SUCESION. LEGITIMA. REDUCCIÓN DE DISPOSICIONES INOFICIOSAS

REDUCCIÓN DE DISPOSICIONES INOFICIOSAS.-

La intangibilidad cuantitativa de la legítima supone que van a ser inoficiosas todas las disposiciones del testador, “inter vivos” o “mortis causa”, que perjudiquen la legítima de los herederos forzosos.

En tales casos procede su reducción en lo que sea preciso hasta cubrir el importe de la legítima. Así lo establecen los siguientes preceptos:

El artículo 636: “No obstante lo dispuesto en el artículo 634, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida”.

Y el artículo 654: “Las donaciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 636, sean inoficiosas computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso; pero esta reducción no obstará para que tengan efecto durante la vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos.

Para la reducción de las donaciones se estará a lo dispuesto en este capítulo y en los artículos 820 y 821 del presente Código”.

Ex artículo 817: “Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas”.

Según el artículo 655: “Sólo podrán pedir reducción de las donaciones aquellos que tengan derecho a legítima o a una parte alícuota de la herencia, y sus herederos o causahabientes.

Los comprendidos en el párrafo anterior no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante, ni por declaración expresa, ni prestando su consentimiento a la donación.

Los donatarios, los legatarios que no lo sean de parte alícuota y los acreedores del difunto, no podrán pedir la reducción ni aprovecharse de ella”. No obstante, la doctrina entiende que sólo deben estar legitimados los legitimarios y sus herederos, forzosos y voluntarios, pero no los legatarios de parte alícuota, que han de pasar por los actos del causante.

Roca Sastre considera que también estarían legitimados los acreedores de los legitimarios, a través de la acción subrogatoria.

Como ha señalado el Tribunal Supremo, a los legitimarios corresponde probar la inoficiosidad.

La legitimación pasiva corresponde a los favorecidos por el acto reducido y sus herederos.

La acción es personal y de naturaleza rescisoria. Algunos autores creen aplicable el plazo de prescripción de quince años de las acciones personales (art. 1964), pero la mayoría entiende que, como las demás acciones rescisorias, caducará a los cuatro años (art.1299), contados desde la apertura de la sucesión.

La reducción se lleva a cabo del siguiente modo:

“Fijada la legítima con arreglo a los dos artículos anteriores, se hará la reducción como sigue:

1º Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento.

2º La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción alguna. Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino después de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legítima.

3º Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador”. (art.820)

“Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber en dinero.

El legatario que tenga derecho a legítima podrá retener toda la finca, con tal que su valor no supere, el importe de la porción disponible y de la cuota que le corresponda por legítima.

Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les concede en este artículo se venderá la finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de los interesados”. (art.821)

Según el artículo 822 (tras la reforma operada por Ley de 18 de noviembre de 2003, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad):

“La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella”.

Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la Ley en las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten.

El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será intransmisible.

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos regulados en los artículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de habitación”.

Por último, el artículo 656 dispone lo siguiente: “Si, siendo dos o más las donaciones, no cupieren todas en la parte disponible, se suprimirán o reducirán en cuanto al exceso las de fecha más reciente”

No podemos olvidar la regla especial del artículo 1044: “Los regalos de boda consistentes en joyas, vestidos y equipos, no se reducirán como inoficiosos sino en la parte que excedan en un décimo o más de la cantidad disponible por testamento”

El efecto de la acción es la restitución “in natura” del exceso reducible, con efectos irretroactivos, sin que el donatario deba devolver los frutos percibidos en vida del donante (artículo 645) y los de después de su muerte, sólo desde la fecha de interposición de la demanda (art. 651). Vallet sostiene que su carácter rescisorio viene confirmado por los artículos 645, 649 y 650 del Código Civil.

Los legitimarios tendrán derecho a exigir del donatario, hasta el montante de la reducción debida, el valor de los bienes enajenados que no puedan reclamar de los terceros, o la cantidad en que hubiesen sido hipotecados.