SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO SALA PRIMERA DE LO CIVIL, NUMERO 721 DE FECHA 12 ENERO DE 2015

El Supremo reconoce la consanguinidad en la herencia de títulos nobiliarios
Resuelve el litigio entre el hermano y el hijo adoptivo de un conde fallecido en favor del primero porque priman los lazos de carácter biológico o consanguíneo frente al vínculo jurídico que supone la adopción
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Comunicación Poder Judicial
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación en materia de títulos nobiliarios en relación al título de Conde de Montalbán. Este título fue otorgado previamente por testamento al tío del demandante, que le designó como sucesor con autorización real en febrero de 1984 por no tener hijos legítimos, aunque después, en noviembre de 1984 adoptó a su sobrino.

Cuando aquel murió, solicitaron la sucesión tanto el hermano primogénito del fallecido como el sobrino adoptado, otorgándose la sucesión a favor del primero. El sobrino adoptado interpuso demanda en ejercicio de acción de declaración de mejor derecho a la posesión y disfrute del título de Conde de Montalbán.

En primera instancia se desestimó la demanda al considerar que la Real Carta de Sucesión en el título de Conde Montalbán no vulneraba el art. 14 de la Constitución, toda vez que se trataba de un título nobiliario y que la designación que el fallecido hizo en su testamento carecía de eficacia, pues los títulos no forman parte de la herencia y, extinguida la línea sucesoria por haber fallecido sin descendientes, el título se reintegró al tronco común y ostentaba mejor derecho el demandado a poseer el citado título.

La Audiencia Provincial revocó esta sentencia. Centró la cuestión litigiosa en determinar si el demandante, como hijo adoptivo del último poseedor del título de Conde de Montalbán, tenía o no los mismos derechos que si se tratara de un hijo biológico, y concluyó que sí tenía los mismos derechos, estimando por tanto su demanda.

El demandado interpuso recurso de casación basado en la necesidad de contar con doctrina del Tribunal Supremo sobre si el principio de consanguinidad, que inspira el sistema nobiliario, y el diferente trato entre los hijos adoptivos y por naturaleza es discriminatorio, como declara la sentencia impugnada, o no lo es.

El recurrente consideraba que en materia de títulos nobiliarios se sucede siempre al fundador, no al último poseedor, por lo que resulta imprescindible que el sucesor se encuentre unido al concesionario de la merced por lazos de carácter biológico o consanguíneo y que la adopción es un vínculo jurídico que no lo hace consanguíneo. Consideraba que la desigualdad en esta materia quedaba plenamente justificada, de manera objetiva y razonable, por la vigencia de los principios definidores de la institución nobiliaria, entre los que se cuenta, como uno de los básicos, el de consanguinidad.

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima el recurso de casación del demandado al coincidir los argumentos del recurrente con la tradición jurídica y la normativa en materia de sucesión de títulos nobiliarios, refrendada por la doctrina del Tribunal Constitucional que considera que excepcionalmente cabe una distinta consideración de los hijos biológicos y adoptivos, como también en su momento dijo que era posible un tratamiento diferente según el sexo. Esta sucesión, señala el ponente, viene predeterminada por vínculos de naturaleza consanguínea y no forma parte de la herencia, pasando en el momento de la muerte a las personas que el fundador del vínculo hubiera designado, pues su posesión es a título de precario.

Así, considera que la designación como sucesor efectuada por el titular a favor de su sobrino en febrero de 1984 no puede producir el efecto pretendido, pues la autorización real se basó en la inexistencia de otras personas con mejor derecho, y no puede ampararse en la consanguinidad del favorecido, pues no tiene mejor derecho que el demandado y como hijo adoptivo no puede ser eslabón de la línea sucesoria.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como señala la Audiencia en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia hoy recurrida, los hechos que han dado lugar al litigio son los siguientes:
1º) Doña Montserrat era poseedora de los títulos de Marquesa de DIRECCION001 y
Condesa de DIRECCION000.
2º) En testamento notarial abierto de 9 de junio de 1962 distribuyó los títulos entre
sus dos hijos varones, otorgándose a su fallecimiento sendas Cartas de Sucesión en el
Título de Marqués de DIRECCION001 a su primogénito don Victorino y en el de Conde
de DIRECCION000 a su segundo hijo don Luis Manuel.
3º) El 6 de junio de 1983 don Luis Manuel solicitó de S.M. el Rey autorización para
designar sucesor en el título de Conde de DIRECCION000 a su sobrino carnal y
ahijado (hijo de su hermana doña Felicidad) don Blas alegando que no tenía hijos ni
existía sucesor legal en el título.
4º) El 28 de junio de 1983 se expidió Real Decreto autorizando a don Luis Manuel a
designar sucesor en el título de Conde de DIRECCION000 a su sobrino don Blas; y en escritura pública de fecha 3 de febrero de 1984, don Luis Manuel lo designó
efectivamente como sucesor en el título.
5º) El 22 de noviembre de 1984, don Luis Manuel adoptó plenamente a su sobrino
don Blas, siendo sus apellidos desde ese momento “de Jesús María”.
6º) Al fallecimiento de don Luis Manuel -el 30 de diciembre de 2005- solicitaron la
sucesión en el título de Conde de DIRECCION000 tanto don Victorino como don Jesús
María, expidiéndose Real Carta de Sucesión en dicho título a favor del primero
mediante Orden del Ministerio de Justicia el 2 de diciembre de 2008.
SEGUNDO.- Don Jesús María interpuso demanda de juicio ordinario contra don
Victorino en ejercicio de la acción de declaración de mejor derecho a la posesión y
disfrute del título de Conde de DIRECCION000. El demandado se opuso a ello y,
seguido el proceso por sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid
dictó sentencia de fecha 8 de octubre de 2010 por la que desestimó la demanda y
condenó a la parte actora al pago de las costas.
Recurrió el demandante en apelación y la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
13ª) dictó sentencia de fecha 1 de junio de 2012 por la que estimó el recurso y revocó
la sentencia de primera instancia para, en su lugar, estimar la demanda y declarar el
mejor derecho de don Jesús María a ostentar y poseer el título de Conde de
DIRECCION000, con exclusión de cualquier pretensión de don Victorino respecto de
dicho título y con imposición de costas de primera instancia al demandado, sin especial
declaración sobre las causadas por el recurso.
Contra dicha sentencia recurre ahora en casación el demandado don Victorino.
TERCERO.- La Audiencia centra la cuestión litigiosa en la determinación de si el
demandante don Jesús María, como hijo adoptivo del último poseedor del título de
Conde de DIRECCION000 (don Luis Manuel) tiene o no los mismos derechos respecto
de la sucesión en dicho título que en el caso de que se tratara de un hijo biológico, siendo o no de aplicación al caso los artículos 14 y 39.2 de la Constitución Española y
el artículo 108 del Código Civil.
Cita el artículo 14 de la Constitución Española, según el cual “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal y social ” y el artículo 39.2, que dispone que “los poderes públicos aseguran,
asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con
independencia de su filiación…”; se refiere igualmente a la Ley 11/81, de 13 de mayo,
que modificó, entre otros, el artículo 108 del Código Civil para equiparar a los hijos
matrimoniales los no matrimoniales y los adoptivos, estableciendo en su párrafo
segundo que “la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten
los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código”.
Sostiene la sentencia impugnada que «como consecuencia de dichas normas ha de
considerarse abrogado por discriminatorio la preeminencia del principio de
consanguinidad que invoca la Juzgadora de instancia para determinar el mejor derecho
en la sucesión de un título nobiliario….». Reconoce que «las normas reguladoras de la
sucesión en los títulos nobiliarios, contienen reglas especificas para la determinación
de la sucesión en dichos títulos ajustadas a los valores imperantes de épocas pasadas,
pero tales normas no pueden prevalecer contra la suprema norma que es la
Constitución. Ya el mismo T.S. en Sentencia de 28 de abril de 1989 refiriéndose a un
supuesto de sucesión enun título nobiliario de hijos legitimados por subsiguiente
matrimonio dijo, citando la Sentencia de 7 de diciembre de 1988, “resulta evidente que
la discriminatoria y hoy inexistente categoría jurídica de los hijos legitimados por
subsiguientematrimonio ha desaparecido del Ordenamiento, representado por el
Código Civil vigente tras la reforma de 1981 y la Constitución española, norma suprema
del propio Ordenamiento, de aplicación a las sucesiones nobiliarias” viniendo así a
reafirmar la actual línea jurisprudencial de este Tribunal Supremo, contraria a la
aplicación, en materia de títulos nobiliarios, de normas y criterios tradicionales o
históricos que signifiquen vulneración de principios yvalores consagrados en la
Constitución y opuestos a la realidad social y jurídica del tiempo presente. Con acierto se ha escrito que “la Constitución incide de manera decisiva, actual o virtualmente,
sobre todas y cada una de las normas del Ordenamiento jurídico, aun de aquellas más
aparentemente alejadas de los temas políticos de base. La interpretación conforme a la
Constitución, de todasy cualquier norma del Ordenamiento tiene una correlación lógica
en la prohibición, que hay que estimar implícita, de cualquier construcción interpretativa
o dogmática que concluya en un resultado directa o indirectamente contrario con los
valores constitucionales”.
CUARTO.- Frente a dicha sentencia se alza la parte recurrente en casación
alegando, en su motivo único, que infringe las Leyes de Partidas, Título 5, Ley 3ª; Título
6º, Ley 1ª; Título 15, Ley 2ª; Real Cédula de 29 de abril de 1804, Decreto de 25 de
junio de 1874 y artículo 5 de la Ley de 4 de mayo de 1948.
La parte recurrida interesa la inadmisión del recurso por falta de interés casacional
en la forma que viene exigida por el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
objeción que ha de ser rechazada, pues precisamente la falta de doctrina
jurisprudencial sobre una cuestión jurídica de alcance general como la presente
-procedencia de la sucesión en los títulos nobiliarios de los hijos adoptivos- justifica
sobradamente que este Tribunal conozca del asunto y fije doctrina, con el contenido
que estime adecuado, anticipándose a una posible discrepancia en su tratamiento. La
falta de doctrina jurisprudencial es precisamente la que justifica el interés casacional en
el caso de aplicación de normas con vigencia inferior a cinco años, habiendo
presupuesto el legislador que cuando no se está en este caso existirán ya resoluciones
sobre la normativa de que se trate que posibiliten acudir a las otras dos vías –
contradicción con la jurisprudencia de esta Sala o entre Audiencias Provinciales- lo que
no sólo no impide, sino que aconseja, abrir el acceso a casación a los supuestos en
que los tribunales aún no se han pronunciado.
Sentado lo anterior, afirma la parte recurrente que el requisito de la consanguinidad
-junto con la vinculación- es inherente a las dignidades nobiliarias, según la legislación
aplicable desde las Leyes de Partidas, Título 5, Ley 3ª; Título 6º, Ley 1ª y Título 15, Ley
2ª, tal y como se ha pronunciado el Tribunal Supremo desde las sentencias de 11 marzo 1926, 31 diciembre 1970, 5 junio 1987, 21 abril 1961, 31 diciembre 1965 y 17
octubre 1984, así como numerosos dictámenes del Consejo de Estado. Alega que el
requisito de la consanguinidad es ineludible en el orden regular de sucesión y que en
materia de títulos nobiliarios se sucede siempre al fundador -no al último poseedor- por
lo que resulta indispensable que el llamado a suceder se encuentre unido al
concesionario de la merced por lazos de carácter biológico o consanguíneo.
Alude a la sentencia de esta propia Sala de 5 de junio de 1960 según la cual
«nuestra legislación ha dado siempre por supuesto el requisito de
laconsanguinidad…para la posible legal sucesión» y al Dictamen del Consejo de
Estado de 26 de enero de 1997, según el cual «el requisito de consanguinidad, propio
de las sucesiones nobiliarias, no deja lugar para que la filiación adoptiva pueda tomarse
en consideración en este campo ….». Menciona igualmente la sentencia del Tribunal
Constitucional de 3 de julio de 1997 -sobre cuyo contenido se tratará posteriormente- y
la propia Exposición de Motivos de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre la igualdad
del hombre y la mujer en la sucesión de los títulos, en cuanto proclama que «la
sucesión en el título queda vinculada a las personas que pertenezcan al linaje del
beneficiario de la merced», a lo que añade que «este valor puramente simbólico es el
que justifica que los títulos nobiliarios perpetuos subsistan en la actual
sociedaddemocrática, regida por el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante
la ley ….».
Sigue afirmando la parte recurrente que la adopción es un vínculo jurídico que crea
entre dos personas un nexo de parentesco civil creador de un “status familiae” pero
no de un “status filiae”, e igualmente que el artículo 108 del Código Civil iguala la
filiación matrimonial y no matrimonial, así como la adoptiva, “conforme a las
disposiciones de este Código”, siendo ajena al Código Civil la cuestión de la sucesión
en los títulos nobiliarios.
Insiste en que la filiación adoptiva está excluida de la sucesión nobiliaria y así resulta
de la Real Cédula de 29 de abril de 1804, el Decreto de 25 de junio de 1874 y el
artículo 5 de la Ley de 4 de mayo de 1948, habiéndose señalado así siempre por la doctrina; además, la adopción es un acto de la voluntad y, si desplegara todos sus
efectos respecto de las mercedes nobiliarias, ello tendría graves consecuencias para la
línea sucesoria originalmente determinada por el concedente de la merced, pues el
título se vincula a la estirpe en la que los titulares que ostentan el uso de la merced
carecen del “ius disponendi”. En las mercedes nobiliarias, al llamar a los sucesores
perpetuamente, se hace referencia a los sucesores que sean del linaje, o sea a las
personas que están ligadas por vínculos de sangre.
QUINTO.- El recurso de casación ha de ser estimado en tanto que los
fundamentos en que se apoya coinciden con la tradición jurídica y la normativa a tener
en cuenta en cuanto a la sucesión en los títulos nobiliarios, atendida la especial
naturaleza de los mismos y su desvinculación de la normativa constitucional derivada
esencialmente de su carácter puramente simbólico, según ha establecido el propio
Tribunal Constitucional, cuya doctrina lleva a considerar que excepcionalmente -dado
que los títulos de nobleza no tienen un contenido jurídico real- cabe una distinta
consideración de los hijos biológicos y los adoptivos, como también entendió en su
momento que era posible un diferente tratamiento según el sexo.
La sentencia nº 126/1997, de 3 de julio, tras referirse a la vigencia a estos efectos de
las normas con rango de Ley que integran el régimen sucesorio de los títulos
nobiliarios, dispuesto por el Derecho histórico preconstitucional vigente -artículo 1 de la
Ley de 4 de mayo de 1948, artículo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, artículo 13 de
la Ley desvinculadora de 27 de septiembre de 1820, 11 de octubre de 1820, Leyes 8 y
9 del Título XVII del Libro X de la Novísima Recopilación y Ley 2 del Título XV de la
Partida II-, y su posible disconformidad con la Constitución, contiene una serie de
consideraciones de carácter general de las que se ha de partir para resolver la cuestión
ahora planteada.
Así se dice en ella lo siguiente:
1)En cuanto al significado actual de los títulos de nobleza, tanto e n el Estado liberal
como en el Estado social y democrático de Derecho que configura nuestra Constitución (artículo 1.1 CE), basado en la igual dignidad de todas las personas (art. 10.1 CE), el
ostentar un título nobiliario no supone en modo alguno «un status o condición
estamental y privilegiada» ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública
alguna; pues «desde 1820 un título nobiliario es -y no es más que eso- una
preeminencia o prerrogativa de honor», un “nomen honoris”, de suerte que las
consecuencias jurídicas inherentes al mismo o su contenido jurídico se agotan «en el
derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo
que sucede con el derecho al nombre» (STC 27/1982, Fundamento Jurídico 2.º).
2)El título de nobleza estuvo vinculado históricamente con la Corona en cuanto
símbolo del Reino. En la actualidad, si los títulos de nobleza han subsistido desde 1812
hasta ahora, cabe entender justificadamente que esa subsistencia se deriva de su
carácter simbólico, en la medida en que expresan hoy una referencia a una situación
histórica, ya inexistente. De suerte que el significado simbólico de los títulos nobiliarios
radica en una llamada a la historia, por hacer referencia a una realidad que nos remite
a otros tiempos y ha desaparecido en su significado originario desde los inicios del
Estado liberal (STC 27/1982). Así, por simbolizar el título de nobleza una institución que
sólo fue relevante social y jurídicamente en el pasado, el símbolo elegido se halla
desprovisto hoy de cualquier contenido jurídico-material en nuestro ordenamiento, más
allá del derecho a usar un “nomen honoris” que viene a identificar, junto al nombre, el
linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa de honor. Lo que es relevante en
relación con el principio de igualdad del artículo 14 CE, puesto que si la adquisición de
un título de nobleza sólo viene a constituir un «hecho diferencial» (STC 27/1982) cuyo
significado no es material sino sólo simbólico, este carácter excluye, en principio, la
existencia de una posible discriminación al adquirirlo, tanto por vía directa como por vía
sucesoria, dado que las consecuencias jurídicas de su adquisición son las mismas en
ambos casos.
3)Los títulos nobiliarios presentan un carácter meramente simbólico en la actualidad
y su contenido jurídico se agota en el derecho a adquirir y usar el título, teniendo en
cuenta que las sucesivas adquisiciones por vía sucesoria, en atención al carácter
simbólico del título de nobleza, constituyen otras tantas llamadas al momento histórico de su concesión y, al mismo tiempo, a la singularidad de quien recibió la merced de la
Corona, máxime si se entiende que el derecho a suceder en el título nobiliario no se
deriva de la anterior posesión del mismo por otra persona, el ascendiente u otro
pariente próximo, sino que «se recibe del fundador por pertenecer al linaje»,
(SSTS,1ª de 7 de julio de 1986, con cita de otras decisiones anteriores como las de 19
de abril de 1961, 26 de junio de 1963, 21 de mayo de 1964 y 7 de diciembre de 1995).
4)La adquisición por vía sucesoria de un título de nobleza sólo despliega hoy sus
efectos jurídicos en el ámbito de determinadas relaciones privadas. De un lado, por
cuanto su eficacia general sólo se manifiesta como complemento del nombre, dado que
el uso del título de nobleza, como “nomen honoris” , sólo viene a identificar, como antes
se ha dicho, a la persona que lo ostenta en relación con su casa o linaje; dato que se
aprecia en las Reales Concesiones desde 1837, al expresar que la voluntad de la
Reina es «que ahora y de aquí en adelante os podáis llamar e intitular» de acuerdo con
el título de nobleza que se otorga.
5)Los títulos de nobleza nos sitúan ante un ámbito de relaciones que se circunscribe
a aquellas personas que forman parte del linaje del beneficiario de la merced y, por
tanto, no poseen una proyección general y definitoria de un “status”, sino que nos
encontramos ante un simple “nomen honoris” que implica una referencia a la historia en
cuanto símbolo y no posee así otro valor que el puramente social que en cada
momento quiera otorgársele.
6)Desde la perspectiva del Derecho civil, dado que los títulos nobiliarios no
constituyen, en sentido estricto, un bien integrante de la herencia del “de cuius”
(artículos 657, 659 y 661 del Código Civil), se transmiten “post mortem” sólo dentro del
linaje o familia del beneficiario, según lo dispuesto en la Real concesión o, en su
defecto, por lo establecido en el precepto legal específico que determina el orden
regular de la sucesión, la Partida 2.15.2. La transmisión post mortem de los títulos de
nobleza es de carácter vincular, y, por tanto, excepcional o extraordinaria, lo que
entraña la existencia de un orden de llamamientos objetivo y predeterminado que, en
principio, es indefinido en cuanto a los sucesores en el uso y disfrute del título nobiliario que se transmite. Pues si éste ha constituido tradicionalmente una prerrogativa de
honor vinculada a una familia o linaje -el de la persona a la que el Rey concedió la
merced- ello permite perpetuar indefinidamente su uso y disfrute por los descendientes
en línea directa de aquel a quien fue concedido.
Este carácter vincular se expresa en las Cartas Reales de concesión con fórmulas
como «perpetuamente» o «para vos y vuestros sucesores», por entenderse que éstos,
al ostentar el título nobiliario, seguían honrando tanto la memoria de aquél como el
propio linaje, la “nobilitas et familiarum dignitas”; finalidad que claramente se expresa
en la Real Cédula de Carlos IV de 29 de abril de 1804, en la que se indica que el objeto
de la concesión de un título nobiliario es «premiar los méritos y servicios del agraciado
y de sus ascendientes, perpetuando en su familia el lustre y honor anejo a estas
mercedes». Cabe señalar que la vinculación a una familia o linaje se potenció en el
pasado al estar unido el título nobiliario a un mayorazgo, como fue frecuente en Castilla
a partir de la segunda mitad del siglo XIV. Pero en todo caso se manifiesta con
claridad, al final del Antiguo Régimen, en lo dispuesto por la mencionada Real Cédula
de 29 de abril de 1804, en la que Carlos IV estableció que aun cuando las mercedes de
Títulos de Castilla fueran concedidas «sin agregación a vínculos y mayorazgos, o sin
afección a jurisdicción, señorío y vasallaje de algún Pueblo», las que se concedieran en
lo sucesivo, salvo disposición expresa en contrario, tendrían el carácter de vinculadas.
Y ello se refuerza al prescribirse también que, por lo antes dispuesto, no «se entiendan
libres las ya concedidas» (Novísima, 6.1.25).
7)El título nobiliario tiene la naturaleza de un bien inmaterial constitutivo de un
“nomen honoris” , que es igualmente una unidad y, como tal, indivisible entre los
descendientes de quien recibió la merced del Rey. Pero ello implica, cuando concurren
varios descendientes de igual línea y grado, la necesaria exclusión de unos en favor de
otros, el llamado según el orden de suceder aplicable al concreto título de nobleza de
que se trate. Consecuencia que separa profundamente esta sucesión vincular de la
ordinaria regida por el derecho civil, puesto que no está presente en su régimen legal
una igual posición jurídica de los llamados a la sucesión por la muerte del anterior poseedor del título de nobleza, sino una situación ya diferenciada previamente por un
orden de suceder predeterminado.
8)Resultaría paradójico que el título de nobleza pudiera adquirirse por vía sucesoria
no tal como es y ha sido históricamente según los criterios que han presidido las
anteriores transmisiones, sino al amparo de criterios distintos. Pues ello supondría
tanto como proyectar valores y principios contenidos en la Constitución y que hoy
poseen un contenido material en nuestro ordenamiento sobre los derechos que
carecen de ese contenido por su carácter simbólico.
9)Admitida la constitucionalidad de los títulos nobiliarios por su naturaleza
meramente honorífica y la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al que se
debe su otorgamiento, no cabe entender que un determinado elemento de dicha
institución -el régimen de su transmisión- haya de apartarse de las determinaciones
establecidas en la Real Carta de concesión. La voluntad regia que ésta expresa no
puede alterarse sin desvirtuar el origen y la naturaleza histórica de la institución, pues
como ya proclamó la STC 27/1982 «resultaría la insalvable contradicción lógica de ser
la nobleza causa discriminatoria y por ende inconstitucional a la hora de valorar la
condición para adquirir el título,pero no a la hora de valorar la existencia misma y la
constitucionalidad del título nobiliario en cuestión». En definitiva, no cabe aplicar
criterios de estricta constitucionalidad en su desarrollo a una institución que, en su
origen, ha quedado al margen de la Constitución por significar en sí misma una
desigualdad que únicamente puede subsistir por su carácter meramente simbólico.
SEXTO.- Salvada la objeción de inconstitucionalidad respecto de una diferencia de
trato en cuanto a los hijos biológicos y los adoptivos en la sucesión de los títulos de
nobleza -pues los anteriores criterios expresados por el Tribunal Constitucional así lo
avalan- hay que reiterar que tal sucesión viene predeterminada por vínculos de
naturaleza consanguínea, siendo así que la consanguinidad constituye un axioma del
derecho nobiliario fuertemente afianzado en su legislación, así como por la doctrina del
Consejo de Estado (Dictámenes de 13 septiembre 1995, 4 julio 1996, 20 marzo 2003 y 18 diciembre 2008) e implica la pertenencia a una estirpe o linaje cuyo nexo de unión
es el vínculo de sangre.
Las mercedes nobiliarias no forman parte de la herencia y su titular únicamente lo es
hasta el momento de su muerte; pues, a partir de tal momento, el derecho a ostentarlas
pasa a las personas que con arreglo a los llamamientos establecidos por el fundador
del vínculo, o por el creador de la merced, hubiesen sido designados. Los llamamientos
en tal forma preestablecidos no tienen relación alguna con el último poseedor legal de
la merced, que es el único del que podría derivar algún derecho a favor del adoptado.
El derecho que se ostenta sobre las mercedes nobiliarias lo es a título de precario sin
posibilidad de disposición por parte de quien lo disfruta -salvo la limitada facultad de
distribución cuando concurren varias en una misma persona- por lo que, no siendo
posible disponer libremente del título tampoco cabe el establecimiento de un sucesor
-que siempre lo sería del primer titular- elegido mediante adopción, salvo concesión
Real; supuesto en el que no se trataría de un derecho o legitimidad sucesoria del
adoptado, sino de la constitución de una nueva estirpe o línea sucesoria por concesión
del Rey.
Resulta así porque se entiende que el derecho a suceder en el título nobiliario no se
deriva de la anterior posesión del mismo por otra persona – ascendiente u otro pariente
próximo- sino que se recibe del fundador por pertenecer al linaje, como declaró la
sentencia de esta Sala de 7 de julio de 1986, con cita de otras anteriores como las de
19 abril 1961, 26 junio 1963, 21 mayo 1964 y 7 diciembre 1995.
El título nobiliario es una merced concedida a una persona determinada, para sí y
sus descendientes, herederos etc.; de tal manera que al fallecimiento del titular se
producirá la ficción jurídica de ser recuperado por el fundador para ser entregado
nuevamente a quien reúna las cualidades que le otorgan preferencia sobre los demás
llamados. De ahí que, al fallecimiento del titular, sus hijos no pueden invocar la filiación
como fundamento para reclamar la sucesión en el título que ostentaba su padre,
porque este era un simple precarista y a su fallecimiento la merced no pasa a
integrarse en la herencia, sino que sigue su curso natural.El hijo por adopción no participa biológicamente de la sangre del adoptante, ni de su
linaje, y su introducción en la sucesión nobiliaria vendría a quebrar el principio de que
siempre se sucede al fundador y según el orden preestablecido en el título de
concesión y por la naturaleza. El linaje es una cadena unida por los eslabones de la
consanguinidad y así lo ha proclamado reiteradamente la doctrina del Consejo de
Estado al afirmar que «el requisito de la consanguinidad, propio de las sucesiones
nobiliarias, no deja lugar para que la filiación adoptiva pueda tomarse en consideración
en este campo».
Así se reitera por dicho órgano consultivo en el dictamen emitido con ocasión de la
sucesión en el título de Conde de DIRECCION000 a favor de don Victorino, que ha
dado lugar al presente litigio. Pone de manifiesto el Consejo de Estado que « El título
de Conde de DIRECCION000 se rige por el orden regular de sucesión, al no constar en
su carta de concesión llamamientos especiales, y han solicitado la sucesión don
Victorino, hermano mayor del último titular, y don Jesús María, hijo de una hermana del
último titular (…). Sin duda, el mejor derecho genealógico, tanto respecto al
concesionario como respecto al último titular, lo tiene don Victorino . Frente a ello, no
puede alegarse el carácter de hijo adoptivo de don Jesús María . Ya ha tenido ocasión
este Consejo de Estado en la aplicación del principio de consanguinidad en la sucesión
nobiliaria, que, además, la Ley33/2006, de 13 de octubre, no ha cuestionado, de
destacar que se excluye la filiación adoptiva en el orden vincular de sucesión
(dictámenes 396/95 y1.588/96). Tampoco es relevante la circunstancia de que el último
poseedor legal del título y causante de esta sucesión accediera al título por la vía de la
distribución operada por su madre. Ciertamente, la distribución en relación con los
títulos no principales que se distribuyen crea nuevas cabezas de línea en las personas
de los beneficiarios en perjuicio de quienes, por la línea del titular que ha distribuido,
tendrían derecho preferente como primogénitos sucesivos (…). Sin embargo, como este
Consejo de Estado ha afirmado en el dictamen629/98, “agotada la línea creada por la
distribución, por no haber tenido descendencia directa el beneficiario de la misma, será
de aplicación el orden estricto del título, que debe revertir a la línea primogénita
soslayada a consecuencia de esa distribución, pero en beneficio del distribuido y su descendencia”. No habiendo tenido descendencia don Luis Manuel, será de aplicación
el orden estricto del título, correspondiendo el mejor derecho a don Victorino».
Igualmente pone de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen que «la
autorización para designar sucesor no constituye una sucesión sino un “prius” para que
la sucesión pueda producirse en determinada persona, que no excluye, a priori y de
raíz, a otros posibles sucesores. Permite que, abierta la sucesión, sea llamado quien no
tenía derecho sucesorio; pero no impone el otorgamiento de la Real Carta de Sucesión
en perjuicio de quien tenía un derecho preferente. La autorización para designar
sucesor abre una posibilidad, pero no cierra las demás, ni vincula la decisión
finalmenteprocedente una vez abierta la sucesión. El Real Decreto de 28 de junio de
1983-con independencia de los defectos de todo orden que pudieran apreciarse en la
solicitud que está en su origen y en la tramitación del mismo- no puede erigirse en
obstáculo insalvable para conceder la Real Carta de Sucesión a favor de quien, según
la carta de concesión, ostenta el mejor derecho genealógico. En consecuencia,
procede expedir Real Carta de Sucesión en el título a favor de don Victorino por
fallecimiento de su hermano don Jesús María».
SÉPTIMO.- En consecuencia no puede producir el efecto pretendido la
designación como sucesor en el título de Conde de DIRECCION000 efectuada por don
Luis Manuel a favor de su sobrino don Luis Manuel -demandante y hoy recurridomediante
escritura pública de 3 de febrero de 1984, formalmente amparada en el RD
de 28 de junio de 1983, pues tal disposición le autorizó a ello sobre la base de la
inexistencia de otras personas con mejor derecho, como por el contrario ha acreditado
el demandante, y ni siquiera puede ampararse la pretendida sucesión en el hecho de
que el favorecido por ella sea consanguíneo del fundador -sobrino del anterior titularpues
la sucesión no puede ser alterada a voluntad y resulta acreditado que, como
consanguíneo, no tiene mejor derecho que el demandado don Victorino, y como hijo
adoptivo del último titular -por las razones que se han expresado- no puede ser eslabón
de una nueva línea sucesoria.OCTAVO.- Procede por ello la estimación del recurso, casando la sentencia
recurrida y confirmando la dictada en primera instancia en cuanto desestimó la
demanda, sin especial declaración sobre costas causadas en ambas instancias y por el
presente recurso, que se ha estimado, ya que en cuanto a aquéllas se ha de tener en
cuenta la existencia de dudas de derecho que han dado lugar a sentencias con distinta
solución en cada una de las instancias, por no existir pronunciamientos anteriores de
esta Sala referidos a la cuestión que se plantea (artículos 394 y 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español.
F A L L A M O S
Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS haber lugar al recurso de
casación interpuesto por la representación procesal de don Victorino contra la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) en Rollo de
Apelación nº 572/11, dimanante de autos de juicio ordinario nº 373/09 del Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de dicha ciudad, la que casamos y, en su lugar,
desestimamos la demanda, sin especial declaración sobre costas causadas en
ambas instancias y en el presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA
pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- José Antonio Seijas
Quintana.- Antonio Salas Carceller.- Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Ignacio Sancho
Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Sebastián Sastre
Papiol.- Eduardo Baena Ruiz.- Xavier O’ Callaghan Muñoz .- José Luis Calvo Cabello.-
Firmado y Rubricado.T R I B U N A LS U P R E M O Salade loCivil
VOTO PARTICULAR
FECHA:12/01/2015
VOTO PARTICULAR que formulan los Magistrados Excmos. Sres. Francisco Javier
Arroyo Fiestas y Xavier O’ Callaghan Muñoz.
Los Magistrados que suscriben formulan el siguiente voto particular, al amparo de lo
previsto en el artículo 160 de la ley Orgánica del Poder Judicial y 367 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, haciendo constar expresamente su absoluto respeto al criterio
mayoritario de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Aceptamos y hacemos nuestros tanto los antecedentes de hecho, como los cinco
primeros fundamentos de derecho. No así los restantes fundamentos que llevan a la
conclusión de que el título nobiliario que se discute no puede adquirirlo el demandante
(se le desestima su demanda de mejor derecho) don Jesús María, hijo adoptivo del
anterior conde, a quien le designó sucesor en el título. En el recurso de casación se
insiste “en que la filiación adoptiva está excluida de la sucesión nobiliaria…” citando una
serie de normas, evidentemente preconstitucionales.
La sentencia de cuyo fallo disentimos, con todo el respeto que nos merece la opinión
de la mayoría, cita con detalle en el fundamento quinto la anterior sentencia del
Tribunal Constitucional de 3 julio 1997, que mantiene la actual constitucionalidad del
título nobiliario, pero en nada se refiere a la filiación adoptiva.El resto de los fundamentos de derecho, de los cuales ya hemos dicho que
disentimos, con todo respeto, tiene una redacción y contenido impecable y hace
afirmaciones que son indiscutibles, como, por ejemplo, “el hijo por adopción no
participa biológicamente de la sangre adoptante” y hace referencia a opiniones que sí
son más que discutibles (las del Consejo de Estado, simple órgano consultivo) y llega a
la conclusión de que no produce el efecto de ser sucesor en el título la designación a
favor del sobrino – demandante en el presente caso- por tener pariente consanguíneo
de mejor derecho y no tiene tampoco mejor derecho “como hijo adoptivo del último
titular”.
Aquí se halla el que suponemos es un error de derecho (de derecho constitucional).
La sentencia expone una argumentación que ya hemos calificado de impecable, pero
incurre, como decimos en un error: OBVIA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD que
proclama el artículo 14 de la Constitución Española y que ha recogido toda la
legislación posterior y toda la jurisprudencia, aunque tenga que aplicar normativa
dictada antes, o muchísimo antes de la Constitución Española. No se trata de juzgar la
constitucionalidad de la normativa de títulos nobiliarios, sino la constitucionalidad en la
aplicación de ella.
Entendemos que no cabe en derecho que mantengamos el PRINCIPIO DE
IGUALDAD en la filiación matrimonial, extramatrimonial y adoptiva, en todo caso, como
estamos haciendo: EN TODO CASO, EXCEPTO EN LA FILIACIÓN A EFECTOS DE
APLICAR LA SUCESIÓN EN UN TITULO NOBILIARIO.
La Constitución, en cuanto Carta Magna, recoge valores y principios esenciales para
la convivencia, que deben servir como guía en la interpretación de las normas jurídicas,
cualesquiera que sea la institución que regulen.
No podemos admitir espacios blindados frente a la Constitución, por antigua que sea
su data.No puede aceptarse que el derecho que regula los títulos nobiliarios sea inmune a
los valores constitucionales, por lo que las normas de transmisión de los títulos
nobiliarios deben interpretarse conforme a la Constitución.
Ya la sentencia del Tribunal Constitucional 144/1988, de 12 julio, había advertido que
el principio de igualdad impide un trato distinto a personas de la misma situación,
evitando que se dé relevancia jurídica a circunstancias que no pueden jamás ser
tomadas en consideración, como es el caso de la filiación. No hay duda, que la
IGUALDAD TIENE SU BASE EN LA IGUAL DIGNIDAD DE LOS SERES HUMANOS -lo
ha dicho explícitamente el Tribunal Constitucional- y esta dignidad se ha visto truncada
por la negativa a considerar hijo al que lo es adoptivo, a los efectos del mejor derecho
en la sucesión del título nobiliario. Incluso ha dicho el Tribunal Constitucional –
sentencia 29/2000, de 31 enero- que el principio de igualdad no acepta la diferencia de
trato entre justiciables en situaciones comparables. En el presente caso, a la
FILIACIÓN ADOPTIVA SE LE DA UN TRATO DISCRIMINATORIO RESPECTO A LA
FILIACIÓN MATRIMONIAL.
Ya hemos dicho anteriormente que no se pretende negar constitucionalidad a la
antigua normativa de los títulos nobiliarios, sino que mantenemos que no se pueden
aplicar criterios anticonstitucionales en la aplicación de normas que fueron dictadas
partiendo de otras consideraciones, desde luego no de la consideración de la igualdad
de todo ser humano.
Aunque no se aplique al título nobiliario, esta Sala ha dado constantemente
aplicación -como no podía ser menos- al principio de igualdad, por encima de otros
principios como, por ejemplo, el de soberanía de la voluntad del testador. Así, la
sentencia de 1 de marzo de 2013 dice: “De lo anteriormente expuesto se desprende
que la fundamentación técnica del presente caso no puede sustentarse ni en una
interpretación integrativa de la voluntad formalmente declarada y querida por el
testador, equiparándose a estos efectos la descendencia biológica y legítima con la
adoptiva, ni tampoco referenciando el proceso sucesorio de la sustitución fideicomisaria
en el momento de la muerte del fiduciario adoptante como, en su caso, de la calificación condicional de la sustitución dispuesta. Si esto es así, la corrección del
sentido del fallo en el presente caso, esto es, el reconocimiento de los derechos
hereditarios de los herederos del fideicomisario adoptado, descansa en la concurrencia
de otras perspectivas metodológicas, estrictamente enlazadas entre sí, a saber: la
aplicación retroactiva del principio constitucional de igualdad o no discriminación (
artículos 14 y 39 CE), respecto de relaciones jurídicas sucesorias no agotadas o
pendientes de ejecución, junto con la peculiar naturaleza de la sustitución
fideicomisaria en la dinámica del proceso sucesorio.”
Otras sentencias de esta Sala que han aplicado el principio de igualdad en la
filiación, son las de 10febrero de 1986, 10 noviembre 1987, 17 marzo 1995 (larga y
detallada, especialmente el fundamento 13), 19 mayo 1997, 28 junio 2002, 29
septiembre 2006. La sentencia objeto de este voto particular, creemos que rompe una
larga y reiterada doctrina jurisprudencial. Es decir, según lo dicho antes, a la reiterada
doctrina le aplica una excepción: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NO LO APLICA A LA
SUCESIÓN DE TÍTULOS NOBILIARIOS.
En consecuencia el fallo que propone este voto particular, es el de desestimar el
recurso de casación y confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 13ª,
de Madrid, que había estimado la demanda interpuesta por la representación procesal
de D. Jesús María declarando su mejor derecho a ostentar y poseer el título de Conde
de DIRECCION000
Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Xavier O’ Callaghan Muñoz.- Firmado y Rubricado .
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia y voto particular por el
EXCMO. SR. D. Antonio Salas Carceller , ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal
Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la misma, certifico.