Privación de la patria potestad e interés del menor, ¿Puede afectar a la adopción?

En primer lugar, para bordar esta interesante cuestión, debemos partir de la premisa, del desamparo.

Ya conocemos, que para el caso en que un padre o una madre, o bien la unidad familiar por determinados motivos o causas, que no puedan cuidar y proteger adecuadamente a sus hijos, la administración determinará la situación de desamparo del menor, en cuyo caso, el mismo, será asistido por las instituciones sociales adecuadas.

Partido de esta idea, y para el caso que nos ocupa, para que el menor desamparado, estado previamente en acogimiento familiar, pueda ser adoptado por esa familia,  se deberá instar oportuno procedimiento judicial, en el que el progenitor biológico del menor será oído, en dicho procedimiento.

Una vez reseñada esta cuestión, no encontramos con el paradigma, de una causa, en la que en dicho procedimiento de adopción.

El Juzgado de Primera Instancia, dicta resolución mediante Sentencia en la que se cuestiona la necesidad del asentimiento por parte de la madre, para la adopción de la menor, por la familia de acogida; determinado en el Fallo de dicha resolución no ser requisito del asentimiento, por parte de la madre de la menor, el motivo: estar o encontrarse incusar en causa de privación de patria potestad.

La madre biológica de la menor plantea demanda 
sobre la necesidad de asentimiento para la adopción de su hija, 
que es desestimada por el Juzgado por estar incursa en causa 
de privación de la patria potestad sobre la menor, y por ello, 
no ser necesario, en su beneficio e interés de la hija.

El juzgado de Instancia fundamenta, entre otros, lo dispuesto en el artículo 177 apartado segundo del Código Civil, referido específicamente a la intervención de los progenitores en la causa de adopción.

Los Hechos relevantes, en lo concerniente a la situación causal y la madre, son los siguientes;

  • La menor, nació el 23 de Febrero de 2010.
  • A la edad seis años es declarada en desamparo junto a sus dos hermanos.

  • Se acuerda, respecto a ella y a uno de sus hermanos el acogimiento con familia educadora con consentimiento de la madre.
  • A pesar del acogimiento, a la madre de la menor, se le concede un régimen de visitas con la misma las cuales se realizan en punto de encuentro familiar.
  • Las visitas de la madre evolución negativa llevó a que, finalmente fueran denegadas.
  • En el momento en el que se insta el procedimiento de adopción la menor lleva acogida 5 años y se encuentra integrada en el núcleo de pertenencia, por lo que la entidad pública acuerda el cese del acogimiento familiar y delegar la guarda con fines de adopción.

A demás de ello, se tiene en consideración el informe del equipo psicosocial, por éste se considera que;

  • La situación de miseria , salud y ausencia de responsabilidad de la madre para ofrecer a sus hijos la asistencia que precisan
  • En conclusión se aconsejan el mantenimiento de la actual situación de acogimiento con fines adoptivos de la menor que se encuentra perfectamente integrada en su actual núcleo familiar y ya cuenta con 14 años de edad.

En virtud de la situación real expuesta, la Instancia considera que la madre biológica se encuentra incusa en causa para la privación de la patria potestad y desestima la demanda.

Recordemos que, para que pueda tener lugar la privación de la patria potestad se requiere una causa suficiente para ello revelada en el proceso previo y lo suficientemente grave como para adoptar esta decisión, puesto que sólo se llevará a cabo en supuestos extremos, es decir, ha de haber una sentencia de privación y requiensiedose además que dicha privación convenga a los hijos, es decir que prime el principio de favor filii.

Así el artículo 92.3 del Código Civil guarda estrecha  relación con lo dispuesto en el artículo 170 del mismo cuerpo legal , que habla de la misma privación fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o dictada en causa criminal o matrimonial.

La madre biológica, interpone en debido tiempo y forma, oportuno;

Recurso de Apelación

Fundamentos Jurídicos.

La presente resolución, centra su fundamentación jurídica, a partir del Fundamento Tercero.

La Sala advierte que el contenido de los dispuesto en el artículo 177, apartado segundo, parágrafo 2 del Código Civil, es claro cuando establece que deberán asentir a la adopción los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación

Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judicial contradictorio, el cual se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Así los progenitores que consideren necesario asentimiento, para proceder a la adopción solicitada por el o los adoptantes, pueden comparecer ante el Tribunal que esté conociendo del correspondiente expediente de adopción y manifestarlo así.

Siendo firme la resolución que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordará la citación ante el Juez de las personas indicadas en el artículo 177 del Código Civil que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopción así como ser oídos, y que todavía no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuación sobre la adopción.

Pero especifica y resalta la salvedad determinada en el apartado tercero del propio artículo 177, y es que los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimientos no sea necesario para la adopción, deberán ser simplemente oídos en la causa de adopción.

Y todo ello, en el deber de perseguir, dos aspectos fundamentales en causas como ésta, ; de los cuales hace la resolución una importante reseña y determinación, respecto del  bienestar de los menores, señala, tal y como incide la Jurisprudencia, es de carácter absoluto, esto es el Juez la debe de buscar y aplicar siempre, mientras que el concepto de reinserción familiar, se formula con un carácter relativo, con tendencia a procurarla.

Es por ello, que podemos determinar el sentido jerárquico de los conceptos reseñados, aspecto que abordó en su día la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de Julio de 2009.

Y como corolario de la citada doctrina se dice también que “Debe concluirse que el derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés del menor.

La adecuación al interés del menor es, así, el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores.

Las medidas que deben adoptarse respecto del menor
 son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, 
intelectivo e integración social del menor 
y hagan posible el retorno a la familia natural; 
pero este retorno no será aceptable cuando 
no resulte compatible con las medidas 
más favorables al interés del menor.

La decisión determinanada  y plasmada en la resolución que hoy traemos a este espacio, se centra y circunscribe, en el caso que la recurrente presenta limitaciones para poder asumir el cuidado de su hija, la exploración que se realizó por el Equipo Psicosocial así lo constata, puntualizando varios aspectos, entre los que destaca:

  • El largo tiempo transcurrido,
  • la edad de la menor que ya alcanza los 14 años, su
  • La integración en la familia preadoptiva y
  • La imposibilidad de la demandante de asumir el cuidado de su hija ni aun con supervisión,

Por todo ello determinan su consideración de estar incursa en causa de privación de la patria potestad, a la luz de la interpretación jurisprudencial del artículo 170 del Código Civil;

Es criterio del Tribunal Supremo, tal y como dispone, entre otras la Sentencia de 24 de Abril de 2000, conceptuar la Patria Potestad como:

El Derecho Moderno, y concretamente en nuestro Derecho positivo, una función al servicio de los hijos, que entraña fundamentalmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden, como proclama el artículo 39 apartados 2 y 3 de la Constitución, al que ya nos hemos referido en diversas ocasiones en nuestros post; de tal manera que todas las medidas judiciales que se acuerden, incluida la de privación de la patria potestad, deberán adoptarse teniendo en cuenta, ante todo, el interés superior del niño, como dispone el artículo 3 apartado primero de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, incorporada a nuestro derecho interno mediante la correspondiente ratificación.

Al respecto debemos traer a este comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, nuestro reciente post relativo a este importante concepto jurídico, ¿Que es la patria potestad y en qué consiste?en el que puntualizamos que desde la perspectiva o el punto de vista jurídico, la patria potestad, se circunscribe en un complejo entramado de derechos y deberes, de los padres respecto de sus hijos centralizados en la persona del mismo, destinados al cubrir sus necesidades, cuidados y educación, y un segundo aspecto, circunscrito al ámbito patrimonial, gestionado y los bienes y patrimonio de los mismos.

Ademas de las normas reseñada anteriormente, debemos traer a colación, los dispuesto en el Ley Orgánica de protección judicial del menor, en el que en lo referente a este principio, el Interés superior del menor, desarrolla cuestiones y aspectos a tener en consideración y que constituyen la verdadera esencia del principio concreta lo siguiente, en su artículo 2:

Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.

En  las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales;

La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor.

En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial.

Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.

La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Estos criterios serán ponderables teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

  • La edad y madurez del menor.
  • La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.
  • El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
  • La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
  • La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
  • Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:

  • Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
  • La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.
  • La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
  • La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.
  • La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.

Por todo ello, es por lo que procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida.

Por ultimo, con recepto a las costas procesales, ante la desestimación del recurso debería conllevar conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que remite al general artículo 394 la imposición de costas a la parte recurrente habida cuenta de la desestimación de su recurso, ello no obstante, la Sala siguiendo el criterio mantenido por esta y otras Audiencias en atención a la naturaleza de las pretensiones deducidas en materia matrimonial y paterno filial, acuerda la no imposición de las costas y en consecuencia el que cada parte deberá asumir las causadas a su instancia corriendo por mitad las comunes.

FALLO:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su Majestad del Rey

Ha decidido:

Primero.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. Matilde .

Segundo.- Confirmar íntegramente la sentencia de instancia.

Tercero.- No hacer imposición de las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por interés casacional siempre que concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, y acumuladamente con al anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, en un solo escrito, ante ésta Sala, en el plazo de veinte días , contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito preceptivo para recurrir establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ; salvo que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el cual deberán acreditar, al efectuar cualquier solicitud ante el Tribunal superior.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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