EFECTOS PATRIMONIALES: ORGANIZACION ECONOMICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. SISTEMA ADOPTADO POR EL CODIGO CIVIL. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL. EXAMEN ESPECIAL DE LOS ARTICULOS 1.322 Y 1.324 DEL CC I. EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO.-

EFECTOS PATRIMONIALES: ORGANIZACION ECONOMICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. SISTEMA ADOPTADO POR EL CODIGO CIVIL. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL. EXAMEN ESPECIAL DE LOS ARTICULOS 1.322 Y 1.324 DEL CC

I. EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO.-

El matrimonio es una institución compleja que determina un conjunto de derechos y obligaciones que se refieren, unos a la vida común de los cónyuges (efectos personales), otros a la vertiente económica (efectos patrimoniales).

Respecto de los efectos patrimoniales, podemos advertir que están regulados por un conjunto de normas que regulan tales efectos, lo que se viene a denominar, “regimen económico matrimonial”.

En tal sentido podemos decir, que suponen “el conjunto disposiciones que regulan los intereses pecuniarios o económicos que derivan del matrimonio, ya en las relaciones de los cónyuges entre sí, y con respecto a terceros”.

Por ello se pueden advertir cierta clasificación de los regímenes económicos matrimoniales:

A. Por razón de su origen.-

1. Sistema convencional puro: aquel que se abstiene de regular forma alguna de régimen económico matrimonial, rigiendo por tanto el que libremente determinen los cónyuges.

2. Convencional con régimen legal supletorio: será aquel adoptado en la mayoría de las legislaciones, entre ellas la nuestra, ya que asegura la existencia de un régimen económico matrimonial incluso en defecto de pacto

3. Convencional a elegir dentro de un numerus clausus legal: es el vigente en Alemania donde es regimen legal supletorio el de participación y pueden ser pactados el de comunidad de bienes y el de separación de bienes.

4. Legal único: consiste en el establecimiento por la ley de un REM único, obligatorio y general.

B. Por sus efectos.-

1. Sistema de unidad o absorción: El marido se hace dueño de todos los bienes de la mujer. Propio del D. Romano primitivo.

2. Sistemas de comunidad: aquel en que se forma una masa común con la totalidad o parte de los bienes de los cónyuges, cuyas rentas son afectadas al levantamiento de las cargas familiares y que, a la disolución de la comunidad, se reparte entre los cónyuges o sus herederos. Podemos distinguir:

1º- Comunidad universal; se hacen comunes todos los bienes de los esposos, presentes y futuros, muebles e inmuebles, adquiridos a título oneroso o gratuito, por uno o por ambos. Es aplicable en territorios donde rige el Fuero de Baylío y constituye el regimen legal en Vizcaya cuando el matrimonio se disuelve con hijos.
2º- Comunidad particular o limitada: La masa común está integrada únicamente por ciertos elementos patrimoniales:

· Comunidad de ganancias y adquisiciones a título oneroso: la masa común comprende las adquisiciones a título oneroso, las rentas y frutos de todos los bienes y los adquirido por los conyuges con su industria o trabajo. Es el regímen legal supletorio en Dº Común bajo el nombre de sociedad de gananciales, en Navarra bajo el nombre de regimen de conquistas y en Aragón bajo el nombre de consorcio conyugal.

· Comunidad de bienes futuros: se aportan todos los bienes adquiridos por cualquier título con posterioridad al matrimonio.

· Comunidad de muebles: se hacen comunes todos los bienes muebles,aunque se hayan adquirido lucrativamente, quedando en propiedad separada los inmuebles.

3. Sistemas de separación: Cada cónyuge conserva la titularidad de sus propios bienes. Variantes:
1ª Comunidad de administración. Se atribuye al marido la administración y el goce de los bienes de la mujer.

2ª Sistema dotal. Se transfiere al marido la administración y el goce de los bienes que constituyan la dote para aplicar sus frutos ad onera sustinendii matrimonii, y restituirlos al final del matrimonio (Dº Romano clásico).

3ª Sistema de separación absoluta; los cónyuges mantienen separados no sólo la propiedad de los bienes, sino también su goce o administración. Es el régimen legal supletorio en Cataluña, Baleares y también, tras la Ley 20 marzo 2007, en la Comunidad Valenciana.
4. Sistema de participación. En éste sistema cada cónyuge tiene el dominio, disfrute, administración y libre disposición de sus bienes, pero al extinguirse el régimen el cónyuge que menos ganancias haya obtenido ostenta un derecho de participación en las ganancias del otro.

Nuestro Código Civil en su redacción originaria estableció un sistema convencional con la sociedad de gananciales como régimen legal supletorio de primer grado y el régimen dotal como supletorio de segundo grado. Tras la reforma operada por Ley de 13 de mayo de 1981 se mantiene el sistema convencional con la sociedad de gananciales como régimen legal supletorio de primer grado. Así se deduce de los artículos 1315 y 1316.

El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código.  A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales.

En la reforma acaecida en 1981, además de regular detalladamente el reg. de gananciales, contiene como novedades significativas:

1- La supresión del régimen dotal.

La doctrina discute si se puede, y más aun, en que términos se puede pactar un reg. de dote dentro de capitulaciones sin que ello llegue a limitar la igualdad de derecho que corresponde a cada cónyuge a que se refiere el art 1328

2- La introducción del régimen de participación, regulado en los artículos1411 a 1434.

3- Una regulación amplia del régimen de separación, regulado en los artículos 1435 a 1444, adquiere el carácter de régimen supletorio de segundo grado. En concreto dice el artículo 1435, que existirá entre los cónyuges separación de bienes:

1. Cuando así lo hubiesen convenido.

2. Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por que hayan de regirse sus bienes.

3. Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto.

El régimen económico matrimonial y su regulación en el Código Civil.-

El Código Civil dedica a la regulación del régimen económico matrimonial, en el Titulo III Libro IV.
Dentro de él, el Capítulo I, más concretamente en los artículos 1317 a1324, se recogen una serie de disposiciones generales aplicables en todo caso, con independencia del régimen económico matrimonial aplicable al matrimonio.

1. Mutabilidad del régimen económico matrimonial y terceros.-

“La modificación del régimen económico matrimonial realizado durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros”, regulado en el artículo 1317.

La doctrina discute el alcance de este precepto:

Existe el peligro de que la modificación del régimen económico matrimonial constante el matrimonio sirva a los cónyuges de medio para defraudar a los acreedores. En concreto, son frecuentes los capítulos en que los cónyuges pactan la separación de bienes y liquidan la sociedad de gananciales, adjudicándose los inmuebles al cónyuge deudor. En principio con arreglo al artículo 1401 del Código Civil, los bienes gananciales responden de las deudas gananciales aún después de liquidada la sociedad de gananciales.

El problema que planteaba la aplicación del artículo 1401 CC, como es objeto de análisis detallado en el tema correspondiente de hipotecario, es que los principios registrales de legitimación y tracto sucesivo hacían imposible anotar el embargo sobre inmuebles adjudicados al cónyuge no deudor, único titular registral, de no haber sido demandado.

Este escollo ha quedado resuelto tras la reforma del RH operada por RD 4 septiembre de 1998 pues ahora dispone el artículo 144.4 párrafo 2º RH:
“Cuando constare en el Registro su liquidación, el embargo será anotable si el bien ha sido adjudicado al cónyuge contra el que se dirige la demanda o la ejecución, o del mandamiento resulta la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y consta la notificación del embargo al cónyuge titular, antes del otorgamiento de aquélla.”

2.- El levantamiento de las cargas del matrimonio y litis expensas.

De dicha cuestión se encarga el artículo1318, así dispone que; “Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”.

Cuando uno de los cónyuges incumpliere su deber de contribuir al levantamiento de estas cargas, el Juez, a instancia del otro, dictará las medidas cautelares que estime conveniente a fin de asegurar su cumplimiento y los anticipos necesarios o proveer a las necesidades futuras.

Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil la obtención del beneficio de justicia gratuita.

Al concepto de cargas se refiere el artículo 1362, apartado primero del Código Civil que considera tales el sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes o de uno de los cónyuges cuando conviva en el hogar familiar y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia.

El deber de contribuir es inderogable, si bien puede pactarse un modo de distribución de la responsabilidad entre los patrimonios, con la limitación de la igualdad de derechos del artículo 1328 CC.

En caso de falta de pacto, la doctrina considera aplicable el criterio del artículo 1438 del Código Civil, y se estará a la proporcionalidad en relación con los recursos de cada cónyuge.

3. La potestad doméstica.

Regulada en el artículo 1319, Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma.

De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.

El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial

Este precepto se refiere al ejercicio de la potestad doméstica y suscita los siguientes comentarios:

– El termino “familia” suscita la idea de comunidad de vida. Por eso, desaparece la potestad doméstica cuando se admite la demanda de separación (art 102CC), y aun antes, cuando viven separados de hecho.

– No es una norma de contribución (a eso se refiere el art 1318CC) sino que trata de cuestiones de responsabilidad, aplicable a cualquier régimen económico matrimonial porque es norma protectora del trafico jurídico. Si bien cabe una distribución interna de competencias entre los cónyuges, no se priva de legitimación frente a tercero a ninguno delos cónyuges. El tercero siempre puede confiar en la legitimación de cada cónyuge para comprometer los bienes comunes y los del otro cónyuge cuando externamente es un acto adecuado para atender a las necesidades ordinarias de la familia.

Si internamente es un acto extralimitado, será una cuestión que se ventile en la relación interna.

– Aunque el artículo habla de “solidaridad” no hay pluralidad de deudores, el único deudor es el que realiza el acto, sino pluralidad de masas vinculadas a la responsabilidad derivada del acto celebrado por cualquiera de los cónyuges. Naturalmente, si el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, al no existir bienes comunes responderá el patrimonio del cónyuge deudor y subsidiariamente el del otro cónyuge.
Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial, así lo dispone el artículo 1320
La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.
Conviene hacer una serie de consideraciones en relación con este artículo:

– Habla de “disponer”, pero se aplicará a los actos de enajenación, gravamen o renuncia tanto del dominio como de los demás derechos reales o personales sobre bienes citados Inter vivos pero no a las disposiciones mortis causa ni a los actos procesales .

Es discutido si debe aplicarse cuando el cónyuge titular enajena la nuda propiedad conservando el usufructo para él y su familia pudiendo sostenerse la no aplicación si es un usufructo a favor de ambos cónyuges con carácter sucesivo.

– El consentimiento del no titular exigido NO es un consentimiento contractual es más bien un asentimiento-control, es decir, una declaración de voluntad de conformidad con un negocio jurídico ajeno, pero no le vinculan las consecuencias jurídicas del contrato. La D.G., en Resolución de 25 abril de 2005, ha admitido un asentimiento tácito.

– Se refiere a “viviendas”, entendiendose aquella en la que se desarrolla la convivencia familiar, si bien incluiría los locales mixtos (dedicados a uso profesional y vivienda).

– Debe ser “habitual”, quedando excluidas, en principio, las viviendas de temporada, residencias veraniegas o fincas de recreo y según la D.G.R.N. la cuota indivisa sobre una vivienda.

– Cuando habla de “muebles” se refiere al mobiliario o ajuar familiar, excluyéndose los automóviles, alhajas, objetos artísticos e históricos y los de extraordinario valor. Y son los de uso indistinto de todos los miembros de la familia, no los de uso exclusivamente personal. Además debe referirse, al acto dispositivo relativo al conjunto del mobiliario o a la mayor parte, no a elementos aislados.

– En caso de infracción, se deberá esta a lo dispuesto en el artículo 1320 del Código Civil. Hipotecariamente este artículo tiene su corolario en el artículo 91.1 del Reglamento Hipotecario para cuyo estudio nos remitimos al tema correspondiente de dicha materia.

En caso de fallecimiento uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin computárselo en su haber, según determina el artículo 1321.
No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor.
Este precepto contiene el reconocimiento de las denominadas “aventajas” con origen en el derecho aragonés o derechos de supervivencia, que debe completarse con lo que disponen los art 1406.1 y 4 y el art 1346.7CC.

Aunque de naturaleza discutida, algunos hablan de un legado legal, para la mayoría se considera como un derecho de familia que deriva del vínculo matrimonial pero que nace como consecuencia de la muerte del otro cónyuge, cuyo carácter personalísimo.

Se trata de una adquisición automática, por ministerio de la ley, que no se aplica en los casos de separación judicial y que, en casos de separación de hecho, dependerá de la subsistencia o no del carácter familiar de la vivienda.

Es una norma imperativa, inderogable por pacto, si bien modalizable en capitulaciones matrimoniales (ej. Entregar al sobreviviente una cantidad dineraria en vez de los bienes)

Estos bienes no se consideran parte de la herencia, no se computan en la liquidación (en su caso) de la sociedad de gananciales ni en la cuota que corresponde al sobreviviente en la herencia del premuerto.

Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.
Al amparo de este precepto se admiten hoy las donaciones entre cónyuges y las compraventas, también posibles al amparo del artículo 1458.

Además, en esta libertad de contratación entre cónyuges del artículo 1323, en sede de gananciales, permitir el desplazamiento del patrimonio ganancial al privativo y viceversa siempre que exista una justa causa y así se expresan, las resoluciones de la D.G.R.N. de 25 de sept. 1990 , 7 y 26 de Oct.1992 , 28 Mayo 1996 y la mas reciente de 30 Dic. 1999.

En este ámbito es muy conocida la Resolución D.G.R.N. de 2 Febrero de 1983, que permite la adquisición por uno solo de los cónyuges de bienes concretos gananciales, cuando se acredita la naturaleza privativa de la contraprestación, sin que haya autocontrato prohibido por no existir conflicto de intereses. Lo que no se admite es la compraventa de una hipotética participación de uno de los cónyuges en un bien ganancial porque no existen cuotas y falta la necesaria concreción del objeto de la compraventa.

Cuando la Ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. Así lo dispone el artículo 1322.
No obstante, serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta, en tales casos, el consentimiento del otro cónyuge.
Son supuestos de aplicación en éstos casos de los artículos 1320, 1377 y 1378 del Código Civil.
A los meros efectos de probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges.

A pesar del tenor literal la D.G. en Resolución 27 junio 2003 declara que la confesión de privaticidad no es un acto personalísimo y puede realizarse por los herederos del confesor.

2) TIEMPO: Lo normal es que se produzca al tiempo de la adquisición del bien, afirmando el confesante que el dinero empleado es privativo del comprador, pero nada impide que se realice con posterioridad, pues al art 95.6 RH “La justificación o confesión de la privacidad hechas con posterioridad a la inscripción es harán constar por nota marginal .”

3) EFECTOS.-

a) Entre conyuges:

La confesión es plenamente eficaz, igual que para los herederos no legitimarios que quedan vinculados por los actos de su causante. Durante la vigencia de la sociedad de gananciales el conyuge a cuyo favor se realice la confesión podrá realizar por si solo actos de administración y disposición sobre los bienes, los cuales serán inscribibles (art 95.4RH). Pero tras el fallecimiento del confesante este mismo articulo exige para inscribir los actos dispositivos el consentimiento de los herederos forzosos del confesante, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de la partición de la herencia.

b) Frente a 3º:

1- LEGITIMARIOS: solamente podrán desconocer la confesión si resultan perjudicados en sus legítimas.
2- ACREEDORES:
Se refiere el artículo a aquellos cuyos créditos sean anteriores a la confesión. Habrá perjuicio cuando los bienes del conyuge deudor y los comunes son insuficientes para cumplir las obligaciones.