GUARDA Y CUSTODIA. POSIBILIDAD DE CAMBIAR EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EL PROGENITOR QUE LA VIENE OSTENTANDO DE CONTINUAR CON UNA ACTITUD OBSTRUCCIONISTA A LA RELACIÓN DEL HIJO CON EL OTRO PROGENITOR. SENTENCIA DE AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA, SECCIÓN PRIEMRA DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017. PONENTE: RÁFOLS PÉREZ, IGNACIO JAVIER .

GUARDA Y CUSTODIA. POSIBILIDAD DE CAMBIAR EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EL PROGENITOR QUE LA VIENE OSTENTANDO DE CONTINUAR CON UNA ACTITUD OBSTRUCCIONISTA A LA RELACIÓN DEL HIJO CON EL OTRO PROGENITOR. SENTENCIA DE AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA, SECCIÓN PRIEMRA DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017. PONENTE: RÁFOLS PÉREZ, IGNACIO JAVIER.

Curiosa resolución de la Audiencia Provincial de Palencia, por la que se habilita al juzgado que conoce del procedimiento de adopción de medidas paterno-filiales para que en ejecución sentencia proceda a modificar el régimen de guarda y custodia si la madre no depone su actitud obstruccionista a la relación del menor con su padre.

El demandante había solicitado en modificación de medidas que se le atribuyera la guarda y custodia del hijo menor de las partes que ostenta la madre desde que se establecieran las medidas tras la quiebra familiar. La sentencia de instancia estima las pretensiones del demandante.

La modificación de circunstancia viene de la actitud de la madre, señalada por los informes técnicos, que evidencian una buscada implicación del menor en el conflicto interparental, influenciándole negativamente en su representación afectiva del padre y su entorno familiar, acompañado de un incumplimiento reiterado del régimen de visitas que ha impedido una relación normalizada con su padre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Por la representación de la demandada, Doña Sonia, y también del demandante Don Valentín, se interpone el oportuno recurso de apelación y de impugnación de la sentencia de fecha 19 de julio de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palencia, en la que, estimando la demanda de modificación de medidas adoptadas en el anterior proceso de divorcio, se acuerda atribuir al actor, Don Valentín, la guarda y custodia de su hijo Diego, manteniendo la patria potestad compartida a favor de ambos progenitores; al mismo tiempo, se establece un régimen de visitas supervisadas en favor de Doña Sonia, las cuales se llevarán a cabo todas las tardes de los sábados en el punto de encuentro familiar de Palencia; por último se desestima la petición de fijar una pensión de alimentos a cargo de Don Sonia, ante su carencia de recursos económicos.

En el recurso planteado por la demandada, se invoca, en primer lugar, la falta de competencia territorial del Juzgado, así como el “desequilibrio procesal” que se ha producido entre las partes, lo que, según el recurso, ha devenido en una reducción de las posibilidades de prueba, generándole indefensión al no poder hacer valer toda la prueba que consideraba necesaria.

En lo que respecta al fondo de lo discutido, cuestiona la decisión judicial de acordar el cambio en la guarda y custodia del hijo de los litigantes pues entiende que no atiende a una valoración global de la situación existente y, en especial, de las circunstancias actuales del menor. Por último, interesa la supresión o reducción del régimen de visitas establecido a favor del padre, así como un incremento en la cuantía de la pensión alimenticia que, en favor del hijo común, abona el demandante.

Por su parte, la impugnación que de la sentencia de instancia que plantea el actor se limita a cuestionar el hecho de que la misma no haya establecido pensión de alimentos a cargo de la demandada y a favor del hijo común, solicitando la confirmación en el resto de sus conclusiones, especialmente en lo que atañe al cambio de guarda y custodia del menor.

SEGUNDO.- .- Comenzando, como no podía ser de otra manera, por el recurso de la demandada, deben rechazarse con carácter previo los argumentos de carácter procesal que en él se plantean.

El Juzgado de instancia es plenamente competente para conocer del proceso de modificación de medidas que se propone en la demanda, conforme a lo dispuesto en el art. 769.3º LEC (EDL 2000/77463) : “En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores.

En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor”.

Estando el último domicilio común del matrimonio en el partido judicial de Palencia, debe afirmarse la competencia territorial del Juzgado que ha conocido de la demanda, pues el párrafo segundo del citado precepto se refiere al supuesto en que los progenitores residieran en partidos distintos al tiempo de promover el proceso inicial del que dimana la modificación ahora propuesta, debiendo entenderse que la competencia, desde ese momento, lo es del Juzgado del lugar en el que estuvo el último domicilio conyugal, criterio que, de forma más clara, también se acoge en el art. 769.1º LEC. (EDL 2000/77463) Es más, este criterio interpretativo ha sido avalado por la reforma que la Ley 42/2015, de 5 de octubre (EDL 2015/169101) , ha realizado del art. 775 LEC (EDL 2000/77463) que, en materia de modificación de medidas, atribuye la competencia al “tribunal que acordó las medidas definitivas” siempre que afecten a “hijos menores o incapacitados”.

Tampoco la supuesta infracción procesal referida a la prueba de la parte demandada puede estimarse dado que ningún impedimento a dicha actividad probatoria cabe apreciar en la tramitación del proceso.

El examen de las actuaciones revela que la recurrente pudo proponer y articular la prueba que consideró necesaria a sus intereses. Ningún obstáculo real cabe apreciar en dicha posibilidad.

Cuestión distinta es que dicha prueba fuese admisible, decisión que corresponde, en todo caso al Juez de instancia conforme a criterios de pertinencia.

En realidad, lo que sucede es que en el recurso se confunde la proposición de prueba con su admisión, pretendiendo que toda prueba propuesta sea admitida, por el mero hecho de haber sido propuesta.

Tal planteamiento es claramente equivocado e ignora que el derecho fundamental a la prueba, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes ( SS. TC. 168/1991 , 31/1995 , 1/1996 , 116/1997 , 190/1997 (EDJ 1997/7473) , 198/1997 , 205/1998 , 232/1998 , 96/2000) entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi ( S. TC. 26/2000) , y además que se presenten como útiles y relevantes para la decisión del litigio, siendo el Juzgador ordinario el que está facultado por la ley para, llevando a cabo tal juicio de pertinencia o de relación de la prueba propuesta con los hechos sobre los que verse el debate y que hayan de ser objeto de prueba, y de relevancia o utilidad de los medios de prueba articulados a dicho fin, declare la procedencia o improcedencia de los medios en cada caso articulados y acordar, en el primer supuesto, lo oportuno con relación a su práctica.

En definitiva, no cabe apreciar ninguna infracción procesal en materia de prueba, que por lo demás ha sido abundante, y, mucho menos, que haya existido indefensión alguna respecto de la recurrente quien ha gozado de todas las posibilidades para proponer prueba, al margen, claro está, de que la misma fuera pertinente.

TERCERO.– Entrando en el fondo de la cuestión principal discutida, la guarda y custodia del menor Diego (nacido el NUM000 de 2006), en la sentencia de instancia se considera que procede el cambio de titular de dicha guarda y custodia, pasando al padre demandante, por entender que se ha producido una alteración sustancial de circunstancias hasta entonces tenidas en cuenta.

Esta alteración vendría determinada por la situación actual en la que el niño no quiere participar de las visitas y estancias previstas con su padre, situación que los diversos informes técnicos consideran que ha sido originada por la actitud de la madre quien ha implicado al menor en el conflicto interparental, influenciándole negativamente en su representación afectiva del padre y de su entorno familiar, dando lugar todo ello a un incumplimiento reiterado del régimen de visitas, lo que ha impedido una relación normalizada del hijo con su padre, impedimento que, a juicio del Juez de instancia, solo puede superarse mediante el cambio de guarda y custodia en su favor, siguiendo así el criterio tanto de los técnicos del Equipo Psicosocial como del Ministerio Fiscal.

Frente a este pronunciamiento, considera la recurrente que la decisión judicial de atribuir la guarda y custodia al padre demandante es consecuencia de una visión parcial de la situación del menor, cuestionando las conclusiones expuestas en sus informes por el Equipo Psicosocial por considerarlo una apreciación parcial y puramente subjetiva, sin apoyo en pruebas o datos objetivos.

Además, en el recurso se sostiene que cambiar el régimen de guarda y custodia del niño implicaría una manifiesta alteración de su situación, lo que sería contraproducente para él dado que no tiene contacto con su padre desde hace tres años al tiempo que supondría un cambio radical en su entorno, lo que sería claramente perjudicial para el menor, como consta en el informe de la Psicólogo que ha realizado la pericia judicial.

Ciertamente, la decisión judicial está fundada no solo en los informes psicológicos sino también en la propia realidad de los hechos. Los sucesivos informes emitidos por el Punto de Encuentro Familiar de Bilbao evidencian unos incumplimientos reiterados del régimen de visitas que, fundamentalmente, solo pueden explicarse por la actitud de la madre, la cual se ha posicionado no solo contra quien fue su marido sino contra el derecho del hijo común a visitar y estar en compañía de su padre. No puede obviarse el hecho de que la hoy recurrente ha sido condenada penalmente, en al menos dos ocasiones, por incumplir el régimen de visitas.

Esta Audiencia, en el Auto 83/2015 de 30 de octubre, ya constató el incumplimiento por parte de la madre del régimen de visitas y cómo el rechazo afectivo del menor hacia su padre parecía sustentarse en motivos que no eran personales sino que obedecían a sentimientos y actitudes de la madre. Pero, ya con anterioridad, tal situación había sido puesta de relieve tanto por la sentencia del Juzgado de 22 de mayo de 2013 como por la de esta Audiencia de 21 de febrero de 2014.

En ambas se mantiene el régimen de custodia por la madre pero se amplía el régimen de comunicación y visitas del padre (aún más amplio en la de esta Audiencia que revoca en este punto la de instancia) precisamente en aras a proteger el derecho del menor a una relación normalizada con su padre, apuntándose en la sentencia de 22 de mayo de 2013 que de persistir la situación sería recomendable valorar la posibilidad de cambio en la custodia y ello porque la propia sentencia constataba que la madre implicaba al menor en el conflicto con su ex marido y en el incumplimiento del régimen de visitas.

En iguales términos se pronunciaron los técnicos del Equipo Psicosocial. Tanto en el informe de 20 de diciembre de 2012 (folios 61 y ss.) como en los más recientes de 4 de febrero de 2015 (folios 230 y ss.) y 4 de marzo de 2016 (folios 569 y ss.), se pone de relieve la actitud negativa de la madre en relación a las relaciones del niño con su padre y, si bien en el primero de dichos informes, atendiendo a la adaptación del menor a su entorno, se seguía considerando preferible la custodia por la madre pese a advertir que de persistir su actitud sería recomendable valorar la posibilidad de cambio de cuidador, lo cierto es que la persistencia de esas actitudes unido a la realidad que ha supuesto la negativa del menor a acompañar a su padre, ha determinado que los técnicos del Equipo Psicosocial se hayan terminado por inclinar por el cambio de custodia en favor del padre “como única forma de restablecimiento de las relaciones paternofiales”, (folio 234).

Si desde la perspectiva de los antecedentes del problema planteado, como de los informes antes aludidos, parece lógica la decisión judicial, apoyada por el Ministerio Fiscal, sin embargo, también debe valorar esta Sala el informe emitido por la psicóloga Sra. María Esther (folios 552 y ss.) quien pese a poner de manifiesto que “el menor ha sido perjudicado ante la pérdida de relación con su padre”, así como la influencia que la madre ha ejercido en tal situación, se inclina por mantener a la madre como cuidadora cotidiana, ampliando el régimen de vistas del padre con el fin de revertir la situación actual. Considera la perito que un cambio de cuidador cotidiano implicaría en el menor cambios sustanciales en su vida (escolar, social, familiar) así como una adaptación cuando menos dolorosa por las pérdidas que conlleva. A esta idea llega tras apreciar la conveniencia de mantener al menor en el entorno en el que ha crecido y donde ha desarrollado un sentimiento de pertenencia.

Precisamente, la existencia de perjuicios en el menor derivados del cambio en el titular de la custodia cotidiana también ha sido valorado por los técnicos del Equipo Psicosocial que, en sus conclusiones, admiten “que la medida propuesta supondrá a corto plazo dificultades de adaptación en el menor por lo que se valora la necesidad de que el progenitor cuente con el apoyo de los servicios sociales de la zona, y el menor con tratamiento especializado de salud mental” (folio 234).

Esta situación hace que nos planteemos si lo procedente es el cambio de custodia, extrayendo al menor de su entorno en el que está plenamente integrado pero beneficiando con ello la relación con su padre, con las ventajas que ello puede conllevar pero también con los perjuicios expuestos por lo que, sin duda, le va a suponer un cambio radical de vida, o bien, si lo aconsejable es mantenerle en la situación actual bajo la custodia materna, en el entorno social, escolar y familiar en el que está integrado, aun con el riesgo de que continúe la situación de falta de relación con su padre, con el perjuicio que ello le puede suponer para su desarrollo integral por la pérdida del referente paterno.

Esta dicotomía, siempre difícil de salvar, especialmente en una situación tan crispada como la presente (sobre todo por la actitud de la madre que parece no haber comprendido que los problemas derivados de la ruptura matrimonial no debe trasladarse a los hijos, los cuales han de seguir, para su propio beneficio, relacionándose con su padre y su familia paterna, teniendo derecho a su propia vida), nos hace recordar que, en esta materia, ha de partirse de una idea esencial, que las decisiones que se adopten han de estar presidida por el principio del beneficio o interés superior del menor sobre cualquier interés legítimo que pueda concurrir.

Así resulta de la legislación tanto interna ( art. 159 C. Civil y art. 2 Ley protección jurídica del menor), como internacional (art. 9.3 de la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (EDL 1990/15270) , ratificada por España el 30 de noviembre de 1990), y ha sido ratificado por la jurisprudencia al señalar que “el interés del menor constituye principio inspirador de todo lo relacionado con él y vincula al Juzgador, a todos los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a su edad y circunstancias, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando que pueda ser manipulado y buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social”, ( SS. TS. 17 de septiembre de 1996 y 12 de julio de 2004).

En definitiva, al adoptar decisiones que afecten a los menores estamos obligados a valorar aquellos datos y circunstancias que revelen su real interés, no el de cualquiera de sus progenitores, pues ese interés es el que, sin duda, debe ser preferentemente tutelado tal como establece el art. 92 CC (EDL 1889/1) .

Precisamente, en el presente caso, ese interés del menor nos lleva a considerar que lo más adecuado para él, en este momento, es continuar bajo la custodia cotidiana de su madre.

El niño tiene diez años, se encuentra, por tanto, en una etapa incipiente de su desarrollo, plenamente insertado en su medio escolar, social y familiar. Trasladarlo en esta situación a otra localidad, a otro medio, con unas personas con las que ha perdido el contacto en los últimos tres años, no parece que sea, a juicio de esta Sala, una solución positiva para él.

El sufrimiento que puede causársele, unido a la sensación de castigo por algo que no es de su responsabilidad, puede suponerle un trauma de consecuencias difíciles de prever, máxime teniendo en cuenta el grado de unión a su madre y a la familia materna. Buena prueba de ello es la recomendación que el Equipo Psicosocial hace de someterle a tratamiento en los servicios de salud mental.

Es verdad que se corre el riesgo de ruptura definitiva en la relación con su padre, pero tal riesgo puede neutralizarse con un amplio régimen de visitas y estancias con su padre y la estricta advertencia a la madre de que un mantenimiento de la situación existente hasta ahora necesariamente habrá de suponer el cambio radical en la titularidad de la custodia cotidiana, cualesquiera que sean sus consecuencias.

Nos encontramos ante la última oportunidad para mantener el sistema de custodia materna, sistema que deberá sin sustituido por el de custodia paterna de persistir los incumplimientos en el régimen de visitas y estancias del menor con su padre, pudiendo el Juzgado que conoce del procedimiento adoptar las decisiones oportunas en ejecución de esta resolución, conforme a la posibilidad que establece el art. 776.3 LEC. (EDL 2000/77463)

Por todo ello, habiéndose ponderado adecuadamente cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo de las facultades intelectuales, afectivas y volitivas del menor, así como la atención que puedan prestarle tanto en el orden material como afectivo cada uno de los progenitores y considerando que el beneficio actual del menor, en cuanto a custodia se refiere, está en mantenerle en el entorno que ha sido adecuado hasta ahora (así lo evidencian los informes psicológicos y los escolares), esta Sala considera que debe estimarse en este punto el recurso de apelación interpuesto por Doña Sonia y, revocando la sentencia de instancia, procede acordar el mantenimiento del menor Diego bajo la custodia y guarda cotidiana de su madre, la citada recurrente.

CUARTO.- Ahora bien, sentado lo anterior, también hemos de acoger otra de las soluciones propuesta por la Psicóloga que ha intervenido como perito judicial, la ampliación en el régimen de visitas y estancias del menor con su padre. Ampliación que ha de serlo en los términos que propone y aun más: un incremento aproximado del 75% de los tiempos de estancia vacacional y mayores facilidades de comunicación y estancia del padre con su hijo.

En consecuencia, ya desde ahora debemos rechazar la pretensión deducida en el recurso por Doña Sonia dirigida a suprimir o suspender el derecho del padre a visitar y estar con su hijo, pues precisamente todos los informes apuntan a lo contrario, la necesidad de incrementar las relaciones padre-hijo.

Esperamos que esta ampliación, que debe ser observada de forma rigurosa por la madre hoy recurrente, permita normalizar la relación padre-hijo, haciéndolo de forma progresiva y así evitar el riesgo de pérdida de contacto que puede suponer una situación como la que se ha venido produciendo hasta hora.

Al mismo tiempo, consideramos que dada la edad del menor y el tiempo trascurrido desde el fin de la relación matrimonial, se hace necesario normalizar ya los procesos de entrega del niño, superando la necesidad de llevarlos a cabo en los Puntos de Encuentro, y pasando a una entrega directa bien al finalizar la clase semanal bien en el domicilio de residencia del menor a elección del padre.

En definitiva, con comienzo el 1 de septiembre de 2017, procede establecer un régimen de visitas y estancia del padre con el menor que será el siguiente:

– Un fin de semana de cada dos, comenzando el viernes por la tarde, pasando el padre a recoger al menor bien en su domicilio bien en el colegio a la finalización del horario lectivo, a elección del padre y previa comunicación a la madre por vía telefónica o mediante correo postal o electrónico, que previamente será comunicado por la madre al padre, tanto del lugar como de la hora de recogida que nunca será superior a las 21 horas. El niño será devuelto al domicilio en el que convive con su madre en la tarde del domingo y no más allá de las 20 horas.

– En el supuesto en que el fin de semana coincida en puente por ser festivo el lunes o el viernes, o en puente escolar por ser festivo el martes o el jueves, cada progenitor disfrutará de la estancia con su hijo durante todo el periodo festivo que sea consecuencia de dichas fiestas.

– El padre, a su entera elección, podrá visitar dos tardes a la semana a su hijo (de lunes a jueves), teniéndolo en su compañía desde el fin del horario escolar o desde las 16 horas si no fuera día lectivo, hasta las 19 horas. Bastará a estos efectos que lo comunique con dos días de antelación, por cualquier vía, a la madre o a alguno de sus familiares directos.

– Así mismo, el padre y los abuelos paternos podrán comunicar con su hijo y nieto, libremente, cualquier día de la semana, ya sea por vía telefónica o por cualquier otro medio de telecomunicación o postal. El único límite será el del horario escolar y aquel en que se encuentre realizando actividades extraescolares, siempre debidamente acreditadas.

– Las vacaciones de Navidad se dividirán por mitad en dos periodos, desde el inicio de las vacaciones escolares hasta el día 30 de diciembre y desde esta fecha, en que se producirá el cambio, hasta el día anterior al de regreso al colegio. El padre elegirá el periodo en los años pares y la madre en los impares.

– La estancia durante las vacaciones de Semana Santa se atribuye, por completo, al padre, quien recogerá a su hijo en la tarde del día en que comiencen las vacaciones escolares y lo reintegrará en el día previo al comienzo de las clases.

– Las vacaciones de verano se dividirán en dos periodos computados entre el día siguiente a las vacaciones escolares y el día anterior al comienzo del curso escolar. El primero será de cincuenta días y corresponderá al padre de forma continuada. El tiempo restante corresponderá a la madre también de forma continuada. El padre elegirá el concreto periodo temporal de la estancia en los años pares y la madre en los impares, comenzando y finalizando siempre en las fechas referidas.

– En estos periodos vacacionales, la entrega del niño al progenitor no custodio como su regreso al custodio se producirá en los mismos términos antes expuestos para los fines de semana.

– La madre se asegurará de proporcionar al niño cuando haya de irse con su padre los objetos personales (vestido, calzado, medicinas, etc.) que precise de forma ordinaria, debiendo el padre reintegrarlos una vez finalice el periodo de visita o estancia.

El resto de cuestiones concretas que puedan plantearse podrán ser resueltas por el Juzgado por vía de ejecución, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en que se adopta el régimen expuesto y la necesaria vinculación de la madre a su cumplimiento.

QUINTO.- Sentado cuanto antecede, los motivos del recurso de Doña Sonia referidos a la vivienda y a supresión o suspensión del régimen de visitas del padre, se desestiman pues carecen de objeto, lo que también sucede con el motivo de impugnación formulado por Don Valentín y que tenía por fin la imposición de una pensión de alimentos a favor de su hijo y a cargo de la madre.

Lógicamente, al desaparecer en estos casos los presupuestos en que se asentaban dichas peticiones, desaparece su objeto.

Quedaría únicamente la petición que realiza Doña Sonia para que se incremente hasta los 300 euros la pensión de 200 euros que en concepto de alimentos en favor de su hijo debe abonar el padre.

Lo que ocurre es que no existe dato alguno que permita afirmar que haya existido una variación de circunstancias que permita afirmar la existencia de un cambio sustancial que justifique el incremento pedido. Ni por vía de las necesidades del menor ni por vía de los ingresos del padre, tal petición está justificada, pues ni aquéllas ni éstos han variado de forma tal que se justifique el incremento pedido.

Es más. Con el nuevo sistema de visitas y estancia, el tiempo que pasará el padre con el niño será mayor y, por tanto, mayor el coste que deberá atender de las necesidades primarias del menor.

SEXTO.- Por último, en garantía del cumplimiento de cuanto ha sido establecido, se acuerda que dentro de seis meses debe elaborarse por el Equipo Técnico Psicosocial de esta ciudad un informe acerca del grado de cumplimiento del régimen establecido.

Si el Juez de instancia considerase que procede realizar periódicos informes así podrá acordarlo en ejecución de lo acordado en esta resolución. Todo ello a fin poder hacer efectivo, si procediera, lo dispuesto en el art. 776.3º LEC (EDL 2000/77463)cuando dispone que “el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el tribunal del régimen de guarda y visitas”.

SÉPTIMO.- Debe, por todo lo expuesto, estimarse parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia recurrida en el sentido indicado, con desestimación de la impugnación planteada por la parte actora; sin hacer imposición de las costas causadas, tanto porque el recurso principal ha alcanzado éxito como, respecto de la impugnación, en aplicación de la doctrina de la Sala acerca de que la especial naturaleza de la cuestión debatida justifica tal pronunciamiento de no imposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 398, en relación con el artículo 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, estimando solo en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Sonia, y desestimando la impugnación formulada por Don Valentín, contra la sentencia dictada el día 19 de julio de 2016, por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palencia, en los autos de que este Rollo de Sala dimana, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, en el sentido de dejar sin efecto el cambio de titular de la guarda y custodia cotidiana del menor Diego, así como el resto de determinaciones consecuencia de tal pronunciamiento, y, en su lugar, acordamos mantener el régimen de custodia materna que hasta ahora se venía siguiendo, si bien, con la ampliación del régimen de visitas y estancia del padre con su hijo que se expresa en el Fundamento Cuarto de esta resolución y con los términos, condiciones y advertencias que en él y en el Fundamento que le precede se acuerdan.

Todo ello, sin hacer imposición de las costas de la presente alzada a ninguna de las partes recurrentes.