CARGAS DEL MATRIMONIO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA PRIMERA DE LOS CIVIL DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 PONENTE: BAENA RUIZ, EDUARDO CARGAS DEL MATRIMONIO: NO INCLUYE EL PAGO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA LA VIVIENDA FAMILIAR

CARGAS DEL MATRIMONIO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA PRIMERA DE LOS CIVIL DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 PONENTE: BAENA RUIZ, EDUARDO CARGAS DEL MATRIMONIO: NO INCLUYE EL PAGO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA LA VIVIENDA FAMILIAR

El TS reitera que el importe de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar no puede ser considerado como una carga del matrimonio.

El juzgado de primera instancia imponía al demandado el pago de estas cantidades mensuales, pero en concepto de pensión compensatoria. La sentencia de apelación confirmó la sentencia de instancia, pero señalando que se trataba de una contribución a las cargas del matrimonio, al objeto de sufragar el domicilio familiar en el que residen los menores del matrimonio y mientras se mantuviera el derecho de éstos a ser beneficiarios de una pensión de alimentos; una denominación incorrecta que pudo generar dudas respecto de lo que constituía la pensión compensatoria y las cargas del matrimonio.

Destaca el Alto Tribunal que si la sentencia de apelación impuso al marido la obligación de pagar las cuotas del préstamo hipotecario contraído para la adquisición de la vivienda conyugal, de titularidad privativa de la esposa, lo que pretendía era proteger el interés de los hijos menores, en el sentido de facilitar una vivienda a los mismos, obviando que dicho préstamo fue concedido a ambos cónyuges con carácter solidario por lo que ya se encuentra cubierta su contribución a esa necesidad al ser el padre prestatario.

Considera que no debe pronunciarse sobre la solicitud de pensión compensatoria formulada en la demanda al entender que fue denegada por la sentencia de apelación, cuando se afirmó que dichas cantidades se imponían como contribución a las cargas de matrimonio, sin que esta afirmación fuera atacada en el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- .- Antecedentes del recurso.

El demandado-apelante-apelado D. Jose Manuel recurre en casación la sentencia de apelación que confirma la de instancia y le impone, en concepto de contribución a las cargas del matrimonio, la obligación de abonar el importe del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, propiedad privativa de la Sra. Tarsila, y el préstamo personal por esta concertado para la adquisición del vehículo de su propiedad destinado a su uso y al de sus hijos.

Para la resolución del presente recurso son antecedentes de interés los siguientes:

1.- Dª Tarsila el 29 de diciembre de 2009 interpuso demanda de divorcio contra D. Jose Manuel en la que, entre otras medidas, solicitaba la adopción de una pensión compensatoria a su favor por importe de 1200 euros mensuales actualizables anualmente conforme al IPC y que, en concepto de contribución a las cargas del matrimonio, el Sr. Jose Manuel abonara, como ya lo venía haciendo, el préstamo hipotecario que gravaba el domicilio conyugal, el préstamo personal concertado para las reformas de este y el préstamo obtenido para la financiación del vehículo utilizado por la demandante e hijos.

2.- La parte demandada, que convino en la disolución del matrimonio por divorcio, se opuso a la adopción de las precedentes medidas alegando los siguientes motivos de fondo: a) No existía situación de desequilibrio económico que justificase la adopción de la pensión compensatoria a favor de la demandante en atención a su edad, estado de salud, cualificación profesional, dedicación a la familia, colaboración mercantil con la actividad mercantil de su esposo y breve duración de la convivencia conyugal; b) el préstamo hipotecario que gravaba la vivienda familiar y los otros dos préstamos personales concedidos a la Sra. Tarsila no constituían cargas del matrimonio; c) la vivienda y el vehículo para cuya adquisición se concertaron los prestamos eran propiedad privativa de la demandante; d) el régimen económico matrimonial vigente durante su relación conyugal lo fue el de separación de bienes.

El Ministerio Fiscal se reservó su posición definitiva a lo que resultara de la prueba.

3.- La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, declaró la disolución del matrimonio por divorcio y acordó, en lo que aquí interesa, que D. Jose Manuel abonase, en concepto de pensión compensatoria, el importe del préstamo hipotecario que gravaba el domicilio conyugal y el préstamo para la financiación del vehículo de Dª Tarsila. Las razones fueron, en síntesis, las siguientes: a) Que concurrían los requisitos del art.97 del Código Civil (EDL 1889/1) para conceder una pensión compensatoria a la actora, pero el Sr. Jose Manuel ya venía abonando íntegramente el préstamo hipotecario que gravaba el domicilio conyugal y el préstamo para la financiación del vehículo que utilizaba la Sra. Tarsila y sus hijos por lo que resultaría injusto exigirle, además, el abono de otra cantidad en concepto de pensión compensatoria; b) el domicilio conyugal y el vehículo eran titularidad privativa de la Sra. Tarsila, habiendo adquirido aquel pocos meses antes de la separación; c) el importe del préstamo hipotecario sobre la citada vivienda y el personal destinado a la adquisición del vehículo ascendía a la suma de 3710 euros mensuales; d) consecuencia de lo anterior, el abono de la pensión compensatoria por parte del Sr. Jose Manuel se limitaría a seguir costeando los dos préstamos hasta la liquidación de los mismos.

5.- Contra dicha sentencia ambos litigantes interpusieron sendos recurso de apelación. D. Jose Manuel solicitó la revocación de la sentencia de instancia en el particular relativo a la atribución de la guarda y custodia de los hijos, vacaciones, gastos extraordinarios y, en lo aquí relevante, interesó la declaración de no haber lugar a la pensión compensatoria. Alegó que la sentencia recurrida incurría en vicio de incongruencia pues la demandante tan solo solicitó una pensión compensatoria de 1200 euros mensuales y se le concedió algo distinto de lo peticionado -el pago de dos préstamos solicitados como cargas del matrimonio- y por un importe superior -3710 euros-. Dª Tarsila interpuso recurso de apelación interesando la revocación de las medidas acordadas en materia de visitas, vacaciones y alimentos. El Ministerio Fiscal se opuso a ambos recursos. La Audiencia Provincial confirmó íntegramente la sentencia apelada. Los fundamentos fueron, en síntesis, y en lo aquí relevante, los siguientes: a) No existió vicio de incongruencia porque no hubo extralimitación respecto de lo peticionado. En el suplico de la demanda se solicitó el establecimiento de una pensión compensatoria y, además, en concepto de contribución a las cargas del matrimonio, el pago del importe de un préstamo hipotecario, y dos préstamos personales destinados a la reforma del domicilio y a la financiación del vehículo; b) no hubo incongruencia sino una denominación incorrecta, una redacción gramatical que pudo generar dudas respecto de lo que constituía la pensión compensatoria y las cargas del matrimonio; c) habría sido más clarificador que se hubiese afirmado que no había lugar a la pensión compensatoria y que estas cantidades las consideraba y se imponían como contribución a las cargas de matrimonio; d) por lo precedente debía desestimar el recurso y ratificar la obligación de pago de tales cantidades, no en concepto de pensión compensatoria sino en concepto de cargas del matrimonio para sufragar el domicilio familiar en el que residen los menores y mientras se mantuviera el derecho de estos a ser beneficiarios de una pensión de alimentos.

6.- La sentencia de segunda instancia ha sido recurrida por el demandado, apelante-apelado en casación. El recurso se formula al amparo del art.477.2.3ª LEC (EDL 2000/77463) , por presentar la sentencia recurrida interés casacional por oposición a la doctrina de este Tribunal y se articula en un único motivo por infracción de los arts. 90 d), 91, 1.437 y 1.438 del Código Civil. El Ministerio Fiscal apoya el recurso y solicita su estimación. La demandante recurrida solicita su desestimación.

SEGUNDO.- Enunciación del Motivo Único del Recurso de Casación.

El único motivo del recurso se funda en la infracción de la doctrina jurisprudencial que interpreta los artículos 90 D), 91, 1.437 y 1.438 del Código Civil, sobre cargas del matrimonio.

En su desarrollo argumental defiende la parte recurrente que el pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda familiar y del préstamo personal contraído por su esposa para la adquisición de su vehículo no constituyen cargas del matrimonio. Son obligaciones afectantes exclusivamente al aspecto patrimonial de las relaciones entre cónyuges, ajenas al procedimiento de divorcio. En el presente caso, además, los esposos contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes y los bienes eran privativos de la esposa. El Ministerio Fiscal apoya el recurso.

La parte recurrida, al amparo del párrafo segundo del art.485 LEC (EDL 2000/77463) , se ha opuesto al recurso aduciendo, con carácter preliminar, que no debería haberse admitido por la invocación de preceptos genéricos inidóneos para fundar un recurso de casación. E interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida alegando que, cualquiera que sea la calificación que se quiera atribuir, es clara la “ratio decidendi ” de la sentencia recurrida en la que lo que se impone, como carga del matrimonio, cualquiera que sea el régimen económico, es la obligación de prestar alimentos a los hijos menores ( art.1362.1ª CC (EDL 1889/1)), en el aspecto de facilitarles una vivienda en que desarrollen su vida familiar ( art.142 del CC (EDL 1889/1) ).

TERCERO.- .- Decisión de la Sala. Estimación del recurso.

1.- La demandante recurrida fundamenta la causa de inadmisibilidad del recurso en el carácter genérico de las normas sustantivas – artículos 90 d), 91, 1.437 y 1.438 del Código Civil – que lo sustentan.

El óbice de admisibilidad debe ser rechazado. Constituye doctrina reiterada de esta Sala (SSTS de 14/04/2011, RC n.º 1404/2007 y 20/09/2011, RCIP n.º 1550/2007 , entre muchas) que el artículo 477.1 LEC (EDL 2000/77463) impone identificar en forma debida la infracción normativa, y que esta exigencia, que obliga a que el escrito de interposición de un recurso de casación presente una estructura ordenada, con tratamiento separado de cada cuestión jurídico-sustantiva mediante el motivo correspondiente, se traduce tanto en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, como en el rechazo de los motivos fundados en preceptos genéricos o excesivamente amplios ( SSTS de 4 de enero de 2010, RC n.º 1984/2005 , 11 de enero de 2010, RC n.º 1269/2005 y 16 de julio de 2012, RC n.º 373/2010), debiendo considerarse como preceptos genéricos aquellos que generan la existencia de ambigüedad o indefinición sobre la concreta infracción alegada y la cuestión jurídica suscitada ( artículo 483.2.2.º LEC (EDL 2000/77463) , en relación conartículo 481.1 LEC) (EDL 2000/77463) .
La proyección al presente caso de la referida doctrina determina la desestimación de la causa de inadmisión articulada, pues no es de apreciar ambigüedad ni indeterminación en las infracciones alegadas sobre cuya interpretación este Tribunal se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones, ni sobre la cuestión jurídica suscitada.

2.-. Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión jurídica que plantea el recurso relativa a si el pago del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, y por extensión de otros préstamos de análoga naturaleza, puede englobarse dentro del concepto «cargas del matrimonio».

En la sentencia invocada de 31 de mayo de 2006, Rc. 4112 / 1999 , este Tribunal declaró que «La cuestión cardinal que queda así planteada, que es sobre la que en realidad versa el recurso y en concreto sus dos primeros motivos, radica en la determinación de si el concepto de cargas del matrimonio, a que se refiere el artículo 1.438 del Código Civil (EDL 1889/1) para establecer la forma de su sostenimiento cuando rige el régimen de separación de bienes, comprende los conceptos que se discuten en este proceso referidos a gastos producidos por bienes de carácter común a efectos de que pueda resultar obligado uno de los cónyuges a una mayor contribución al contar personalmente con mayores recursos económicos. la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103.3.ª CC (EDL 1889/1) ). Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la adquirieron por compra en el año 2006. En consecuencia, la normativa aplicable a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto, elartículo 393 CC (EDL 1889/1) , que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales.”

En la sentencia de 28 de marzo de 2011, Rc. 2177/2007 , esta Sala formuló la siguiente doctrina: «el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC (EDL 1889/1) y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC ».

Igualmente en la sentencia de 26-11-2012, rec. 1525 de 2011 , que: «La noción de cargas del matrimonio, dice la sentencia de 31 de mayo de 2006, debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes ( artículo 103-3ª del Código Civil) (EDL 1889/1) . Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico vigente durante la convivencia matrimonial ha sido el de separación de bienes que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar. En consecuencia… la normativa aplicable a tales bienes era la propia del régimen general de la copropiedad, y en concreto el artículo 393 del Código Civil (EDL 1889/1) , que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales».

En el mismo sentido la STS de 20 de marzo de 2013, Rc. 1548/2010 (EDJ 2013/101626) : «Resulta aplicable en el supuesto que nos ocupa la jurisprudencia de esta Sala, SSTS de 31 de mayo 2006, 5 de noviembre de 2008, 28 de marzo 2011, 29 de abril de 2011 y 26 de noviembre de 2012, según las cuales, la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 CC (EDL 1889/1) , porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio, que en el caso es el de separación de bienes».

Y en la más reciente STS de 17 de febrero de 2014, Rc. 313/2012 (EDJ 2014/16244) , del siguiente tenor: « La descripción más ajustada de lo que puede considerarse cargas del matrimonio la encontramos en el art. 1362, 1ª del C. Civil, mencionando los gastos relativos al sostenimiento de la familia, alimentación y educación de hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia, que se limita a los esposos y sus hijos.

En la sentencia recurrida se respeta el acervo jurisprudencial antes expuesto, en cuanto no perturba el concepto de cargas del matrimonio, dado que se limita a constatar que la vivienda familiar es privativa de la esposa y que se concertó el pago del préstamo hipotecario por ambos cónyuges y a ello se obligaron frente al banco, por lo que se limita a reflejar el ámbito obligacional concertado voluntariamente por los litigantes, sin mencionar que ello constituya una carga del matrimonio, como reconoce la parte recurrida, razón por la que procede desestimar el recurso, dado que no se aprecia el interés casacional alegado, pues la resolución recurrida se ajusta a la doctrina jurisprudencial expuesta, sin apartarse de la misma».

De aplicar la anterior doctrina al motivo único resulta su estimación, pues el importe de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario y del préstamo personal concertado para la financiación del vehículo no pueden ser consideradas «cargas del matrimonio» en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 CC (EDL 1889/1) , sin que ello determine que esta Sala deba pronunciarse sobre la solicitud de pensión compensatoria formulada en la demanda. Sobre esta cuestión sostiene el Ministerio Fiscal que la sentencia de segunda instancia, al considerar cargas del matrimonio lo que como pensión compensatoria se calificó en la primera instancia, se ha dejado sin pensión compensatoria a la demandante pues en la sentencia dictada por la Sección 24ª de la AP Madrid nada se estipula al respecto. Y añade que «al ser un suplico de la demanda de divorcio que ha quedado en nebulosa y sin resolver por la sentencia de la AP, entendemos que la Excma. Sala, si considerase que se dan los presupuestos tenidos en cuenta por el juzgador de instancia en su Fundamento de Derecho Séptimo para establecer la pensión compensatoria, deberá fijar la cuantía de esta y el plazo de duración del pago de la misma, ya que la sentencia de la AP nada establece al respecto».

Pues bien, esta Sala discrepa de la precedente consideración porque de la sentencia de apelación se deduce que su adopción fue denegada al reconocer que «habría sido más clarificador que se hubiese establecido claramente que no había lugar a la pensión compensatoria y que estas cantidades las consideraba y se imponían como contribución a las cargas de matrimonio» y porque frente a dicha sentencia la demandante no interpuso recurso alguno. Incluso solicitada por el demandado recurrente la aclaración de la sentencia en el particular relativo al pronunciamiento sobre pensión compensatoria, que fue denegada, la demandante alegó que «la sentencia es clara y no necesita mayores precisiones.La Sala, en uso de su autoridad revisoría, ha calificado de distinta manera una de las prestaciones económicas que el esposo debe atender; igualmente, también ha variado su alcance temporal».

Dicho esto, la estimación del motivo determina la casación y anulación de la sentencia dejando sin efecto la obligación del recurrente de hacer frente al pago de los dos préstamos en concepto de cargas del matrimonio.

3.- La sentencia recurrida, con la legítima intención, en favor de los menores, de que el padre contribuya a facilitar vivienda a los mismos, le impone la obligación de pagar las cuotas de amortización del préstamo contraído para la adquisición de la vivienda conyugal, que es bien privativo de la demandante.

Pero obvia que el préstamo le fue concedido a ambos cónyuges con carácter solidario por escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por el Banco Popular Español S.A., el 23 de diciembre de 2004, según consta documentalmente y reconoce el propio recurrente en su contestación a la demanda (folio 243 y 246).

Consecuencia de lo anterior, al ser el padre prestatario, es que se encuentra cubierta la contribución de ambas partes para facilitar vivienda a los menores. Afirma el recurrente que «(d)esde el inicio y en la actualidad, y previsiblemente en el futuro, el que está soportando de forma exclusiva este gasto es el Sr. Jose Manuel », lo que por otra parte reconoce la actora en su demanda, y añadía aquél que aunque ese pago no se puede computar como una carga del matrimonio, esta cantidad «habrá de tenerse en cuenta en la fijación de la pensión de alimentos».

En atención a lo expuesto el interés de los menores, que la sentencia recurrida quiere salvaguardar, se encuentra cubierto. Si circunstancias de futuro modificasen la situación fáctica existente, siempre cabrá instar la oportuna modificación de medidas, pero lo que es indudable es que la obligación de pagar el préstamo no constituye una carga del matrimonio.
CUARTO.- Costas y depósito.
La estimación del único motivo del recurso de casación determina que no se haga especial declaración en cuanto a las costas de ninguna de las instancias, ni de las causadas por este recurso, en correcta aplicación de losartículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con devolución al recurrente del depósito para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1º.- Se estima el recurso de casación formulado por la representación procesal de D. Jose Manuel contra la sentencia dictada el 19 de enero de 2014 por la Sección 24ª de la de la Audiencia Provincial de Madrid en el rollo de apelación núm. 634/2013. 2º.- Se casa y anula la sentencia recurrida únicamente en el pronunciamiento referente a la obligación de pago en concepto de cargas del matrimonio, que se deja sin efecto, manteniendo el resto de los pronunciamientos. 3º.- No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni la de las instancias, con devolución al recurrente del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

facilitado por El Dereccho.