Violencia de género, denuncia falsa; cuando se incurre en estafa procesal y falso testimonio.

En la presente causa,  la parte recurrente interesa en el recurso de casación que se dicte nueva sentencia en la que se condene a Gloria , además de por el delito de denuncia falsa del artículo 456.1.2 CP , por el que lo ha sido, por un delito de estafa procesal del artículo 250.7 CP , a la pena de cuatro años de prisión y 12 meses de multa, y por un delito de falso testimonio del artículo 458.2 CP , a la pena de dos años de prisión y 12 meses de multa. 

Hemos querido traer a este espacio la Sentencia dictada por el Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la especialidad del caso, además por las especificaciones y aclaraciones que realiza la misma en los relativo a los concepto de falso testimonio y del concepto de estafa procesal, que entre otras materia y procedimiento, se suelen dar en las bien conocidas como “denuncias falsas“.

En primer lugar, y aprovechando la especificación que realiza la Sala, debemos abordar en concepto y sentido de la segunda de ellas, ya que el concepto de falso testimonio, es conocido por todos.

El Tribunal Supremo determina, que tendrá lugar la estafa procesal, en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición.

Para ello se fundamenta en;

  • primer lugar, en el motivo por error de hecho en la valoración probatoria conforme al artículo 849.2 LECrim , en base a los documentos que designa y a los que ya nos hemos referido.

Pretensión inaceptable, según la Sala, pues para ello, y en relación a la estafa procesal sería preciso una revaloración de los elementos subjetivos de este delito-en particular el ánimo de lucro ilícito-que la sentencia recurrida considera no concurrente con base en la ponderación de la declaración dela acusada en que basó su convicción, que exigiría un examen contradictorio en esta sede casacional, presidida por la previa audiencia de la acusada, incompatible con la naturaleza y regulación legal del recurso De casación 

  • segunda razón refuerza la imposibilidad de la modificación del relato fáctico interesada por la parte recurrente.

La doctrina de esta la sala considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de Ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el artículo 849.2 LECrim, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa;

2º) Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar;

3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la LECrim .; 

4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

Por tanto, la finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim, consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que se denuncia, que para que pueda prosperar el motivo debe afectar a extremos jurídicamente relevantes, y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario.

En el caso que nos ocupa, los documentos designados, se refieren a los escritos de acusación son actuaciones de carácter procesal no verdaderos documentos para habilitar la vía procesal del artículo 849.2 LECrim

En cuanto a las resoluciones (auto de apertura juicio, sentencia y auto aclaración) dictadas en otro procedimiento en orden a la eficacia de las sentencias dictadas por otros órganos jurisdiccionales la doctrina del Tribunal Supremo, tiene establecido que no vincula el contenido de otra sentencia dictada en el mismo u otro orden jurisdiccional, dejando a salvo los supuestos de cosa juzgada. 

Así, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya estableció en su día, y ha venido reiterando en no pocas ocasiones que; 

“…los datos fácticos de resoluciones precedentes, aunque lo sean de la jurisdicción penal, carecen de virtualidad suficiente como para que en proceso distinto y con jueces diferentes, se haya de estar o pasar por los hechos antes declarados probados, no pudiendo pues sobreponerse éstos a las apreciaciones de los jueces posteriores, a menos que se diera entre las dos resoluciones identidad de cosa juzgada“.

Insistiendo en la cuestión, de acuerdo con otras resoluciones, el alto Tribunal estableció, al respecto:

  • primero que los testimonios o certificaciones de tales resoluciones judiciales ajenas, acreditan que se ha dictado determinada sentencia o resolución, pero de ninguna manera hacen fe del acierto de lo resuelto ni de la veracidad de lo en ellas contenido;
  • segundo, que lo resuelto por un Tribunal, excepto en la cosa juzgada material, no vincula ni condiciona a otro, el cual con soberano criterio y plena libertad de decisión puede aceptar como definitivo lo ya resuelto, o por el contrario llegar a conclusiones distintas;
  • tercero, que en tales supuestos no pueden extrapolarse las valoraciones o apreciaciones de los jueces pues de lo contrario se incurriría en una recusable interferencia en la apreciación racional y en conciencia de la prueba”.

Por ello se viene  afirmando en varias sentencias, el hecho, que no vincula a un Tribunal lo resuelto por otro, razón por la cual, a efectos de apreciación del error, carecen los fundamentos fácticos de una resolución temporalmente anterior, de virtualidad para acreditar error.

Y en concreto, la posible eficacia en el orden penal de una sentencia dictada por un juzgado de otro orden jurisdiccional, en concreto de lo social, y que se examina un recurso en el que se critica la postura del Tribunal sentenciador por apartarse de los criterios acogidos en la resolución precedente del Juzgado de lo social, se declara que constituye doctrina judicial consagrada y pacífica:

a) Que los testimonios a certificaciones de resoluciones, más concretamente sentencias, dictadas por cualesquiera órganos judiciales, acreditan la realidad de su emisión, pero de ninguna manera, y frente a otros órganos judiciales, hacen fe del acierto y corrección jurídica de lo resuelto, ni de la realidad y veracidad de los hechos que le sirvieron de antecedente y determinaron su pronunciamiento.

b) Lo resuelto por un Tribunal, y excepto en el contenido y alcance propio que contornea la cosa juzgada material, no vincula ni condiciona a otro distinto, el cual con soberano criterio y plena libertad de decisión puede aceptar como correcto lo ya resuelto, o, por el contrario, llegar a conclusiones dispares de las del primero.

c) En consecuencia, no pueden extrapolarse las apreciaciones o valoraciones de los jueces recogidas en una determinada resolución, incurriéndose en recusable interferencia en la función de apreciación racional y en conciencia de la prueba reservada inexcusablemente al Juez o Tribunal sentenciador.

d) De ahí que se predique, cuando de error en la apreciación de la prueba se trata, la carencia de virtualidad suficiente de los fundamentos fácticos de sentencias o resoluciones antecedentes, a fin de que en proceso distinto y por Tribunal diferente se haya de estar forzosamente a las conclusiones adoptadas en aquéllas.

e) La jurisdicción penal, por su carácter sancionador y la naturaleza personal de las penas que pueden ser impuestas, requiere un máximo de rigor en la valoración de las pruebas.

Y en cuanto al delito de falso testimonio del artículo 458.2, la sentencia recurrida no cuestiona que la acusada faltase a la verdad en su declaración testifical en el juicio oral, por lo que no es necesaria la adición que se pretende en el relato fáctico, sino que lo que se debate es la relación existente entre este delito y la acusación o denuncia falsa del artículo 456 por el que ha sido condenado, cuestión estrictamente jurídica que se plantean el motivo tercero del recurso.

Motivo Infracción de Ley. La estafa procesal.- 

Sostiene recurrente, la infracción de Ley, fundamentada en el artículo 849 apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y poniéndolo en relación con los artículos 248 y 250 apartado 7 de Código Penal a infracción de Ley, fundamentado en lo dispuesto en el artículo que el relato alternativo propuesto en el motivo precedente concurren todos los elementos de la estafa procesal dado que merced al engaño tanto de la denuncia como de lo declarado y lo solicitado en el escrito de calificación provisional, por lo que se dan todos los elementos exigidos en la estafa procesal:

  • Engaño o ánimo de lucro, resolución judicial dictada en base a tal engaño y perjuicio patrimonial, e interesa la condena por dicho delito y la imposición de una pena de cuatro años de prisión y 12 meses multa con cuota diaria de 12 euros, penas que, en todo caso, serían absolutamente desproporcionadas, sin que el recurrente haya justificado esa exasperación punitiva, para una supuesta estafa procesal .

Por todo ello, estima la Sala que la pretensión, en lo concerniente a la estafa procesal, es  inaceptable, pues en relación a esta figura o concepto, dado que  se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada.

En el presente caso, y como resultado de ello, es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado).

Es más, también la jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia.

Por otra parte, la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante.

 “En el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico“.

En definitiva, en el subtipo agravado, conocido como estafa procesal, el engaño se dirige al Juez con la finalidad de obtener una resolución que incluya un acto de disposición a favor del autor o de un tercero y en perjuicio también de tercero. Como se ha dicho más arriba, también se considera estafa procesal el supuesto en el que, sobre la base de argucias procesales, se induzca a la contraparte a adoptar una decisión basada en el engaño que implique un acto de disposición. El carácter bastante del engaño, deberá ser determinado también en atención a estas circunstancias específicas del subtipo agravado.

Consecuentemente, la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición.

La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 es decir; el

  • Engaño.
  • Error debido al engaño.
  • El acto de disposición – en este caso resolución judicial- motivado por el error;
  • El perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición;
  • El ánimo de lucro.
  • La simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.

Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. 

“incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.

Y en cuanto a la consumación, hemos dicho que por la doctrina se mantienen dos posturas contrapuestas.

  • Por una parte, se entiende que al exigir el delito de estafa un perjuicio patrimonial, dicho perjuicio no se produce hasta el momento en que el perjudicado se ve materialmente privado de parte de su patrimonio objeto del proceso fraudulento es decir, en el momento mismo en que se ejecuta la resolución judicial una vez que la misma ha adquirido firmeza.
  • Por el contrario, otra parte de la doctrina considera que el delito de estafa procesal se consuma en el momento en que se dicta la resolución judicial en primera instancia, puesto que la obligación que la misma conlleva incide ya de manera directa sobre el patrimonio con el consiguiente perjuicio.

Este último es el criterio seguido por la jurisprudencia de esta sala, al afirmar que el subtipo agravado de estafa se consuma cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, induciendo al Juez a dictar una resolución que de otro modo no hubiera dictado.

La peculiaridad de estas estafas radica, pues, en que el sujeto engañado es el titular del órgano jurisdiccional a quien por la maniobra procesal correspondiente se le induce a seguir un procedimiento y a dictar resoluciones que de otro modo no hubiera dictado.

El delito se consuma, pues, cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, sin que deba confundirse con el agotamiento del delito consistente en el efectivo y material perjuicio ocasionado por la maniobra fraudulenta.

En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos, puede producirse en grado de perfección imperfecta.

La tentativa está en la no consecución del error en la autoridad judicial porque ésta se aperciba del engaño bastante o porque, aun dándose el error, la resolución judicial dictada no es injusta.

Los presupuestos de la figura de estafa procesal, no concurren en el presente caso.

Infracción de Ley.- 

Se solicita por el recurrente, la infracción de Ley de conformidad con el artículo 849.1 LECrim , en relación con el artículo 458.2 CP , argumentando  que de los hechos probados se desprende la concurrencia de todos los elementos de dicho tipo penal.

Y ello porque considera que la conducta exigible en Derecho insistente en decir la verdad en el juicio en calidad de testigo, obligaría a “confesar” a quien previamente hubiera presentado una acusación y denuncia falsa.

El recurrente considera que junto al primer delito de acusación o denuncias falsas se produce posteriormente un segundo delito, el de falso testimonio cuando Gloria declara en calidad de testigo en sede judicial y en el juicio oral, tratando y desarrollando una sistemática actividad procesal para conseguir una condena penal de quien sabe inocente, falta a la verdad como testigo a sabiendas en perjuicio del reo, y por ello, debe condenarse a la acusada, también por un delito de falso testimonio previsto en el artículo 458.2 a la pena de dos años de prisión y 12 meses multa con cuota diaria de 12 euros.

Mantiene la Sala que, la desaprobación de una conducta descrita por la Ley y expresada en la pena que la misma Ley señala para esa conducta abarque el desvalor de otro comportamiento descrito y penado en otro precepto legal.

Siendo así en cuanto a la indicada relación entre los delitos de acusación y denuncia falsas y falso testimonio en causa criminal, parte de la doctrina considera que es de preferente aplicación el primero, toda vez que el delito de falso testimonio consiste en “faltar a la verdad” en tanto que los requisitos de tipicidad del artículo 456, además, es preciso que la declaración sea inculpatoria, esto es, debe producir el efecto de “imputar” a otra persona la comisión de un delito.

Y en otro orden de cosas, el denunciante suele ser llamado a declarar, bien ante el juez de instrucción y anteriormente en la vista oral.

Si declara con las mismas aseveraciones falsas que contiene la denuncia, este sector doctrinal entiende que el tipo aplicable sería el de acusación y denuncias falsas, porque esa reiteración en la imputación no daría lugar a la incoación de otra causa penal diferente, debiendo considerarse como un acto posterior impune. De hecho, el bien jurídico ya estaría lesionado y no produciría una nueva lesión.

Así quien imputa falsamente ante una autoridad judicial o administrativa la comisión de un delito contra una persona, está llevando a cabo implícitamente una descripción errónea de la realidad, más aún en el caso en que la denuncia aparece como víctima de los inexistentes hechos punibles, lo que produce que las declaraciones falsas que se prestan a continuación, incluso en el juicio oral, no pueden ser de nuevo valoradas como una infracción separada por tratarse de un mismo comportamiento, de manera que el precepto más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel, como nos indica el artículo 8.3 CP , lo menos queda absorbido en lo más en la progresión delictiva.

El falso testimonio posterior resulta, consecuencia ineludible de la denuncia falsa y porque sobre todo incide de manera especialmente reprochable en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico de una forma más intensa que el propio delito de denuncia falsa, pues si el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia se lesiona con la presentación de una denuncia-también el derecho al honor-más gravemente se lesiona o pone en peligro estos bienes jurídicos por quien con su proceder no se limita a poner en marcha un injustificado funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que comparece al acto del juicio oral, ya no como mero denunciante, sino como testigo, es decir, erigiéndose en un medio de prueba, muchas veces definitivo, en algunos delitos en que la declaración de la víctima adquiere singular importancia, para el posterior dictado de una sentencia condenatoria.

Si los bienes jurídicos del denunciado falsamente corren el riesgo de ser dañados ante una denuncia falsa, ese riesgo se acentúa más gravemente cuando se produce frente a aquel, ya en juicio oral, un falso testimonio.

Un nuevo argumento puede servir para rechazar la tesis del denunciado acto posterior impune, ya que de aceptarse la misma se haría de peor condición al mero autor de falso testimonio, (se le impondría la pena correspondiente a este delito), que al que además de cometer este hubiera dado lugar a la iniciación de la causa con la presentación de una denuncia falsa (se castigaría por la pena más benigna la del delito de denuncia falsa).

Consecuentemente resulta más adecuado la aplicación del criterio de alternatividad y castigar por el delito que tenga asignada mayor penalidad-en este caso el delito de falso testimonio en causa penal en contra del reo-.

Es cierto que el tipo penal de denuncia falsa no precisa para su consumación el posterior falso testimonio, de tal forma que si aplicáramos sólo aquel precepto estaríamos dejando fuera una parte del hecho histórico.

Igualmente, el tipo penal de falso testimonio no precisa la consumación de previa presentación a una denuncia falsa, con los mismos resultados indeseables.

Por tanto, cualquiera de las normas que se escogiera no permitiría subsumir en ellas enteramente el supuesto en conflicto.

Pero quien presenta una denuncia falsa que da lugar a la apertura del procedimiento penal y después comparece al acto del juicio oral, declarando falsamente como testigo no hace sino progresar en la lesión o puesta en peligro de los mismos o semejantes bienes jurídicos ya iniciada, completando o agravando la intensidad del ataque, circunstancias por las cuales únicamente debe ser penado como autor de un delito de falso testimonio en causa penal contra el reo, sin perjuicio de que a la hora de individualizar la pena puede tenerse en cuenta la denuncia falsa inicialmente presentada.

Criterio este recogido en la más reciente jurisprudencia de esta Sala, que en supuestos de concurrir sucesivamente un primer delito de acusación o denuncia falsa y posteriormente otro de falso testimonio, considera que;

en realidad se trata de un caso de progresión delictiva, presidido por el mismo dolo del sujeto que debe dar lugar a la calificación conforme al delito que sanciona más gravemente la conducta desplegada por el mismo que, es el falso testimonio previsto en el artículo 458.2 CP , primer inciso, darse en contra del reo en causa criminal por delito. La solución es equivalente a la de un concurso de normas.

Por lo tanto, tampoco tiene razón el recurrente cuando pretende la aplicación del delito más benigno, acusación y denuncia falsa.

En todo caso la propia progresión delictiva significa que ambos tipos penales son homogéneos“.

En base a lo razonado, el motivo debe ser estimado en este extremo.

FALLO:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Estimar el recurso interpuesto por D. Virgilio , (acusación particular), contra la Sentencia Nº 30/2017 , dictada el día 20 de abril de 2017, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS dicha resolución, declarando de oficio las costas de este recurso.

Comuníquese dicha resolución, a la mencionada Audiencia, con devolución de la causa en su día remitida.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

SEGUNDA SENTENCIA:

Fallo Segunda Sentencia:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, Sección Quinta de Madrid, de fecha 20 de abril 2017 , debemos condenar a Dª Gloria como autora responsable de un delito de falso testimonio en contra reo en causa criminal, a las penas de 1 año y 6 meses de prision y multa de 9 meses con cuota diaria 12 E, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago 1/4 costas penales causadas. Absolviéndola del delito de denuncia falsa por el que había sido condenada..

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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