio iura novit curia no siempre es clara.

Por eso el método más seguro para comprobar si se ha producido un cambio indebido de demanda, con correlativa incongruencia de la sentencia, consistirá, dada la dimensión constitucional de la congruencia como inherente a la tutela judicial efectiva y a la proscripción de indefensión artículo 24 de la Constitución, en determinar si ese cambio ha alterado los términos del debate generando en el demandado riesgo de indefensión por haber contestado a la demanda adoptando una determinada línea de defensa como, por ejemplo, proponer excepciones procesales o la de prescripción en función de la acción ejercitada en la demanda.

En el presente caso lo que se solicita es el cese de la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad basado en la afirmación de que en la actualidad.

No estamos ante medidas de derecho necesario, 
en las que el juez puede intervenir y decidir de oficio 
en interés del menor, sino en medidas de libre disposición, 
respecto de las cuales el juez está limitado,
 por razones de congruencia, por lo solicitado por las partes. 

La petición ha quedado delimitada en el escrito inicial: se ha producido un cambio sustancial de circunstancias porque el hijo trabaja.

De la documental obrante en los autos resulta que, salvo un periodo de 14 días en los que sustituyó al demandante en su trabajo como conserje, no desarrolla actividad laboral remunerada y también que reside con su madre.

No forma parte del objeto del proceso valorar si el aprovechamiento de los estudios por parte del hijo es adecuado o cuál pueda haber sido la causa de esta situación y esta ha sido la razón que ha conducido al juez a quo a la estimación de la demanda, por lo que cabe apreciar la incongruencia que se ha denunciado, lo que debe conducir al estimación del recurso, a la revocación de la sentencia dictada en primera instancia y a dictar nueva sentencia por la que se desestime la demanda.

Habida cuenta la especial naturaleza de la materia objeto del presente recurso de apelación no procede hacer especial pronunciamiento de las costas en primera instancia ni en esta alzada.

FALLO:

Esta Sala acuerda:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por Doña P contra la sentencia dictada en fecha 8 de junio de 2018 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Palma en los autos del juicio de modificación de medidas de los que el presente rollo dimana.

Se revoca la sentencia dictada en primera instancia y en su lugar se acuerda:

  • Desestimar la demanda interpuesta por D. Eloy contra D.ª Palmira .

  • No hacer mención de las costas causadas en primera instancia.

No hay imposición en costas causadas en esta alzada.

 

M. Pilar Alvarez Moreno. Abogado

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