RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE NUMERO 515/2016 DE CIVIL 6 DE JUNIO DE 2016. PONENTE: FRANCISCO JOSÉ SORIANO GUZMÁN RESUMEN

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE NUMERO 515/2016 DE CIVIL 6 DE JUNIO DE 2016. PONENTE: FRANCISCO JOSÉ SORIANO GUZMÁN

RESUMEN

Responsabilidad extracontractual por daños personales sufridos por le demandante por el ataque de un elefante en el interior del recinto de parque temático. Artículo 1905 del Código Civil

La doctrina jurisprudencial elaborada en torno al art. 1905 CC, que establece la obligación de reparar el daño causado por animales, atribuyendo dicha responsabilidad al poseedor del animal o a quien se sirva de él: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese exigido”.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2007, “…la jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado.

El contrato que celebró TR con la mercantil propietaria de los elefantes no elimina, sino más bien lo contrario, su responsabilidad por los incidentes que pudieran tener lugar con ocasión del espectáculo o de la estancia de aquéllos en el Parque, ni tampoco sirve para desplazarla en exclusiva a dicha sociedad (pretensión ésta, dicho sea de paso, estéril frente al demandante, como tercero perjudicado). Y ello porque, como es de ver con dicho contrato, se preveía (estipulación novena) que si TR se viese obligada a tener algún tipo de responsabilidad frente a un tercero que se la hubiera exigido, podría después repetir contra AR, SL; o, (estipulación 17ª) cuando TR obligaba a AR a contratar un seguro de responsabilidad civil, “independiente del que TR pudiera tener”, que cubriera cualquier posible riesgo o accidente de los elefantes en el ejercicio de su actividad.

En definitiva, por lo dicho, es correcta la apreciación de la concurrencia de conductas (la del propio demandante y la de los demandados) a la causación del daño, que si bien no elimina la obligación de los demandados de indemnizar al actor, si impone la equitativa moderación y reparto del quantum, en atención a la respectiva participación causal en el suceso, facultad moderadora que incluso es apreciable de oficio -sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2002, 27 de mayo de 2003, 4 de noviembre de 2004, 13 de junio de 2005 y 13 de junio de 2006-.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-

La sentencia de primera instancia ha estimado parcialmente la demanda interpuesta (en la que, al amparo de los arts. 1902, 1903 y 1905 del Código Civil se pretendía el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el actor cuando, el día 6 de junio del 2006, sufrió el ataque de un elefante en el recinto de TR), efectuando los siguientes razonamientos de interés:

i) En el fundamento de derecho segundo se detallan los hechos que se consideran probados, a la vista de la prueba practicada en el procedimiento. De ellos, merecen ser destacados, a los efectos de la presente resolución, los siguientes:

1º) El demandante estuvo trabajando como especialista entrenador de elefantes en el parque temático TR, de Benidorm, hasta el día 31 de octubre del 2005 y, tras finalizar su relación laboral, continuó residiendo en las instalaciones del parque, en una caravana, junto a su mujer, aportando su experiencia profesional sobre temas relacionados con elefantes, cuando se le solicitaba por los empleados y/o dirección del Parque;

2º) TR contrató con AR, SL, en fecha 25 de mayo de 2006, dos elefantes asiáticos para realizar actuaciones en el Parque;

3º) en virtud de dicho contrato, TR facilitaría el hospedaje de los animales y su alimentación y AR SL, dos domadores-cuidadores;

4º) los dos elefantes eran propiedad de los Sres. MA y EE, que tenían concertado un seguro de responsabilidad civil; 5º) el día 6 de junio del 2006, el demandante accedió, portando su pica de domador, junto a los domadores-propietarios de los elefantes, al interior del área de descanso de aquéllos, en el interior del Parque, donde se encontraban descansando, atados a un poste clavado en el suelo mediante una cadena que limitaba sus desplazamientos;

6º) el demandante, en un momento determinado, se acercó excesivamente a los elefantes, penetrando dentro del radio de acción de uno de ellos, que le sujetó con su trompa el brazo derecho, lanzándolo por los aires y amputándole por tracción dicho brazo derecho a nivel del codo;

7º) el demandante sufrió la amputación del codo, precisando de tratamiento médico y otros, estando impedido para sus actividades habituales y quedándole, en definitiva, una incapacidad total para su ocupación habitual (doma de elefantes).

ii) El elefante que causó las lesiones se encontraba, en el momento de los hechos, bajo la posesión inmediata de sus domadores-propietarios-cuidadores y bajo la posesión mediata de TR, como propietaria del Parque y responsable del adecuado funcionamiento y seguridad de las instalaciones.

Iii) La actuación de todos los codemandados estaba dirigida por la rentabilidad económica, pues actuaban en el marco de sus respectivas actividades empresariales.

iv) En la causación del siniestro concurrieron culpa de ambas partes procesales, si bien se modera (art. 1103 CC) al considerar que un 70 % corresponde al demandante y un 30 % a los demandados.

v) La culpa del demandante se residencia en que, siendo domador de elefantes, accedió voluntariamente al área de descanso (aún cuando lo hiciera acompañado de sus dueños) y penetró en el radio de acción de uno de ellos, lo cual revela negligencia, pues por su condición de especialista entrenador de elefantes y su experiencia profesional, no le era desconocido el peligro que ello podía suponer, y debería haber actuado en consecuencia, para conjurarlo.

vi) La culpa de la parte demandada descansa en el hecho de que le fue permitida, o no impedida, por la Dirección del Parque y/o los domadores o cuidadores de aquéllos, la entrada en el área de descanso de los elefantes, teniendo en cuenta que el demandante ya no tenía vinculación laboral alguna con dicho Parque. La entrada al recinto donde se encontraban los elefantes supuso la creación de una situación de riesgo, que no debería haberse producido, pues a aquél se le debería haber impedido totalmente el acceso a dicho lugar.

Se alzan contra dicha resolución TR y el otrora demandante.

TR basa su recurso, fundamentalmente, en el alegato de que el accidente se produjo por la culpa exclusiva del demandante, pues al entrar en la zona de descanso de los elefantes, con su pica de domador, era plenamente consciente de ello y del riesgo que asumía. De otra parte, también niega su propia responsabilidad, pues las instalaciones de los elefantes se encontraban en perfecto estado, en una zona restringida al público, razón por la que si aquél accedió fue porque el paso le fue franqueado por los cuidadores, y no por persona alguna de dicha mercantil. Añade que los animales estaban bajo la dependencia directa y control de sus propietarios, que alteraron el sistema de seguridad establecido en las instalaciones.

El demandante recurre porque, dicho sea en síntesis, niega responsabilidad propia alguna en el accidente que sufrió.

SEGUNDO.-

Anticipamos desde este momento que compartimos la valoración que, del material probatorio en orden a la fijación de los hechos probados, se ha efectuado en la resolución recurrida y, por ello, también lo hacemos de la aplicación, al caso que nos ocupa, del instituto de la concurrencia de culpas, si bien, como se razonará, discrepamos del porcentaje de culpa atribuido a cada una de las partes.

No está de más comenzar recordando la doctrina jurisprudencial elaborada en torno al art. 1905 CC, que establece la obligación de reparar el daño causado por animales, atribuyendo dicha responsabilidad al poseedor del animal o a quien se sirva de él: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese exigido”.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2007, “…la jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado.

La Sentencia de 29 de mayo de 2003 expresa la doctrina, a su vez recogida en la de fecha 12 de abril de 2000, en los siguientes términos: “El Código Civil español no distingue la clase de animales, y su artículo 1905, como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico (Ss de 3-4-1957, 26-1-1972, 15-3-1982, 31-12-1992 y 10-7-1996), al proceder del comportamiento agresivo del animal que se traduce en la causación de efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material”.

Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal, desplaza hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido por la culpa del perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido, eliminado la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien se sirve de él.

La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva, que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño, apreciada con arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para determinar si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia de su conducta o actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o extracontractuales, y de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia, entre otros criterios de imputabilidad admitidos, como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida, competencia de la víctima, o ámbito de protección de la norma (Sentencia de 7 de junio de 2006, que cita las de 21 de octubre de 2005, 2 y 5 de enero, y 9 de marzo de 2006).

Sentada la doctrina jurisprudencial que se acaba de exponer, procede examinar el caso contemplado en la sentencia recurrida, partiendo de los hechos que se consideran probados, con correcta valoración del material probatorio, como se ha dicho.

Hemos de comenzar resaltando que existe un auténtico vacío probatorio de lo realmente ocurrido, pues aunque hubo testigos directos del incidente, ninguno de ellos ha intervenido en el proceso (los codemandados cuidadores han permanecido en rebeldía). Los únicos testigos que han declarado acudieron al lugar del siniestro una vez había tenido ya lugar. Por tanto, el relato de hechos probados se funda en presunciones, extraídas de las circunstancias objetivas del lugar y de la situación de los animales, una vez el ataque ya se había producido.

Desde esta perspectiva, no es posible mantener la culpa exclusiva de la víctima (recordemos, no vinculada laboralmente con ninguna de las partes), pues no existe prueba alguna de que el ataque del paquidermo se produjera por una actuación absoluta y plenamente imputable al ahora demandante. Se reitera: no existe prueba alguna de lo que realmente sucedió en el recinto de descanso de los animales.

Sin embargo, habida cuenta de que el paso le fue franqueado (es decir, hubo permiso o aquiescencia de los cuidadores propietarios para que accediera al recinto; recinto donde, dicho sea de paso, había también un niño pequeño, hijo parece ser de aquéllos) y de que en el lugar se encontró la pica de domador de la que el demandante solía hacer uso, es razonable entender que el accidente se produjo en algún descuido del demandante, pues los elefantes tenían limitado su movimiento al estar encadenados al suelo.

En esta tesitura, desde el punto de vista del factor psicológico de la culpabilidad, es relevante el hecho de que el actor era plenamente consciente (por su condición de domador y entrenador de elefantes) de que se encontraba ante animales salvajes, aún domesticados, y del peligro que siempre encierra su trato; más aún cuando se trataba de elefantes que no estaban familiarizados con él, pues habían llegado a las instalaciones poco tiempo antes. El hecho de que los paquidermos tuvieran su movimiento limitado implica que el actor invadió su radio de acción, aún cuando se desconozca el motivo por el que lo hizo (a efectos meramente hipotéticos, podría haber sido para evitar el ataque al niño -véase el informe pericial de la parte demandada, folio 144 del procedimiento, donde, como conclusión, se dice que “los cuidadores dejaron solo al lesionado con los elefantes en compañía de un hijo menor de los mismos”, o para ayudar de algún modo a los cuidadores). Sea como fuere, y en atención a los hechos probados, al demandante le era previsible, por las máximas de experiencia acumuladas por años de trabajo con ese tipo de animales, que podría producirse una reacción negativa por la invasión de su territorio, lo que efectivamente se produjo con el ataque de que fue objeto.
Consideramos, pues, que existió culpa por su parte, lo que no quita la responsabilidad de la mercantil recurrente, sobre la base explicitada del art. 1905 del Código Civil. TR ha intentado eludirla atribuyéndola, en exclusiva, bien al perjudicado, bien a otros codemandados, en atención al contenido de la relación negocial entablada con ellos.

Pero el alegato está abocado al fracaso, por varios motivos.

En primer lugar, y por lo expuesto con anterioridad, por el tipo de responsabilidad objetiva ante el que nos encontramos (art. 1905 CC), que no depende de la presencia de culpa alguna por su parte. Se trata de una mercantil que utilizaba a los animales en su propio beneficio, con el objeto de lograr un rendimiento comercial, por más que también lo persiguieran los codemandados.

De otra parte, el ataque se produjo en las instalaciones de la mercantil, espacio sobre el que ésta, obviamente, tenía absoluto dominio en cuanto a la organización y medidas de protección.

Por último, el contrato que celebró TR con la mercantil propietaria de los elefantes no elimina, sino más bien lo contrario, su responsabilidad por los incidentes que pudieran tener lugar con ocasión del espectáculo o de la estancia de aquéllos en el Parque, ni tampoco sirve para desplazarla en exclusiva a dicha sociedad (pretensión ésta, dicho sea de paso, estéril frente al demandante, como tercero perjudicado). Y ello porque, como es de ver con dicho contrato, se preveía (estipulación novena) que si TR se viese obligada a tener algún tipo de responsabilidad frente a un tercero que se la hubiera exigido, podría después repetir contra AR, SL; o, (estipulación 17ª) cuando TR obligaba a AR a contratar un seguro de responsabilidad civil, “independiente del que TR pudiera tener”, que cubriera cualquier posible riesgo o accidente de los elefantes en el ejercicio de su actividad.

En definitiva, por lo dicho, es correcta la apreciación de la concurrencia de conductas (la del propio demandante y la de los demandados) a la causación del daño, que si bien no elimina la obligación de los demandados de indemnizar al actor, si impone la equitativa moderación y reparto del quantum, en atención a la respectiva participación causal en el suceso, facultad moderadora que incluso es apreciable de oficio -sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2002, 27 de mayo de 2003, 4 de noviembre de 2004, 13 de junio de 2005 y 13 de junio de 2006-.

Pues bien, en el presente caso, y con parecer discrepante del acogido en la resolución recurrida, fijamos en un cuarenta por ciento el grado de participación del actor, lo que supone que la indemnización de que sea merecedor habrá de minorarse en ese porcentaje.

En lo que respecta a la indemnización, la sentencia recurrida ha determinado como total suma indemnizable (comprensiva de múltiples conceptos) la de 174.086,89 euros. El otrora demandante no la rebate en su recurso de apelación, ni discute los conceptos no atendidos. La mercantil recurrente dedica tres líneas a este aspecto, que tampoco tienen entidad para enervar el correcto y amplio razonamiento recogido en aquélla, al que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

TERCERO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

CUARTO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros -art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) -art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 euros, por cada uno de ellos, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales correspondientes en el Tesoro Público, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

FALLO:

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de D. EEC contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Benidorm, de fecha 22 de marzo del 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 2212 / 09, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en el sentido de fijar la cantidad objeto de condena, que ha de ser satisfecha por los codemandados en 174.086,89 euros, que producirá el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda, incrementado en dos puntos desde la de la presente resolución, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.
Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.